La situación actual de Cuba adquiere dimensiones cada vez más complejas, aunque el deterioro viene gestándose desde hace años. Hace unas semanas, el jefe de la CIA se reunió directamente en la isla con dirigentes cubanos, mientras el persistente bloqueo energético complicaba día a día las condiciones de vida y las posibilidades de negocio en el país caribeño.
Esta misma semana se conoció que el gobierno transitorio de Venezuela, bajo supervisión de Delcy Rodríguez,
solicita a sus compradores de petróleo que los pagos sean depositados
directamente en cuentas del Departamento de Estado estadounidense, algo
que de forma colateral cierra también una vía tradicional de
financiación para el régimen cubano.
Por si fuera poco el Banco Central de Cuba (BCC) informó este mismo miércoles que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de Estados Unidos.
El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el
exterior —cuyo nombre no fue difundido por el BCC— comunicó a la
autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad
financiera Fincimex, perteneciente al conglomerado empresarial del
ejército cubano Gaesa, para evitar las sanciones de Washington.
Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, representa una de las voces más críticas con el régimen cubano
dentro de la política estadounidense. De origen cubanoamericano, Rubio
ha mantenido históricamente una postura firme respecto a la necesidad de
intensificar las sanciones contra La Habana hasta lograr un cambio de
régimen. Como máximo actual representante de la diplomacia
estadounidense, Rubio dirige personalmente la estrategia de aislamiento
económico y político de Cuba.
La estrategia de Rubio amparada por Trump se centra en cortar todas las vías de financiación del gobierno cubano,
especialmente aquellas vinculadas al conglomerado militar Gaesa, que
controla gran parte de la economía de la isla, incluido el sector
turístico.
Su enfoque incluye presionar a empresas internacionales para
que abandonen sus operaciones en Cuba, amenazando con sanciones
secundarias a quienes mantengan vínculos comerciales con entidades
controladas por el ejército cubano.
Los últimos meses han estado marcados por una sucesión de medidas que intensifican el cerco económico
sobre Cuba. En marzo, la administración Trump ordenó una revisión
exhaustiva de todas las relaciones comerciales entre empresas
estadounidenses y Cuba. En abril, el director de la CIA realizó una visita sorpresa a La Habana,
que según fuentes diplomáticas tenía como objetivo transmitir mensajes
directos al gobierno cubano sobre posibles escenarios futuros.
La Orden Ejecutiva del 1 de mayo supuso un punto de inflexión al amenazar con sanciones
a cualquier entidad financiera que operase con empresas vinculadas al
gobierno cubano. Esta medida provocó que bancos internacionales
comenzaran a cortar sus relaciones con entidades cubanas para evitar
represalias.
Desde finales de mayo, las cadenas hoteleras españolas y
otras tantas internacionales anuncian su retirada progresiva, alegando
la imposibilidad de operar en un entorno de creciente incertidumbre jurídica y financiera.
Paralelamente, la crisis energética en Cuba se ha agravado
tras la reducción drástica de suministros petroleros desde Venezuela,
país que tradicionalmente proporcionaba combustible a precios
preferenciales.
A pesar de que Rusia y China han alzado la voz y han
realizado gestos humanitarios, nada parece atenuar la presión de
Rubio y Trump sobre el régimen castrista, cuyo líder simbólico, Raúl,
acaba de soplar las 95 velas.
El también exguerrillero y exministro de
las Fuerzas Armadas llega a esta fecha formalmente retirado de todos sus
cargos pero en el centro del tablero político, al liderar la negociación con Washington y haber sido imputado penalmente en EE.UU. por el derribo de dos avionetas -y la muerte de sus cuatro ocupantes- hace 30 años.
Entre tanto, los apagones se han vuelto cotidianos en toda la isla,
afectando tanto a la población como a la actividad económica, incluido
el sector turístico, principal fuente de divisas del país.
La estrategia
estadounidense hacia Cuba, según distintas fuentes especializadas, toma
como referencia el caso de Venezuela, donde años de sanciones y presión internacional han debilitado significativamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque el régimen venezolano no ha caído, las sanciones han reducido
drásticamente su capacidad de maniobra económica y han limitado sus
exportaciones petroleras, principal fuente de ingresos del país
sudamericano.
En el caso venezolano, Washington implementó un sistema progresivo de
sanciones que comenzó con individuos específicos del gobierno y culminó
con un embargo casi total sobre el sector petrolero.
En esta línea la administración Trump parece seguir un patrón similar
con Cuba, comenzando por sectores específicos como el turismo y las
finanzas, con el objetivo de estrangular paulatinamente la economía
cubana hasta forzar cambios políticos.
No obstante, existen diferencias importantes entre ambos casos.
Cuba cuenta con una economía más pequeña y diversificada que Venezuela,
aunque también más vulnerable por su dependencia del turismo y las
remesas.
Además, el régimen cubano ha demostrado históricamente una mayor capacidad de resistencia ante presiones externas, habiendo sobrevivido décadas de embargo estadounidense a pesar del alto coste humano y material.
