WASHINGTON.- Como parte de su amplia agenda migratoria, el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida
orden ejecutiva el mismo día en el que tomó posesión para poner fin a la
ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución que
encara ahora un largo camino en los tribunales.
La
Decimocuarta Enmienda de 1868 --que establece que "todas las personas
nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción,
son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen"-- solo
puede ser modificada si los cambios son aprobados por dos tercios de
ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los
estados.
La
Constitución solo ha sido enmendada 21 veces desde que fue adoptada en
1787, la última de ellas en 1992. Actualmente, la Cámara de
Representantes no cuenta con una mayoría republicana tan amplia
--teniendo en cuenta las reticencias que desata la orden ejecutiva
dentro del Partido Republicano-- y el Senado se encuentra dividido.
La iniciativa también genera disconformidad en el
electorado, especialmente en el demócrata. Según una encuesta realizada
en febrero por el 'think tank' Pew Research Center, el 56 por ciento de
los estadounidenses están en contra de la medida, mientras que un 43 por
ciento le dan el visto bueno.
Simpatizantes
de Trump argumentan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se ha
utilizado para promover el llamado "turismo de parto", un supuesto
fenómeno por el que mujeres indocumentadas viajan a Estados Unidos con
el único propósito de dar a luz para, posteriormente, solicitar la
residencia permanente debido al estatus de ciudadano de sus hijos.
Por
contra, los detractores del magnate aseguran que contradice los
precedentes legales históricos, que acaba con el principio de igualdad
ante la ley y que podría dejar a miles de niños en un estado de
apatridia, además de generar inseguridad jurídica y costes burocráticos
adicionales.
Por el momento, el decreto
permanece paralizado por hasta cuatro jueces federales, si bien se
espera que el Tribunal Supremo --de mayoría conservadora-- emita una
opinión al respecto, lo que podría cambiar la interpretación de este
consolidado derecho y dejar fuera a los hijos de los inmigrantes
irregulares.
"El privilegio de la ciudadanía
estadounidense no se extiende automáticamente a (todas) las personas
nacidas en Estados Unidos", reza el texto de la orden ejecutiva, que
lleva por nombre 'Proteger el significado y el valor de la ciudadanía
estadounidense'.
Dred
Scott, un esclavo afroamericano que nació en Virginia y cuyos dueños se
mudaron a Misuri, fue vendido a un cirujano del Ejército que, por
motivos de trabajo, se trasladó a los territorios libres de Illinois y
Wisconsin, donde la esclavitud estaba prohibida.
A
la muerte de su propietario, Scott regresó a Misuri y presentó una
demanda ante los tribunales en busca de su libertad. Tras pasar por
varios tribunales, el caso escaló hasta el Tribunal Supremo, donde en
1857 el juez Roger Taney dictó un polémico fallo en su contra, alegando
que las personas negras, ya fueran libres o esclavizadas, no podían ser
consideradas ciudadanos estadounidenses.
El
fallo, que se produjo en un momento de fuertes tensiones entre el norte y
el sur en los años previos a la Guerra de Secesión, fue ampliamente
criticado --incluso Trump en su orden ejecutiva lo calificó de
"vergonzoso"-- si bien finalmente fue invalidado tras la ratificación de
la Decimocuarta Enmienda de 1868.
Décadas más
tarde, el principio de 'ius solis', que garantiza la ciudadanía a
cualquier persona nacida dentro de un territorio sin importar el estatus
migratorio de sus padres, se consolidó como derecho constitucional en
1898 gracias a Wong Kim Ark.
Su caso estalló en
un momento de discriminación contra la comunidad china, percibida por
los trabajadores estadounidenses como una amenaza social al ser mano de
obra barata en sectores como la construcción, la minería o el
ferrocarril.
Esta situación derivó en un fuerte sentimiento anti-chino
que se materializaría en la Ley de Exclusión China de 1882, que impedía a
los trabajadores de esta parte de Asia ingresar en territorio
estadounidense.
Wong Kim Ark nació años antes en
la ciudad de San Francisco en el seno de una familia de inmigrantes
chinos que llegaron a Estados Unidos en el contexto de la fiebre del oro
en California. Cuando este cocinero de profesión viajó a China para
visitar a sus seres queridos, se le impidió volver a entrar a territorio
estadounidense en virtud de la citada Ley de Exclusión.
No
obstante, en su caso el Supremo sí falló a su favor y determinó que la
Decimocuarta Enmienda se aplicaba claramente a todos los nacidos en
territorio estadounidense, independientemente del origen o estatus
migratorio de sus padres.
"La
(Decimocuarta) enmienda, en términos claros y con intención manifiesta,
incluye a los hijos nacidos en el territorio de Estados Unidos, de
cualquier raza o color, domiciliados en el país", reza el contundente
fallo del Supremo, aprobado por seis votos a favor y dos en contra, que
aludía al caso de Scott.
A
diferencia del derogado fallo Roe contra Wade, que blindaba el derecho
constitucional al aborto en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento
goza en la actualidad de amplio consenso legal y no ha tenido un
historial de disputas judiciales debido, en parte, a la claridad del
lenguaje de la citada enmienda.
No
obstante, la frase "sujeto a jurisdicción" ha sido motivo de disputa
ocasional debido a un fallo emitido en 1884 en el que John Elk, un
indígena winnebago que nació en una reserva india, reclamó la ciudadanía
tras mudarse a Omaha, en Nebraska, donde se le impidió ejercer su
derecho al voto.
Según determinó entonces el
Supremo, Elk no tenía derecho a la ciudadanía debido a que, pese a haber
nacido en territorio estadounidense, procedía de una tribu nativa que
contaba con su propio gobierno y legislaciones, por lo que no estaba
"sujeto a jurisdicción" de Estados Unidos.
Trump
ha promovido la interpretación restrictiva de esta frase con el
objetivo de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes en situación
irregular, argumentando que los progenitores no son leales a Estados
Unidos por haber nacido en un país extranjero.
Además,
ha aducido que no se concede la ciudadanía a todo el mundo de forma
automática, sino que también hay excepciones, como los hijos de los
diplomáticos extranjeros o los nacidos en Samoa, que se consideran
nacionales, pero no pueden votar, por ejemplo.
La
ciudadanía por nacimiento no es la única medida de Trump paralizada por
la Justicia. En el marco de su controvertida política migratoria, los
jueces también han bloqueado la deportación de inmigrantes a Sudán del
Sur y otros terceros países, así como la utilización de la Ley de
Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVII, para acelerar la
expulsión de personas presuntamente vinculadas a redes criminales.
