MADRID.- España se esforzó mucho para abordar los puntos principales de un 
plan de reforma impuesto por Europa, pero los analistas dudan de que el 
segundo plan de reformas que presentará el Ejecutivo a finales de abril 
será lo suficientemente ambicioso para lograr que la economía salga de 
una profunda recesión.
    
Las reformas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha 
puesto en marcha en su primer mandato se dirigieron a los problemas más 
acuciantes del país, una tasa de desempleo del 26 por ciento, los 
elevados niveles de deuda privada y pública y un sector bancario 
deprimido, pero fueron tímidas de cara a unos ciudadanos agobiados por 
la crisis y desilusionados.
Gracias al notable descenso de los costes de financiación y el 
mejor acceso a los mercados internacionales de capital desde que el 
Banco Central Europeo dijo el año pasado que haría lo que fuera 
necesario para apoyar las economías de la zona euro con problemas, el 
Gobierno español se siente menos presionado para implementar medidas 
duras.
Es probable que ante el creciente malestar en las calles y con 
las elecciones de 2015 en el horizonte, Rajoy intente ahora evitar 
nuevas protestas en vez de implementar las reformas necesarias para que 
la economía española retome la senda de crecimiento lo antes posible.
Estas requerirían una reforma de calado en el mercado laboral, 
una nueva reorganización del sector financiero, la completa 
reestructuración de un ineficiente sistema de administración pública y 
del estado del bienestar, así como una reestructuración del sistema 
fiscal.
"El hecho de no aprobar reformas estructurales y de no 
desarrollar una estrategia creíble para lograr el ajuste fiscal 
necesario podría poner la deuda de España en un camino insostenible", 
dijo Rubén Segura-Cayuela, economista de Merrill Lynch y ex asesor 
económico del gobierno de centro-izquierda de José Luis Rodríguez 
Zapatero.
"Veo voluntad política para contentar a Bruselas y seguir la hoja
 de ruta marcada, pero eso no quiere decir que implementen unas reformas
 lo suficientemente ambiciosas", agregó.
La cautela mostrada por las agencias de calificación sobre el 
progreso de la consolidación fiscal de España impulsó a Merrill Lynch a 
descontar una nueva rebaja del rating soberano en la segunda mitad del 
año debido a lo que calificó como inacción gubernamental y complacencia.
Rajoy ha indicado que la actualización del plan de reformas que 
presentará a Bruselas se centrará en medidas para impulsar el 
crecimiento, como financiación y exenciones fiscales para pymes y en 
acabar reformas incompletas como la del sector energético y el sistema 
de pensiones.
Gran parte de las mismas serán presumiblemente un refrito de las 
medidas estructurales prometidas el año pasado, que se vieron retrasadas
 mientras el Gobierno se concentraba en anuncios presupuestarios de 
emergencia dirigidos a aliviar el nerviosismo de los inversores durante 
el clímax de la crisis de deuda de la eurozona.
La necesidad de recortar el déficit público en al menos otros 
40.000 millones de euros significará subidas de impuestos temporales y 
que las rebajas salariales se conviertan en permanentes, a pesar de las 
afirmaciones del Gobierno en sentido contrario.
Otras medidas - centradas en las pensiones, el sector eléctrico, 
una autoridad fiscal independiente, pequeños cambios en el sistema 
fiscal y una reforma de la administración pública a nivel nacional y 
local - no serán suficientes para devolver la economía a la senda de 
crecimiento o para crear puestos de trabajo para los seis millones de 
desempleados.
Los analistas no creen que Rajoy va a sorprender positivamente a 
los mercados ya que comienza a cortejar a unos votantes enfurecidos por 
los recortes y los escándalos de corrupción de cara a los comicios en 
2015,
"Los conservadores tienen algo muy raro y muy valioso, que es la 
mayoría absoluta. Ellos pueden hacer lo que quieran", dijo Javier 
Díaz-Giménez, economista de la escuela de negocios IESE de Madrid.
Y por si no fuera poco que los últimos planes sean probablemente modestos, también hay dudas sobre su aplicación.
