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Porque -reconoció- el anterior gobierno laborista ha tenido un defecto: «No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años», anunció. Adelantó que los cambios incluirán cambiar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello «respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales».
Los retos a los que se enfrentaba: una aparente renuncia a un mayor endeudamiento para financiar políticas sociales, y una garantía de que el Reino Unido no se apartará de la línea de mayor inversión en defensa impuesta por la OTAN y por su principal contribuyente, el presidente estadounidense Donald Trump.
En las próximas horas se espera con expectación el anuncio de los nombres del que será su primer gabinete, con especial atención a los titulares de Economía, Interior, Defensa y Exteriores.
LONDRES.- El nuevo líder laborista, Andy Burnham, que se convertirá en cuestión de horas en el primer ministro británico cuando se haga oficial la dimisión de Keir Starmer, ha prometido que gobernará «de manera diferente», avanzando que ya estudia una batería de medidas para abordar el coste de la vida.
«Júzguenme dentro de seis o doce meses por si he recaído en eso. Voy a esforzarme de verdad para que no sea así. La política necesita marcar un antes y un después», ha asegurado Burnham en una entrevista con el diario 'The Times'.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de acometer cambios en la política británica tras «una década en la que las cosas simplemente no han funcionado».
«Podemos seguir igual o intentar hacerlo de otra manera. Yo voy a intentar hacer las cosas de una manera diferente», ha asegurado.
El exalcalde de Mánchester ha subrayado que habrá «medidas pronto» para ayudar a la población con el coste de la vida.
«Se trata mucho más de lo que realmente importa, que es la presión que la gente siente sobre sus finanzas, y de lo que escuchamos una y otra vez llamando a las puertas en Makerfield», ha afirmado en relación a su reciente campaña para salir elegido por dicha circunscripción.
Este paso le permitió sacar el escaño y desde el Parlamento británico presentarse a las elecciones internas en el Partido Laborista.
Según ha señalado, esto afecta al modo de vida de los ciudadanos británicos, incluyendo su ocio y sus vacaciones.
«Ahí es donde está el problema, ¿no?», ha indicado, asegurando que está en conversaciones con el Departamento de Economía para estudiar medidas, en las que, en todo caso, ha evitado entrar.
Estas declaraciones llegan horas antes de que asuma formalmente el puesto de primer ministro, un paso que llegará cuando Starmer confirme su marcha de forma oficial.
El hasta ahora líder británico dimitió el pasado junio tras verse acorralado por la presión interna en su partido, tras una crisis de liderazgo y de encadenar varias polémicas políticas.
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «no será arrestado» en ningún lugar del país, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad si el mandatario hebreo asiste a cita de la ONU en septiembre con base en la orden de arresto emitida por Corte Penal Internacional (CPI) contra él.
«Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en EE.UU.», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social donde defendió a su estrecho aliado, que según él, «lucha con la República Islámica de Irán», responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses.
El republicano insistió en que «los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes» al concluir su publicación, en la que no se refirió explícitamente a las palabras de Mamdani ni mencionó al político.
La advertencia de Trump llega después de que el demócrata socialista de 34 años dijera el sábado a The New York Times que está en una «conversación activa» con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.
El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un «criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional» en relación a lo que la ONU ha calificado de «genocidio» en Gaza. Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad.
Por su parte, el primer ministro israelí respondió a Mamdani afirmando que no le preocupaba su amenaza, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.
Netanyahu, quien busca la reelección en Israel, aseguró este domingo que el neoyorquino busca «desviar la atención pública de sus errores».
El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo en un comunicado que Netanyahu «se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de la ONU y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos».
La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina.
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la confiabilidad del sistema electoral del país al denunciar una supuesta interferencia electoral de China, votos de «no ciudadanos» y presionar al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.
Durante un mensaje emitido en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump dijo que su propósito al divulgar esa información no es «debilitar la confianza en las elecciones», sino «corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente», pese a volver a cuestionar el proceso electoral y los resultados de 2020.
Trump centró buena parte de su discurso en supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales.
No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes, además de que años atrás las agencias de seguridad estadounidenses habían descartado que actores extranjeros hubieran alterado los resultados electorales.
Trump volvió a arremeter contra el voto por correo, una de sus principales líneas de ataque desde las elecciones de 2020, al afirmar que esta modalidad facilita el fraude y reclama mayores restricciones antes de las elecciones de medio mandato.
El presidente señaló especialmente a estados gobernados por demócratas, como California, donde el voto por correo tiene un amplio uso, y sostuvo que sus sistemas electorales presentan vulnerabilidades.
Sin embargo, autoridades electorales y múltiples investigaciones no han encontrado evidencia de un fraude generalizado mediante esta modalidad. La ofensiva de Trump contra el voto por correo ha encontrado resistencia incluso dentro del Partido Republicano, especialmente entre legisladores de estados donde esta práctica está extendida y que temen que restricciones más severas puedan afectar la participación de sus propios votantes.