La suspensión de servicios de Visa y Mastercard en Cuba representa un golpe significativo para la economía de la isla,
especialmente para el sector turístico.
Millones de visitantes
internacionales utilizan estas tarjetas como medio principal de pago, y
su ausencia dificultará enormemente las transacciones financieras tanto
para turistas como para empresas locales. El BCC ha señalado que
intentará buscar alternativas, pero las opciones son limitadas en el contexto actual.
Los bancos extranjeros muestran cada vez más reticencia a operar con
Cuba por temor a sanciones estadounidenses, lo que deja a la isla
prácticamente aislada del sistema financiero internacional.
Esta situación recuerda a los peores momentos del "Periodo Especial"
de los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética. Para los
ciudadanos cubanos, especialmente aquellos que reciben remesas del
exterior, el cierre de estos servicios financieros complica aún más
su situación económica.
Las remesas representan una fuente crucial de
ingresos para miles de familias cubanas, y las dificultades para
transferir dinero desde el extranjero agravan la crisis económica que
atraviesa el país.
Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) es el principal conglomerado empresarial de Cuba,
controlado directamente por el ejército cubano. Esta entidad administra
la mayor parte de los sectores estratégicos de la economía cubana,
incluyendo turismo, comercio minorista, construcción, finanzas y
telecomunicaciones.
Se estima que Gaesa controla aproximadamente el 60 %
de la economía de la isla. Fincimex, la entidad financiera mencionada
en el comunicado del BCC, es a su vez una de las empresas pertenecientes a Gaesa
y se encarga de procesar transferencias de dinero desde el extranjero,
especialmente remesas.
La existencia y el poder de Gaesa ha sido uno de los principales argumentos de Estados Unidos
para endurecer las sanciones contra Cuba, argumentando que el dinero
del turismo y otras actividades económicas no beneficia a la población
cubana, sino que enriquece a la cúpula militar que gobierna el país.
Basándose en los acontecimientos recientes y el precedente venezolano, varios escenarios se perfilan para Cuba
en el corto y medio plazo.
El primero y más probable es una
intensificación gradual de las sanciones, con nuevas medidas dirigidas a
aislar completamente a Cuba del sistema financiero internacional y
dificultar aún más su comercio exterior.
Un segundo escenario contempla posibles negociaciones discretas entre Washington y La Habana, como sugiere la visita del director de la CIA, alejando el fantasma de una posible intervención militar a escala similar a la presenciada sobre Caracas. Estas conversaciones, con el nieto de Raúl Castro a la cabeza, podrían explorar condiciones para una eventual normalización,
aunque la administración Trump ha dejado claro que cualquier acuerdo
requeriría cambios políticos sustanciales en Cuba, incluidas elecciones
libres y la liberación de presos políticos.
El tercer escenario, menos probable pero no descartable, implica una crisis humanitaria que obligue a la comunidad internacional
a intervenir o presionar a Estados Unidos para aliviar las sanciones.
Sin embargo, la experiencia venezolana sugiere que Washington mantendría
su política incluso ante un deterioro significativo de las condiciones
de vida en la isla.
Finalmente, existe la posibilidad de que Cuba busque nuevos aliados económicos
para compensar el aislamiento occidental. Países como China, Rusia o
Irán podrían incrementar su presencia en la isla, aunque ninguno de
ellos parece dispuesto actualmente a proporcionar el nivel de apoyo que
Cuba necesitaría para superar la crisis actual, y más con un bloqueo de
facto marítimo que puede intensificarse.
Finalmente la Unión Europea mantiene una posición compleja respecto a Cuba, intentando equilibrar sus relaciones históricas con la isla
y su alianza transatlántica con Estados Unidos.
El Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación entre la UE y Cuba, firmado en 2016, establece un
marco para las relaciones bilaterales que incluye comercio, inversión y
cooperación en diversos ámbitos.
También es cierto que la guerra en Ucrania condiciona de forma significativa las prioridades del bloque comunitario en el ámbito de relaciones internacionales. Además las empresas europeas enfrentan un dilema creciente:
mantener operaciones en Cuba implica riesgos de sanciones secundarias
estadounidenses, que podrían afectar sus negocios en el mercado
estadounidense, mucho más importante económicamente.
Las decisiones de Meliá e Iberostar ilustran cómo, en la práctica,
las políticas estadounidenses acaban condicionando las decisiones
empresariales europeas. Bruselas ha criticado en ocasiones las sanciones
unilaterales estadounidenses, defendiendo el principio del diálogo y el compromiso constructivo
con Cuba como vía más efectiva para promover cambios.
No obstante, la
capacidad de la UE para contrarrestar la presión estadounidense es
limitada, especialmente cuando afecta al sistema financiero
internacional, donde el dólar y las instituciones estadounidenses
mantienen una posición dominante.
Del mismo modo, el Gobierno de España se encuentra en dificultades
para incidir de forma significativa en las dinámicas que se están
poniendo en juego con respecto al futuro más inmediato de Cuba.
