BRUSELAS.- La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha intentado rebajar el debate sobre la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea al afirmar este jueves que no hay una propuesta formal sobre la mesa y que la prioridad debe ser aplicar el nuevo Pacto migratorio, al término de una reunión a 27 en donde la gran mayoría de delegaciones han reclamado el endurecimiento de las políticas para acelerar las expulsiones y castigar a los países terceros que no cooperen.
"Estamos haciendo algo grande de algo pequeño, no hay propuesta de la Comisión Europea, no hay propuesta formal por parte de nadie, lo que hay es un debate sobre cómo aumentar los retornos y ese es un debate importante", ha zanjado la socialista sueca, al término del que probablemente sea su última reunión de ministros de la UE ya que no repetirá en el próximo Ejecutivo comunitario.
En un almuerzo a puerta cerrada, los ministros han explorado el endurecimiento de la política migratoria y de asilo con "soluciones innovadoras" recogidas en un documento de trabajo circulado por la presidencia de turno húngara y que se basa en una comunicación previa firmada por 14 países, entre ellos Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, pero no España.
El documento plantea, por ejemplo, crear centros de deportación en países terceros distintos al de origen o tránsito de los migrantes irregulares llegados a suelo de la UE o castigar con medidas comerciales o restricciones de visado a los países de origen que no cooperen con los retornos.
Preguntado por la posición de España a su llegada a la reunión, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado comentar las opciones sobre la mesa y se ha limitado a subrayar la "importancia" del Pacto de migración y asilo que se logró cerrar a principios de año tras más de seis años de negociaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó esta semana por adelantar la aplicación del pacto de 2026 a 2025, pero el ministro no ha puesto fecha sino que ha insistido en la necesidad de una "implementación inmediata" de la reforma migratoria común y "seguir trabajando en la prevención y coordinación" con los países de tránsito y origen para atajar los flujos irregulares.
En todo caso, la necesidad de agilizar los retornos y acelerar su tramitación, sobre todo en casos de personas condenadas por delitos o que planteen una amenaza a la seguridad nacional, está en el centro de las discusiones y la reflexión llegará la próxima semana a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará en Bruselas, según distintas fuentes diplomáticas.
Varias fuentes diplomáticas sugieren que esta reflexión que se abre ahora a Veintisiete es una forma de presión sobre Bruselas para que retire aquella propuesta, que varios países consideran ya obsoleta, y presente un nuevo enfoque, más duro.
Ya en las directrices que la presidenta de la Comisión Europera, Ursula von der Leyen, publicó el pasado septiembre sobre el programa para su próximo mandato dejó entrever su propósito de presentar "un nuevo enfoque común en materia de retornos, con un nuevo marco legislativo que permita acelerar y simplificar el proceso".
En esta línea, el nuevo ministro de Interior francés, Bruno Retailleau, ha afirmado que la directiva actual sobre retornos fue diseñada cuando "el mundo era radicalmente diferente" y que ahora su aplicación complica más que facilita las expulsiones; por lo que ha reclamado una nueva propuesta en "meses".
Para la secretaria de Estado belga de Asilo y Migración, Nicole de Moor, es "realmente necesario" reformar las reglas de retorno porque "son necesarios procesos más rápidos" e "introducir la obligación de cooperar" para permitir las devoluciones de migrantes irregulares a los países de origen o tránsito en su huida a Europa.
"Hay eslabones débiles en la cadena", ha insistido De Moor, quien, con todo, ha subrayado también la necesidad de poner en práctica el Pacto migratorio.
Respecto a las herramientas posibles para presionar a países terceros que no acepten deportados, el ministro francés ha evocado medidas comerciales o restringir la política de visados -como ya hace la UE con Gambia y Etiopía-e, incluso, se ha referido a usar la ayuda al desarrollo, sin aclarar de qué modo.
