BRUSELAS.- La Comisión Europea decidió este jueves abrir una investigación formal al gigante chino Temu para evaluar si ha infringido la Ley europea de Servicios Digitales
(DSA) sobre la venta de productos ilegales y sobre el diseño
potencialmente adictivo del servicio.
La investigación también abarca a
los sistemas utilizados por Temu para recomendar compras a los usuarios,
así como el acceso a los datos por parte de los investigadores a
quienes la plataforma debe permitir estudiar cómo funcionan sus
algoritmos, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Es decir, se investigarán los sistemas que Temu tiene implantados para limitar la venta de productos «no conformes en la Unión Europea».
Entre ellos, el portavoz de Mercado Interior de la Comisión Europea,
Thomas Regnier, citó la venta de fármacos, productos químicos y
juguetes, si bien precisó que «lo importante es que no estamos mirando a
un tipo específico de producto», sino las medidas que Temu pone en
práctica para evitarlos, dijo en la rueda de prensa diaria de la
institución.
Entre otras cosas, la DSA exige sistemas diseñados para limitar la
reaparición de comerciantes deshonestos que hayan sido suspendidos
anteriormente y que se sepa que han vendido productos no conformes en el
pasado, así como sistemas para limitar la reaparición de productos no
conformes.
El Ejecutivo comunitario también quiere examinar en detalle
«los riesgos relacionados con el diseño adictivo del servicio, incluidos los programas de recompensas similares a juegos,
y los sistemas que Temu ha implementado para mitigar los riesgos
derivados de dicho diseño adictivo, que podrían tener consecuencias
negativas para el bienestar físico y mental de una persona».
Bruselas también pasará bajo su lupa el cumplimiento de las
obligaciones de la DSA relacionadas con la forma en que Temu recomienda
contenido y productos a los usuarios.
Esto incluye, precisó la Comisión,
el requisito de divulgar los principales parámetros utilizados en los
sistemas de recomendación de Temu y de proporcionar a los usuarios al
menos una opción de fácil acceso que no se base en la elaboración de
perfiles.
Otro aspecto incluido en las pesquisas comunitarias es el
cumplimiento de la obligación de la DSA de dar a los investigadores acceso a los datos de acceso público de Temu.
Si se confirmase que las actividades de Temu en las citadas áreas que
van a ser sometidas a evaluación no son conformes a la DSA, la
plataforma china estaría infringiendo cinco artículos de la citada
legislación europea (27, 34, 35, 38 y 40).
Las plataformas de internet
con más de 45 millones de usuarios en el continente deben tomar medidas
para detener la difusión de desinformación y contenidos
ilegales, incluida la venta de productos que no cumplan con las
regulaciones comunitarias, o de lo contrario se arriesgan a recibir
multas de hasta el 6 % de sus ingresos anuales globales, en virtud de la
DSA.
En su última declaración de septiembre, Temu dijo que tiene 92
millones de usuarios mensuales. La decisión adoptada hoy por el
Ejecutivo comunitario para iniciar una «investigación exhaustiva con
carácter prioritario» a Temu se produce tras los análisis preliminares
del informe de evaluación de riesgos facilitado por la plataforma china a
finales de septiembre pasado.
Para abrir esta investigación, que «no
prejuzga el resultado», Bruselas también ha tenido en
cuenta las respuestas a las solicitudes formales de información a Temu
de la Comisión de 28 de junio y 11 de octubre pasados, así como la
información compartida por terceros.
Asimismo, la Comisión también se basó en la información compartida a
través del mecanismo de cooperación con las autoridades nacionales en el
marco de la Junta Europea de Coordinadores de Servicios Digitales, en
particular con el Coordinador de Servicios Digitales irlandés, precisó
Bruselas.
A partir de ahora, la Comisión Europea seguirá reuniendo
pruebas, por ejemplo enviando solicitudes adicionales de información a
Temu o a terceros o realizando acciones de seguimiento o entrevistas.
La
DSA, que faculta a la Comisión a adoptar medidas coercitivas adicionales,
no establece ningún plazo legal para poner fin a una investigación
exhaustiva, que depende de la complejidad del caso, el grado de
cooperación de la empresa en cuestión con la Comisión y el ejercicio de
los derechos de defensa.
