TEL-AVIV.- El Gobierno y el Ejército de Israel se han visto envueltos durante
los últimos días en una serie de desencuentros que suponen un reflejo de
un aumento de las tensiones internas en torno a la estrategia de
seguridad tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento
de Resistencia Islámica (Hamás), que llevaron a las autoridades
israelíes a lanzar una ofensiva contra la Franja de Gaza y a la apertura
de otros frentes en el resto de fronteras de Israel.
Los
ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas, que se
saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, llevaron a
Israel a desatar una cruenta ofensiva contra Gaza, que hasta ahora deja
más de 37.400 muertos y a incrementar sus operaciones en Cisjordania y
Jerusalén Este, con más de 520 palestinos fallecidos a manos de las
fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos.
El avance de la ofensiva tras los atentados, considerados uno de los
fallos de seguridad más graves de Israel desde su creación en 1948, ha
llevado a un desgaste de la imagen del país a nivel internacional,
incluida la presión por parte de sus principales aliados, con Estados
Unidos a la cabeza. A ello se suman las protestas contra el Gobierno y
el surgimiento de grietas en la relación entre la administración civil y
la cúpula militar.
Así, el aumento de la unidad interna en rechazo a los ataques por
parte de las facciones palestinas --materializada en un gobierno de
unidad y un gabinete de guerra al que se sumó Benny Gantz, una de las
principales figuras de la oposición-- se ha ido desmoronando por la
falta de un acuerdo de alto el fuego que implique la liberación de
rehenes y un horizonte político al conflicto, aún no pergeñado por el
Gobierno israelí.
Las tensiones por la falta de una 'hoja de
ruta' en Gaza se han visto materializadas en la reciente salida de Gantz
del gabinete de guerra, lo que llevó al primer ministro, Benjamin
Netanyahu, a anunciar su disolución en medio de los llamamientos de
ministros ultraderechistas a ser incluidos en el órgano, una muestra de
la radicalización de las posturas del Gobierno que tomó posesión a
principios de 2023, que integra a partidos ultraortodoxos y de extrema
derecha.
Esta situación se ha visto seguida por un encontronazo
público entre Netanyahu y el Ejército después de que las Fuerzas de
Defensa de Israel (FDI) anunciaran el 16 de junio la instauración de
"pausas tácticas" en el sur de Gaza con el objetivo declarado de
permitir la entrega de ayuda en esta zona del enclave, sumido en una
profunda crisis humanitaria.
El comunicado del Ejército llegó
ante el aumento de la presión internacional tras el inicio en mayo de
una ofensiva contra Rafá, que provocó la suspensión de las operaciones
humanitarias, y tras la orden de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) para el fin de los ataques contra la ciudad y la aplicación de
medidas para permitir la entrada de ayuda al enclave, que se encontró
con el rechazo frontal de Israel.
Tras el anuncio, Netanyahu
afirmó que no había sido informado previamente sobre estas "pausas
tácticas", tildadas de "mentiras" por Hamás y que, según Naciones
Unidas, no han derivado en un aumento de la entrega de ayuda humanitaria
a causa de la inseguridad y la falta de garantías para la distribución
en una zona marcada por el conflicto y el descontrol en medio de una
ofensiva que ha causado una enorme devastación en el enclave.
Netanyahu, que aseguró que habría una investigación en torno al anuncio
de las "pausas", que desataron además duras críticas a las FDI por parte
de los sectores ultraderechistas del Gobierno, tuvo que salir
posteriormente al paso de unas declaraciones del portavoz del Ejército,
Daniel Hagari, quien sostuvo en una entrevista que Hamás representa "una
ideología" que no puede ser eliminada en el contexto actual.
"Decir que vamos a lograr que Hamás desaparezca es engañar a la gente.
Si no damos una alternativa, tendremos a Hamás", manifestó, lo que
provocó que la oficina del primer ministro emitiera rápidamente un
comunicado para incidir en que "uno de los objetivos de la guerra es la
destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás" y
agregar que "las FDI están comprometidas con ello".
El Ejército
publicó también un comunicado para aclarar las palabras de Hagari ante
la polémica y reiterar que su portavoz hizo referencia a Hamás "como una
ideología", nuevamente en medio de las dudas ante la falta de un plan
para la etapa posterior al conflicto --incluido quién estará al frente
del enclave-- y las críticas a las autoridades por la falta de progresos
tangibles en los objetivos fijados al lanzar la ofensiva.
A
estos aspectos se suman las voces críticas por la estrategia en Gaza por
parte del Gobierno, que ha rechazado hasta ahora la posibilidad de un
acuerdo de alto el fuego y apuesta por la vía militar, ante el desgaste
de las tropas y el incremento de las tensiones con Hezbolá en la
frontera con Líbano, especialmente por el riesgo de un conflicto a gran
escala en este frente.
Precisamente la ausencia de un acuerdo entre Israel y Hamás en las
conversaciones indirectas mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos ha
sido el motor de la convocatoria de semanas de protestas contra
Netanyahu pidiendo un pacto para la vuelta de los rehenes y acusando al
Ejecutivo de priorizar su supervivencia política a la vida de los
secuestrados.
Algunas de estas protestas han estado marcadas
por la represión por parte de la Policía --dirigida por el ministro de
Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir--, lo que ha
encendido aún más los ánimos y ha derivado en un aumento de las críticas
a Netanyahu por lo que sus opositores consideran como una deriva
autoritaria y una ausencia de medidas para controlar a los elementos más
extremistas del Ejecutivo.
Las diferencias en el seno de la
coalición gubernamental --encabezada por el Likud e integrada por otros
seis partidos ultraderechistas y ultraordoxos-- ha provocado numerosas
fricciones internas, especialmente en torno al proyecto de ley destinado
a abrir el reclutamiento a los miembros de la comunidad ultraortodoxa,
hasta ahora exentos, para compensar las bajas sufridas en Gaza y por los
ataques de Hezbolá.
La Justicia israelí considera que esta
exención es discriminatoria y parte de la oposición ha reclamado que se
desarrolle un plan para el reclutamiento de estas personas, lo que se ha
encontrado con el rechazo frontal de los partidos ultraortodoxos, que
han amenazado con hacer caer el Gobierno, atando de pies y manos y
Netanyahu y rebajando su capacidad de maniobra.
En este
contexto, también han aumentado las críticas ante la falta de rendición
de cuentas por parte del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad tras los
ataques del 7 de octubre, especialmente después de que la emisora
pública Kan desvelara esta misma semana que un informe preparado por los
servicios de Inteligencia menos de un mes antes de los asaltos
documentaba los preparativos de Hamás y los planes para el secuestro de
"entre 200 y 250 personas".
La publicación del informe se vio
seguida por el anuncio de la creación de un foro integrado por
familiares de soldados dedicados a tareas de vigilancia que murieron
durante los ataques para impulsar la creación de una comisión nacional
de investigación para abordar las "negligencias" por parte de las
autoridades.
Hasta la fecha, Netanyahu ha rechazado la apertura
de esta investigación en medio de la ofensiva en Gaza y ha argumentado
que las pesquisas deberían tener lugar tras el conflicto, si bien el
Ejército ha dicho que empezará a presentar en julio parte de las
conclusiones de su análisis sobre lo sucedido, lo que podría abrir otra
grieta en la cúpula de poder en el país.
