SAN SALVADOR/SAN JOSÉ.- El modelo salvadoreño de mano dura contra el crimen organizado
impulsado por el presidente, Nayib Bukele, ha empezado a cruzar
fronteras e instalarse en Centroamérica como referencia para combatir la
violencia y la inseguridad en la región, siendo el último ejemplo de
ello la inauguración de una nueva cárcel en Costa Rica similar al
polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, al
que Estados Unidos ha enviado a integrantes de maras y organizaciones
criminales a cambio de pagos al país.
Bukele puso junto al
presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de forma simbólica, la primera
piedra del llamado Centro de Alta Contención de Crimen Organizado
(CACCO), una construcción de más de 31.000 metros cuadrados, ubicada en
la provincia costarricense de Alajuela, que albergará a líderes del
crimen organizado, reos de alta peligrosidad y personas que tengan
pendiente un proceso de extradición.
La construcción, con cinco
módulos de alojamiento para un total de 5.100 reos, está inspirada en
el CECOT salvadoreño --una instalación carcelaria con capacidad para
unos 40.000 presos cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos
por presuntos abusos, tortura e incluso violencia sexual-- y ha costado
al Estado costarricense cerca de 21.000 millones de colones.
La
visita de Bukele para inaugurar el proyecto ha generado tensión en el
país debido a que llega en plena campaña electoral de las elecciones
generales del 1 de febrero. En este contexto, el Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) rechazó un recurso que pedía prohibir el ingreso a
Costa Rica del presidente salvadoreño por presuntas injerencias
electorales, pero recordó que, en virtud de la Convención de Viena, los
representantes extranjeros no deben "inmiscuirse en los asuntos
internos" del país.
Aunque hay complejos carcelarios similares respecto al aislamiento o las
condiciones de máxima seguridad, el CECOT destaca por su alta capacidad
y su finalidad, ya que está diseñado especificamente para encerrar a
miles de pandilleros vinculados a grupos criminales como la Mara
Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, detenidos en el marco del polémico
estado de excepción en El Salvador.
Expertos en Derechos
Humanos apuntan a que las condiciones en el CECOT serían "presuntamente
inhumanas, contrarias a las normas internacionales", con "personas
detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como
colchones, y sin atención médica adecuada". Pese a ello, otros países de
Centroamérica y de América Latina han mostrado interés en este concepto
de megacárcel.
En Ecuador, el presidente, Daniel Noboa,
trasladó en noviembre de 2025 a cientos de presos de alta peligrosidad a
la cárcel de Santa Elena, en la provincia homónima costera. Por su lado
en Perú, el Gobierno de José Jerí habilitó un pabellón de máxima
seguridad en el penal Ancón I, al norte de la capital, Lima, para aislar
a los líderes del crimen organizado, siguiendo el modelo salvadoreño.
De la misma forma, en la vecina Honduras, la presidenta Xiomara
Castro anunció la construcción del llamado Centro de Reclusión de
Emergencia (CRE), con capacidad para 20.000 presos tras declarar la
emergencia en materia de seguridad para combatir el crimen, la extorsión
y el narcotráfico.
En Guatemala, el Gobierno del presidente
Bernardo Arévalo ha declarado el estado de sitio tras una serie de
ataques y motines en varias cárceles vinculados a la pandilla Barrio 18,
si bien existen dudas en el país acerca de impulsar políticas de mano
dura sin abordar otros factores, como la exclusión social.
La
postura de enfrentar la criminalidad a golpe de cárcel se ha visto
reforzada además por el giro en la política migratoria de Estados Unidos
a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025,
que ha emprendido una masiva campaña de detenciones contra inmigrantes
irregulares, y que ha dejado claro en su nueva política exterior que
busca controlar el "hemisferio occidental".
El acercamiento del Gobierno de Chaves a las políticas de mano dura
de Bukele ha provocado malestar dentro de la oposición costarricense. El
candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional
(PLN), se ha mostrado a favor de construir más cárceles debido al
aumento de la densidad carcelaria, si bien considera inadecuada la
narrativa de una megacárcel.
En este sentido, ha hecho
pedagogóa sobre que resulta fundamental invertir en prevención y en
educación, además de reforzar a las autoridades policiales en distintos
puntos del país.
Otros sectores de la oposición, como el Partido
Liberal, aseguran que la medida de construir un CECOT adaptado a la
realidad costarricense responde a un "show electoral" para impulsar la
campaña de la candidata oficialista, Laura Fernández, que figura como
gran favorita en las elecciones generales.
Chaves, no obstante,
ha cuestionado a la oposición por no plantear medidas severas contra la
violencia ante un incremento progresivo de los homicidios desde 2020.
En concreto, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
en 2025 se registraron un total de 876 asesinatos --buena parte de ellos
perpetrados con armas de fuego y vinculados a venganzas o ajustes de
cuentas--, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
El
subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió a principios de enero de
que 589 de las víctimas de homicidios en 2025 eran personas de entre 18 y
39 años y que hubo 50 muertes de menores de edad.
"Si Costa Rica quiere
solucionar sus problemas de criminalidad, tiene que invertir en
policía, pero también en el tema del desarrollo humano", señaló,
instando a las autoridades a fortalecer el sistema educativo o los
programas de prevención.
Otras figuras dentro del Ejecutivo,
como el viceministro de Justicia Nils Ching Vargas, se han mostrado
críticas con el proyecto, aludiendo a que la construcción de esta nueva
instalación no resolverá el hacinamiento actual en las cárceles
costarricenses, ya que solo albergaría a 1 de cada 10 privados de
libertad.
Según un reciente estudio del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNPT), la capacidad real del sistema
carcelario del país centroamericano es de 13.666 personas, si bien hay
recluidas un total de 17.692. Además, la mayoría de los centros
penitenciarios tienen entre 20 y 25 años de antigüedad.
Por
otro lado, la Contraloría General de la República (CGR), liderada por
Marta Acosta, advirtió en agosto de que el organismo no había tenido
acceso al expediente del proyecto y de que más de un 50% de los recursos
para construir las instalaciones procedían de recortes en el Ministerio
de Seguridad Pública (MSP) relacionados con becas, vivienda social o
ayudas a familias en situación de pobreza.
Varias
organizaciones a favor de los derechos de los migrantes han denunciado
además que los recortes en el presupuesto estatal afectan a la emisión
de documentos y pasaportes, así como a programas para la regularización y
atención de poblaciones vulnerables.
Chaves, que ha
cuestionado en varias ocasiones el sistema judicial por presuntamente
"proteger" a los delincuentes, sostiene que, gracias a la donación de
los planos del CECOT por parte de El Salvador, el Estado ha podido
ahorrarse entre 1.800 y 2.000 millones de colones en el diseño del
CACCO, construido --con un presupuesto público extraordinario-- sobre
los terrenos de la antigua cárcel La Reforma.
