MADRID.- El Grupo Unidos por el Canal, liderado por
Sacyr y encargado de la ampliación del Canal de Panamá, ha solicitado un
plazo adicional de un año y cuatro meses para acabar las obras, sobre
la fecha de octubre de 2014 fijada en el contrato, en las reclamaciones
presentadas a la Autoridad del Canal por los sobrecostes que asegura
acumula el proyecto, que cifra en 1.625 millones de dólares (unos 1.200
millones de euros).
Esta extensión del plazo de ejecución de la ampliación del Canal,
que llevaría su conclusión a 2016, "aún no se ha obtenido, estando en
proceso de reclamación", según explica Sacyr en respuesta a un
requerimiento de información de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
No obstante, indica que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha
admitido el "retraso estimado" en el último programa de ejecución de
obras presentado por el consorcio, que lo cifra en 220 días, esto es, lo
sitúa en junio de 2015.
"En definitiva, la evolución de los trabajos apuntan a que la obra
finalizará con posterioridad a la fecha oficial (octubre de 2014), pero
con anterioridad al plazo adicional que el consorcio justifica en sus
reclamaciones", señala Sacyr en la respuesta remitida al supervisor del
mercado, con fecha del 10 de enero, en la que destaca las "medidas de
aceleración" de la obra que el consorcio ha puesto en marcha: "más
inversión, más equipos y más personal".
En la información remitida a la CNMV, Sacyr detalla que ha
aportado "fianzas y garantías" al proyecto por un importe total de 573,9
millones de dólares (unos 422 millones de euros), tal como adelanta 'El
País' en su edición de este sábado.
En su demanda de información, con fecha del 3 de enero, el
supervisor del mercado bursátil español solicita a la constructora
española, que lidera el consorcio que ejecuta las obras del Canal con
una participación del 48%, una "actualización" de la situación del
proyecto.
Así, la compañía que preside Manuel Manrique detalla y argumenta
todas las reclamaciones por sobrecostes que el Grupo Unidos por el Canal
ha planteado a la Autoridad del Canal por un total de 1.200 millones de
euros.
De la información se desprende que la primera reclamación se
presentó en marzo de 2010, apenas ocho meses después de adjudicarse el
contrato, y que una de ellas ha sido ya elevada al tribunal de arbitraje
de Miami tras ser rechazada pro la Autoridad del Canal y por la Junta
de Resolución de Disputas del contrato.
La principal reclamación es la relacionada a los problemas
surgidos en el diseño del proyecto y la definición del hormigón a
utilizar. El consorcio calcula que ello ha generado un sobrecoste de 880
millones de dólares (unos 647 millones de euros) y ha causado retrasos
en la ejecución de los trabajos de 150 días.
Asimismo, Sacyr indica que la imposibilidad de utilizar el basalto
resultante de las excavaciones para fabricar el hormigón de las nuevas
esclusas, en contra de lo indicado en los pliegos del contrato, ha
supuesto un sobrecoste de 497 millones de dólares (unos 365 millones de
euros). Los problemas surgidos en la construcción de una presa
provisional previa a las excavaciones por el lado del Pacífico ha
ocasionado un encarecimiento adicional de 120 millones de dólares (88
millones de euros) y un retraso de 120 días.
Sacyr indica que los sobrecostes surgen de "situaciones tras el
comienzo de la obra, donde se comprobó la inexactitud de la información
proporcionada al consorcio", y que este grupo ha presentado
reclamaciones "objetivas y cuantificadas", mientras que la ACP se niega
sistemáticamente a todas ellas en primera instancia y tras un periodo de
análisis que sirve para consumir tiempo".
No obstante, la constructora revela que la Autoridad del Canal
"efectuó junto a expertos internacionales en marzo de 2013 una auditoría
de los sobrecostes de ejecución de obra y comprobó que los mismos son
reales, razonables y acordes con el mercado". Además, subraya que la ACP
"tiene mecanismos previstas en el contrato para hacer frente a los
imprevistos".
Del lado del consorcio, Sacyr indica que el grupo de empresas "ha
instado a la Autoridad panameña en los últimos cinco meses a un diálogo
constructivo a fin de solucionar la crisis advertida por el consorcio" y
asegura mantener esta "misma disposición".
"La situación advertida hace meses y conocida por la ACP ha
llegado a un punto crítico, a pesar de lo cual el consorcio mantiene su
compromiso de buscar soluciones con el cliente para concluir la obra",
indica la constructora española a la CNMV.
Sacyr concluye recordando que "actualmente se llevan a cabo estas
negociaciones".
"Esperamos que den fruto antes del vencimiento del plazo
de preaviso de suspensión de los trabajos", indica en relación a la
advertencia que el consorcio realizó el pasado 30 de diciembre sobre la
paralización de los trabajos el próximo 20 de enero en caso de que la
ACP no contribuya en la solución de los problemas de liquidez y
sobrecostes que asegura acumula el proyecto de ampliación del Canal de
Panamá.