Trump utilizó además documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) sobre Venezuela y la empresa tecnológica Smartmatic para sostener que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital. El presidente afirmó que el análisis demostraba un complot para manipular elecciones, pero el documento de inteligencia citado era más limitado.
El informe señalaba que funcionarios venezolanos tenían «cierta capacidad para manipular los sistemas de votación electrónica» dentro de Venezuela, pero advertía que no existía evidencia concluyente de que esa tecnología hubiera sido utilizada para cometer un fraude electrónico a gran escala.
Además, descartaba que el Gobierno venezolano o Smartmatic tuvieran capacidad para alterar elecciones fuera del país. La compañía Smartmatic, que ha sido objeto de acusaciones relacionadas con las elecciones de 2020, tuvo una participación limitada en esos comicios en Estados Unidos, restringida a un solo condado de California.
Trump aprovechó su mensaje para pedir al Senado republicano la aprobación del SAVE Act, una iniciativa que obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.
El presidente presentó nuevamente la medida como una herramienta para impedir que personas no autorizadas participen en los comicios y vinculó la seguridad electoral con sus críticas a las políticas migratorias.
La propuesta ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero enfrenta dificultades en el Senado, donde los demócratas han rechazado la medida al considerar que podría crear obstáculos para ciudadanos con derecho al voto.
Trump volvió a vincular la inmigración irregular con la seguridad electoral al afirmar que las políticas migratorias anteriores habían permitido posibles abusos del sistema de votación.
Las autoridades electorales han señalado que los casos de ciudadanos no estadounidenses que votan en elecciones federales son extremadamente poco frecuentes y no representan una amenaza significativa para los resultados.
El presidente ha utilizado este argumento para respaldar nuevas restricciones electorales, aunque sus críticos sostienen que las medidas propuestas podrían afectar especialmente a algunos grupos de votantes al exigir documentación adicional para registrarse.
El debate sobre la ciudadanía de los votantes se ha convertido en uno de los principales puntos de la agenda republicana antes de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso.
Trump ha convertido las denuncias sobre fraude electoral, la interferencia extranjera y la inmigración en elementos centrales de su mensaje político, pese a que las investigaciones oficiales no han encontrado pruebas de una alteración generalizada de los resultados electorales de 2020.
WASHINGTON.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, puso el pie en el acelerador para restringir la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la llamada 'tarjeta verde' ('green card') y el tiempo en que estudiantes y periodistas extranjeros pueden permanecer en el país, entre otras cortapisas. La Casa Blanca publicará en el Registro Federal dos reglas que se venían gestando desde el año pasado, en línea con las promesas hechas por el republicano para robustecer los controles migratorios.
El objetivo del Ejecutivo es reducir las oportunidades para los extranjeros de permanecer legalmente en el país, que quedan, en la mayoría de los casos, a discreción de los funcionarios de inmigración que revisan los casos. Más condiciones para obtener la residencia permanente
El próximo 18 de septiembre entra en vigor una nueva norma que otorga a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser «una carga pública» al obtener beneficios públicos.
Desde su primer gobierno (2017-2021), Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados que vivían en Estados Unidos sin posibilidad de optar por la residencia permanente.
La regla también se aplica a extranjeros que buscan la visa de inmigrante, que no puedan demostrar una solvencia económica para residir en el país sin obtener beneficios públicos.
La Casa Blanca ya había impuesto una medida para denegar visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían depender posteriormente de la salud pública.
A esto se suma el anuncio de mayo pasado que requiere a los indocumentados que buscan un ajuste de estatus hacerlo mediante el trámite consular en las embajadas estadounidenses de sus países de origen, lo que los obligaría a salir del país y enfrentar posibles inconvenientes antes de obtener la residencia permanente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció este jueves una regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros) al reducir el tiempo de estadía legal.
Los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo 90 días.
Aunque el Gobierno estadounidense ha dado la posibilidad a los favorecidos por estas visas de solicitar extensiones de las mismas, los extranjeros tendrán que hacerlo de manera mucho más frecuente.
La Administración republicana argumentó que los cambios están dirigidos a reducir la población indocumentada. En el caso de las visas, el DHS subrayó que muchos antiguos estudiantes de intercambio lograron permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema actual, un argumento similar al esgrimido contra los estudiantes universitarios extranjeros.
En el caso de los indocumentados que buscan ajustar su estatus, el Gobierno busca cerrar la oportunidad a aquellos de bajos recursos y ponerlos en la mira de las deportaciones. Los defensores de los inmigrantes advirtieron que las medidas aumentan la posibilidad de discriminar a los solicitantes.
En todos los procesos, el Ejecutivo ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores e información pertinentes caso por caso al determinar si un extranjero merece el alivio migratorio o la visa.
