ROMA.- Nueve países de la Unión Europa liderados por Italia y Dinamarca han suscrito un llamamiento conjunto para reformar la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que cuestionan la “interpretación” que hace de ella el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), especialmente en el ámbito de las políticas migratorias.
Austria, Bélgica, Polonia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania secundan lo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha calificado este viernes como una carta “clara y valiente”, bajo la premisa de que “defender los derechos también significa defender la seguridad”.
“Lideramos sociedades que protegen los Derechos Humanos, pero con demasiada frecuencia la Convención Europea de Derechos Humanos se interpreta de un modo que impide a los Estados expulsar a criminales extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptarlo”, ha denunciado Meloni en redes sociales.
Los líderes firmantes, que se reivindican como representantes de “familias políticas diferentes”, piden comenzar a debatir hasta qué punto los tratados internacionales en vigor “encajan” con los “desafíos” de hoy, en particular la migración.
“Ahora vivimos en un mundo globalizado en el que los migrantes cruzan fronteras en un nivel completamente diferente”, alegan.
Estos nueve países inciden en que hay migrantes que “han elegido no integrarse” y que suponen un riesgo para la seguridad; una “minoría”, añaden, que perjudica la estabilidad social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Ante este reto, consideran que se han dado algunos pasos “en la dirección correcta”, como por ejemplo el endurecimiento de las medidas migratorias, pero entienden que el TEDH “en algunos casos” se ha excedido a la hora de valorar las “intenciones originales” de la Convención para adoptar determinadas sentencias y limitar “decisiones políticas”.
“Hemos visto casos relativos a la expulsión de criminales extranjeros en los que la interpretación de la Convención ha protegido a las personas equivocadas y supuesto muchas limitaciones sobre la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsa de sus territorios”, reza el texto.
Por ello, los nueve gobiernos reclaman más margen para adoptar este tipo de expulsiones sin temor a futuras trabas judiciales, vigilar a personas potencialmente peligrosas que no pueden ser deportados o responder a los “países hostiles” dispuestos a “instrumentalizar” los flujos migratorios.
Sustancia de la reclamación
"Queremos abrir el debate público sobre algunas convenciones europeas y la capacidad que tienen hoy, tras varios décadas de su firma, de afrontar los grandes temas de nuestro tiempo, partiendo de la inmigración", explicó en una rueda de prensa la primera ministra Giorgia Meloni, acompañada por su homóloga danesa, Mette Frederiksen
Meloni explicó que el objetivo de esta iniciativa "no es debilitar las convenciones europeas o los valores que las encarnan sino reforzarlas" para "hacerlas más capaces para responder a los problemas" que deben gestionar.
La mandataria italiana citó como "ejemplo" la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma en 1953 y cuya aplicación, reprochó, en ocasiones ha impedido expulsar a inmigrantes "manchados con delitos graves".
"Ante interpretaciones así, debemos preguntarnos si los textos a los que hacemos referencia son efectivamente capaces de responder a los exigencias de los ciudadanos y a los valores que queremos defender", cuestionó la política ultraderechista italiana.
A su lado, Frederiksen, líder del Partido Socialdemócrata danés, le dio "toda la razón" y aseguró que, pese a las distancias ideológicas, aspiran a "dar mayor seguridad a los europeos".
"No podemos garantizar la seguridad de nuestros pueblos y de Europa si no controlamos nuestras fronteras exteriores", afirmó la política danesa, que subrayó la urgencia de abordar una "inmigración descontrolada" a nivel comunitario.
La carta ya ha sido firmada, además de por Meloni y Frederiksen, por el canciller de Austria, Christian Stocker, y por los primeros ministros de Chequia, Petr Fiala; de Letonia, Evika Silina; de Polonia, Donald Tusk; de Bélgica, Bar De Wever; de Estonia, Kristen Michal y por el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. "Queremos abrir una reflexión seria y valiente", resumió Meloni.
En la misiva, difundida tras la rueda de prensa, los firmantes aseguran representar a "sociedades que protegen los Derechos Humanos" pero defienden la reforma de estas convenciones fundacionales porque, aseveran, "el mundo ha cambiado".
"En las últimas décadas la migración irregular ha representado significativamente en Europa. Muchos llegaron por vías legales. Han aprendido nuestras lenguas, creen en la democracia, contribuyen a nuestras sociedades y han decidido integrarse en nuestra cultura. Otros han llegado y han optado por no integrarse, aislándose en sociedades paralelas y distanciándose de nuestros valores fundamentales de igualdad, democracia y libertad", avisan.
Por eso, Italia, Dinamarca y el resto de firmantes creen que los países "deberían tener más margen" para decretar la expulsión de ciudadanos extranjeros culpables de delitos graves, violentos o relacionados con el narcotráfico.
"Necesitamos más libertad para decidir cómo nuestras autoridades pueden rastrear, por ejemplo, a los criminales extranjeros que no pueden ser deportados de nuestros territorios (...) Necesitamos ser capaces de adoptar medidas hostiles y efectivas para contrarrestar a los Estados que intentan utilizar nuestros valores y derechos contra nosotros. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras", apelan.
Meloni espera en las próximas semanas el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los centros para inmigrantes que ha construido en territorio de Albania, que no han podido funcionar aún plenamente por la negativa de los jueces italianos a convalidar el arresto en ellos.
