Con 41 años y una larga trayectoria como parlamentario y activista, Manole es desde finales de junio ministro de Trabajo, Familia, Juventud y Solidaridad Social en el nuevo Gobierno rumano, liderado por el conservador Ilie Bolojan y que incluye también a socialdemócratas, liberales y la minoría húngara.
Su nombramiento llega en un momento delicado para el país balcánico, el segundo más pobre de Europa, que debe aplicar duros ajustes para reducir el mayor déficit de la Unión Europea (UE) en 2024, del 9,3 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Antes de llegar al Ejecutivo, Manole fue diputado desde 2016 por el
Partido Socialdemócrata (PSD) y presidió la Comisión parlamentaria
contra la trata de personas.
Ahora, desde su nueva cartera, trabaja para reducir las
desigualdades, que, según asegura, afectan tanto a las minorías como a
quienes viven en zonas rurales, muchas veces olvidados por las grandes
políticas públicas.
«La situación de las zonas rurales en Rumanía conlleva desventajas
tan grandes como pertenecer a una minoría», declara en una entrevista en Bucarest.
«Si miramos las estadísticas de acceso a la universidad, por ejemplo,
vemos que quienes viven en zonas rurales están muy desfavorecidos. No
diría que solo la etnia es un problema, es un problema, pero hay otros»,
explica Manole.
Según datos de Eurostat de 2023, el 45,1 % de la población rural de
Rumanía estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,5 %
de las zonas urbanas, lo que supone la mayor brecha entre ciudades y
periferia en la UE.
La falta de oportunidades en el mundo rural se ha traducido en un
creciente apoyo a opciones políticas «antisistema», como el partido
ultranacionalista AUR, que ha capitalizado el descontento social en las
regiones más desfavorecidas del país.
Manole creció en Slobozia, una pequeña ciudad del sur de Rumanía, y
estudió Historia, guiado por una pasión temprana por «los cuentos con
hechos históricos. De ahí a la historia real, solo hay un paso»,
recuerda.
Su mirada política incluye esa sensibilidad histórica y su
experiencia como activista. Y está convencido que desde su cargo
ministerial puede contribuir a transformar realidades que han sido
ignoradas durante demasiado tiempo.
Por eso, señala que hay que distinguir distintas capas de exclusión dentro del propio colectivo gitano.
«Hay gitanos integrados, con trabajo, estudios y un nivel de vida
decente que viven en grandes ciudades como Bucarest, a quienes nunca
vemos, pero que existen y para quienes no creo que haya mucho que hacer.
Y hay gitanos de zonas rurales, donde es más difícil encontrar trabajo,
donde el acceso a la educación es más difícil, para quienes hay que
hacerlo todo», expone.
Una de las iniciativas más ambiciosas que impulsa es un programa de
apoyo social en 2.000 pequeñas localidades de Rumanía, dotado con 815
millones de euros. Ese programa busca combatir la exclusión y
beneficiará a unas 450.000 personas. Aunque no está destinado
exclusivamente a la población gitana, una parte importante de sus
beneficiarios pertenece a esta comunidad, compuesta según el censo de
2021 por unas 600.000 personas.
«Es un programa que combate la exclusión y la marginación con
herramientas de asistencia social», subraya Manole. La población romaní,
especialmente en zonas rurales, afronta un acceso limitado a servicios
sanitarios básicos, tasas muy altas de abandono escolar y niveles de
pobreza que superan ampliamente la media nacional.
Pero Manole también
pone el foco en la educación para luchar contra la discriminación.
Reconoce que las políticas sociales pueden aliviar muchas carencias
materiales, pero que hay barreras que requieren otro tipo de acciones.
«Para todos los gitanos de Rumanía, independientemente de su estatus
social y del acceso a los servicios públicos, el problema de la
discriminación es importante. Porque cuando se trata de discriminación,
va más allá de las categorías sociales», sostiene.
Para el ministro, el
currículo escolar debería incluir contenidos sobre «la historia de los
romaníes, sobre su cultura» y sobre episodios trágicos como «el
Holocausto (gitano), que permita una mejor comprensión del contexto
socio-histórico».
Además de los retos sociales y culturales, el nuevo ministro no
ignora el contexto económico adverso que atraviesa Rumanía y discrepa de
algunas medidas de austeridad.
Manole admite que el país necesita reformas fiscales, pero discrepa
de la nueva contribución aplicada a pensiones superiores a 3.000 lei
(unos 600 euros), un umbral que considera «muy bajo» e injusto para los
jubilados.
Pese a las dificultades económicas actuales, Manole mantiene
una visión optimista sobre el papel del empleo para transformar la
sociedad. Y defiende que generar más puestos de trabajo no solo es una
cuestión económica, sino también de cohesión y dignidad.
«Una mayor
fuerza laboral no solo significa ingresos, sino también socialización,
integración e inclusión. (...) El empleo es la mejor protección social»,
resume el ministro.
