LONDRES.- El Gobierno británico ha anunciado una reforma del sistema de asilo con el objetivo de acelerar los procesos de solicitud y reducir el uso de hoteles para migrantes, en un contexto de intensas protestas en el país y contramanifestaciones en varias ciudades. El anuncio, realizado el domingo, responde a la creciente presión social y política sobre la gestión de los solicitantes de asilo y la polarización en torno a la política migratoria.
La ministra del Interior, Yvette Cooper,
explicó que la reforma prevé la creación de un organismo independiente
para agilizar la resolución de los casos de asilo. Destacó, además, la
necesidad de abordar los “retrasos inaceptables” que afectan al sistema
actual, heredado de gobiernos anteriores, y que han provocado que
solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada permanezcan en el país
durante años, lo que supone un elevado coste para las finanzas
públicas.
“No
podemos seguir con estos retrasos completamente inaceptables en los
recursos consecuencia del sistema que hemos heredado y que implican que
los solicitantes de asilo a los que se les ha denegado (en primera
instancia) se quedan durante años y acaban suponiendo un gran coste para
las arcas públicas”, argumentó la funcionaria en un comunicado oficial.
Actualmente, el proceso de decisión sobre una solicitud de asilo supera el año de duración en promedio, y existen más de 51.000 procedimientos abiertos. La ministra subrayó que el objetivo es evitar que la cifra de migrantes alojados en hoteles, que ronda los 32.000,
siga aumentando. Además, adelantó que los detalles de la vía rápida
para la toma de decisiones se presentarán en otoño y que el Gobierno
está considerando las experiencias de otros países europeos.
El anuncio gubernamental coincidió con un fin de
semana de movilizaciones en todo el país. El sábado, cientos de personas
se congregaron en ciudades como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle, Horley y el distrito de Canary Wharf en Londres, así como en Aberdeen y Perth en Escocia y Mold y Flintshire en Gales, bajo el lema “Abolamos el sistema de asilo”.
Los
manifestantes expresaron su rechazo al alojamiento de solicitantes de
asilo en hoteles, portando pancartas y banderas de San Jorge, y coreando
consignas contrarias a la política migratoria actual. Paralelamente,
grupos antirracistas, convocados por la organización Stand Up to Racism, se manifestaron en varias de estas ciudades para defender el derecho de asilo y exigir solidaridad con los refugiados.
En algunas localidades, la tensión derivó en
forcejeos y enfrentamientos, aunque la policía desplegó un importante
dispositivo para garantizar la seguridad y evitar incidentes graves.
En Bristol, la intervención de la policía montada fue necesaria para separar a los grupos rivales en Castle Park, donde una mujer fue arrestada por agredir presuntamente a un trabajador de emergencias.
El inspector jefe Keith Smith,
responsable de la Policía de Avon y Somerset, señaló que la prioridad
de las fuerzas del orden fue facilitar la protesta pacífica y legal de
ambos bandos, y agradeció el profesionalismo de los agentes en una
situación que calificó de especialmente compleja. Smith indicó que, pese
a algunos momentos de tensión, las manifestaciones se desarrollaron sin
incidentes significativos.
El debate político en torno a la reforma del sistema de asilo se ha intensificado tras el anuncio del Gobierno. El Partido Conservador, actualmente en la oposición, calificó el sistema vigente de “caótico” y criticó la gestión de los procedimientos de asilo.
Por su parte, el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage,
defendió la necesidad de deportaciones masivas de migrantes que hayan
ingresado al país de manera irregular. Farage, quien encabeza las
encuestas de intención de voto, declaró que, de llegar al poder, su
formación impulsará la detención automática de solicitantes de asilo que
arriben en pequeñas embarcaciones y su deportación forzosa a países
como Afganistán y Eritrea.
Según sus estimaciones, estas medidas podrían
afectar a cientos de miles de personas. Farage argumentó que el Reino
Unido atraviesa una crisis de gran magnitud que amenaza la seguridad
nacional y genera una indignación pública cercana al desorden, por lo
que considera imprescindible un cambio radical en la política
migratoria.
El uso de hoteles para alojar a migrantes ha sido uno de los puntos más controvertidos del debate. El Gobierno laborista de Keir Starmer
se ha comprometido a eliminar gradualmente esta medida antes de 2029,
aunque ha advertido que la transición deberá realizarse de forma
ordenada. La presencia de migrantes en estos establecimientos ha sido
motivo de protestas recurrentes y de creciente polarización social.
En este contexto, el martes anterior a las protestas, el Tribunal Superior de Londres concedió al ayuntamiento de Epping una orden judicial temporal para desalojar a los migrantes del Hotel Bell el 12 de septiembre.
Este hotel se convirtió en foco de atención tras la imputación de Hadush Gerberslasie Kebatuhursday,
un migrante de origen etíope residente en el lugar, acusado de agresión
sexual por intentar besar a una menor de 14 años. El caso avivó las
protestas y la controversia sobre la idoneidad de los hoteles como
solución provisional para los solicitantes de asilo.
La tensión social en torno a la política migratoria
británica no muestra signos de disminuir. Las autoridades prevén nuevas
protestas en los próximos días, mientras el debate sobre el futuro del
sistema de asilo y la acogida de migrantes sigue polarizando a la
sociedad y marcando la agenda política nacional.
En
este escenario, la propuesta de endurecer las medidas migratorias y
priorizar las deportaciones se consolida como uno de los ejes centrales
del debate público en el Reino Unido.
