MADRID.- La Cumbre Social, integrada por las principales centrales sindicales
españolas y 150 organizaciones, advirtió hoy que el tratado de libre
comercio de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos supone la degradación
laboral, alimentaria y sanitaria.
Un comunicado
emitido al término de una reunión en Madrid, denuncia que las
negociaciones del acuerdo de Estados Unidos y la UE se realizan sin
interlocutores sociales, ni informes de impacto sobre empleo ni
condiciones de trabajo.
Según la valoración, el proyectado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones busca no tanto la eliminación de aranceles como la supresión de regulaciones y afectará a más de 800 millones de consumidores.
De acuerdo con esa valoración, el tratado provocará el recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.
Alerta que también supone un choque frontal con la democracia pues se pretende establecer un mecanismo de solución de controversias basado en tribunales especiales sin territorio fijo, donde tres abogados privados decidirán los conflictos.
Varias de las regulaciones previstas, agrega, son contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tendrán impactos sobre las reglas de seguridad alimentaria, lo que causará problemas de salud.
El proyecto de tratado, alerta la Cumbre Social, supone la desregulación de los mercados, mayor privatización de los servicios públicos, liberalización de los servicios financieros y menor control de los capitales.
Con esos argumentos la agrupación rechaza el tratado y demanda revisar el régimen de comercio para establecer un modelo con más democracia, cooperación, participación ciudadana, derechos humanos, justicia social, igualdad y sostenibilidad.
La cumbre también llamó a la población participar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo para contribuir a cambiar la orientación de las políticas europeas, con el respaldo a las fuerzas con planteamientos progresistas.
Según la valoración, el proyectado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones busca no tanto la eliminación de aranceles como la supresión de regulaciones y afectará a más de 800 millones de consumidores.
De acuerdo con esa valoración, el tratado provocará el recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.
Alerta que también supone un choque frontal con la democracia pues se pretende establecer un mecanismo de solución de controversias basado en tribunales especiales sin territorio fijo, donde tres abogados privados decidirán los conflictos.
Varias de las regulaciones previstas, agrega, son contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tendrán impactos sobre las reglas de seguridad alimentaria, lo que causará problemas de salud.
El proyecto de tratado, alerta la Cumbre Social, supone la desregulación de los mercados, mayor privatización de los servicios públicos, liberalización de los servicios financieros y menor control de los capitales.
Con esos argumentos la agrupación rechaza el tratado y demanda revisar el régimen de comercio para establecer un modelo con más democracia, cooperación, participación ciudadana, derechos humanos, justicia social, igualdad y sostenibilidad.
La cumbre también llamó a la población participar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo para contribuir a cambiar la orientación de las políticas europeas, con el respaldo a las fuerzas con planteamientos progresistas.
