Los 24 meses transcurridos no han servido para borrar un drama que
algunos estiman hizo retroceder décadas la economía de la isla, que
cuando María la arrasó ya atravesaba una delicada situación tras una
crisis de una década.
Ese fatídico 20 de septiembre de 2017, una fuerza de la
naturaleza entró por el sureste de este territorio caribeño, un Estado
Libre Asociado a Estados Unidos, arrasando todo a su paso.
La larga noche de brutales ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora
dejó completamente destruidas sus infraestructuras y a la totalidad de
los poco más de 3 millones de puertorriqueños a oscuras, servicio
eléctrico que algunos no recuperarían hasta un año después.
Las ciudades sufrieron la dureza del huracán, pero fue el interior
donde la crudeza del ciclón se hizo más palpable con deslizamientos de
terreno que se llevaron por delante barriadas enteras.
Los cientos de miles de viviendas construidas con algún tipo de
irregularidad pagaron cara su falta de planificación al verse inmersas
en inundaciones que arrasaron todo lo que se encontraba a su paso.
María supuso un antes y un después para Puerto Rico, que había sufrido
la fuerza de históricos huracanes como Hugo (1989) y Georges (1998), no
comparables al que en septiembre de 2017 provocó daños en más de 470.000
viviendas y la destrucción total de cerca de 30.000 casas.
El Gobierno defendió durante meses la cifra de 64 muertos en la que
pocos creían y que fue elevada a 2.975 cuando un estudio independiente
del Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad de Washington
hizo público el resultado de su investigación.
Dos
años después, hay un débil sistema eléctrico que provoca constantes
cortes del servicio, semáforos que todavía no funcionan y viviendas y
edificios destruidos, en especial en áreas del interior de Puerto Rico.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas ha completado pocos
proyectos de mejoras a 2 años del ciclón, que la agencia atribuye a
trabas burocráticas del Gobierno federal.
La consecuencia más visible es que ninguna de las 18.000 señales de tráfico dañadas por el huracán han sido sustituidas.
El director ejecutivo del DTOP, Emilio Garay, reconoció que tampoco se
ha hecho nada para solucionar la situación de los casi 750 derrumbes y
desprendimientos en carreteras secundarias y terciarias debido a que la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) no ha aprobado los
proyectos.
En cuanto a las carreteras primarias, hubo
consecuencia del huracán 737 derrumbes y desprendimientos de los que se
han atendido sólo 346.
El presidente de la
Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, denunció que Fema
no ha aportado aún el dinero necesario para acometer la mejora de las
carreteras, a lo que se suma los problemas con las aseguradoras.
Estas compañías adeudan alrededor de 2.500 millones de dólares a cientos de personas, empresas y entidades gubernamentales.
El director ejecutivo de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica
(AEE), José Ortiz, cuya compañía fue centro de todas las críticas por la
debilidad de sus infraestructuras, reconoció que el prometido sistema
eléctrico a prueba de ciclones tropicales que anunció el Gobierno tras
María solo podrá conseguirse en el plazo de 7 años.
Postes eléctricos con capacidad para resistir vientos de 240 kilómetros
por hora, subestaciones fuera de áreas inundables y líneas soterradas
son promesas que están muy lejos de ser una realidad porque ni se han
comenzado.
Ortiz atribuye también el retraso a la falta de fondos que deben ser aprobados por Fema.
El líder sindical de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica
y Riego (Utier), Ángel Figueroa, sostiene que en algunos aspectos ya
situación es, incluso, peor que cuando pasó María por la isla, ya que la
generación energética está a niveles ínfimos.
Según Figueroa, más del 60 % de las plantas de generación están fuera de servicio
Las asignaciones prometidas por el Gobierno de Estados Unidos para la
reconstrucción de Puerto Rico ascienden a más de 49.000 millones de
dólares, aunque gran parte de esos fondos no han llegado todavía a la
isla, lo que la gobernadora, Wanda Vázquez, atribuye a la burocracia de
las autoridades federales y los requisitos extraordinarios exigidos.
La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) desembolsará
en breve 100 millones de dólares de la primera asignación de 1.500
millones en fondos federales del programa para la construcción de siete
proyectos de viviendas que supondrán cerca de 1.000 unidades.
A pesar del negro panorama, los puertorriqueños ven en general con
cierto optimismo el futuro de la isla, donde hay señales de recuperación
en sectores fundamentales para la economía como el turismo.
La venta de pasajes aéreos a través de agencias de viaje aumentó, como
también lo hizo la llegada de pasajeros al aeropuerto Luis Muñoz Marín
de San Juan.