De las cerca de 90 medidas que contuvo el plan de reformas del 
año pasado, dos tercios todavía no están en funcionamiento, o por seguir
 atrapadas en trámites parlamentarios largos o porque aún no han sido 
aprobadas por el Ejecutivo.
Una de las reformas de Rajoy más aplaudidas hasta la fecha ha 
sido la reforma laboral, cuyo objetivo era recortar los elevados costes 
de despido y facilitar a las empresas una renegociación de los 
convenios.
La reforma ha sido calificada como paso en la dirección correcta,
 sobre todo por parte de las empresas internacionales, y seis de los 11 
fabricantes de automóviles extranjeros presentes en España anunciaron 
nuevas inversiones y contrataciones en los últimos meses.
Sin embargo, algunas empresas también mostraron recelos. Un 
ejecutivo de Grupo Roca, una empresa líder en cerámica sanitaria y con 
gran presencia internacional, dijo que si bien el objetivo de la reforma
 era racionalizar los despidos durante una recesión, seguían vigentes un
 gran número de obstáculos y su compañía aún no ha notado las ventajas 
de la nueva ley.
También la reestructuración del sector bancario ha despertado preocupaciones.
España recibió 41.000 millones de sus socios comunitarios para 
sanear los activos tóxicos inmobiliarios de la banca, pero algunos 
dijeron que el frente sigue abierto al comenzar a notarse en los 
balances de los bancos también un deterioro en los créditos de empresas y
 de consumo en medio de la prolongada recesión económica.
Bruselas, por su parte, quiere ver una implementación más 
rigurosa de la nueva ley que permite al gobierno castigar a las regiones
 que incumplan sus objetivos de recorte de gasto. El año pasado, los 
déficit de Valencia y de Murcia se situaron más de un 100 por cien por 
encima del objetivo estipulado, sin que ninguna de las dos regiones se 
viera penalizada por el gobierno central.
Mientras que persiste la presión para afinar estas reformas, el 
presidente del Gobierno tendrá dificultades de poner en marcha sus 
próximos proyectos teniendo en cuenta los problemas de calendario y el 
estado de ánimo de la nación.
Entre las prioridades en su programa se sitúan las pensiones, un 
tema sensible para muchos de sus votantes, y temas complicados como el 
adelgazamiento de las administraciones públicas y las reformas de la 
energía y del transporte.
La reforma de la burocracia y el recorte del estado del bienestar
 son otros hitos para el gobierno, pero es una tarea monumental que a 
pesar de realizarse sólo paso por paso, provoca protestas diarias en 
todo el país.
La liberalización de los sectores de la energía, las 
telecomunicaciones y el transporte se ha dificultado en gran medida por 
las enmiendas presentadas por los grupos de presión industriales.
"El gobierno está preocupado por el déficit (eléctrico) 
tarifario, pero no toma las medidas necesarias, lo que sería el enfoque 
correcto", dijo Gerard Llobet, economista de la escuela de negocios de 
Madrid CEMFI.
Pese a sus elogios en público al proceso de reformas en España, 
Bruselas pidió a mediados de abril a Madrid que tome medidas urgentes 
para corregir los desequilibrios de su economía que, a su juicio, 
presentan serios riesgos para el crecimiento y la estabilidad 
financiera.
Más de un tercio de los 17 millones de desempleados de la zona 
euro viven en España y el altamente endeudado sector privado español 
tardará años en hacer frente a su deuda, lo que tiene repercusiones 
adversas para la inversión y asfixia el consumo doméstico.
Mientras tanto, los bancos, recuperándose de las secuelas e la 
concesión desenfrenada de créditos durante la burbuja inmobiliaria, se 
muestran ahora reticentes a prestar dinero a las pocas empresas y 
consumidores dispuestos a asumir más deuda.
"España se enfrenta a una tasa de desempleo que hubo en EEUU 
durante la Gran Depresión y unas perspectivas económicas abismales, lo 
que exige fuertes sacrificios a los ciudadanos", dijo Bill Adams, 
economista del banco estadounidense PNC.
"España todavía puede estar uno o dos años en el purgatorio antes
 de que la economía tenga la esperanza de volver a la normalidad", 
sentenció este experto.