BRUSELAS.- La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para 2035, en el marco de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante la ralentización de la demanda de eléctricos, la creciente competencia china y los aranceles de Estados Unidos.
El Ejecutivo comunitario planteó este martes que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que hasta un 10 % del volumen de CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor.
Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar «créditos», que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y de combustibles sintéticos (efuels). Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a partir de 2035.
«Afirmamos claramente el principio de neutralidad tecnológica. Confiamos en la industria para proponer las soluciones más pertinentes para alcanzar la descarbonización», dijo en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné.
La rectificación, que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España, que aboga por mantener el veto en 2035.
El ajuste llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones previstas para 2025. La Comisión repite ahora esa fórmula para el período 2030-2032, y a continuación revisará la legislación para ver si ha respondido a sus objetivos.
«La electrificación del parqué sigue siendo el principal motor de la transformación de la flota europea a diez años», pero «nuestra industria se enfrenta a tres grandes desafíos: una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal», resumió Séjourné.
El cambio en las exigencias climáticas a los constructores incluye otras medidas para relanzar al sector y se suma a una amplia estrategia de la Comisión para suavizar y simplificar el grueso de la normativa medioambiental aprobada en la pasada legislatura para no lastrar la competitividad económica de la UE.
La propuesta incluye también revisar la reducción de emisiones para las furgonetas, que en 2030 tendrán que hacer un esfuerzo de recorte de CO2 del 40 % respecto a 2021, y no del 50 %. Para los camiones, la Comisión plantea márgenes adicionales de flexibilidad de cara a 2030.
Además, el paquete incluye una directiva sobre flotas profesionales, orientada a impulsar la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones mediante objetivos específicos para las flotas de empresa, que suponen el 60 % de las compras de automóviles nuevos en la UE.
La iniciativa, que busca también generar un mercado de segunda mano de eléctricos, introducirá objetivos legalmente vinculantes para cada Estado miembro y se aplicará a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación.
La Comisión apuesta asimismo por el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles producidos en Europa, para los que propone una nueva subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos.
Estos nuevos coches, que medirán como máximo 4,2 metros y presentan rasgos similares a los «kei» japoneses, gozarán de permisos especiales de aparcamiento y exenciones en peajes, además de estar exentos de nuevas exigencias de seguridad y sostenibilidad durante diez años para abaratar su producción.
Además, si los vehículos se fabrican en Europa, sus ventas se ponderarán de forma que pesen más en la reducción de CO2 exigida de media a las flotas, y la Comisión propondrá a los Estados miembros que diseñen primas para su compra y programas de retirada de antiguos vehículos, así como tarifas de recarga reducidas.
Bruselas propone también exigir contenido local en los vehículos beneficiarios de apoyo público, especialmente en las flotas profesionales y en la cadena de valor de las baterías, con el objetivo de sostener la producción industrial europea y limitar la dependencia de terceros países.
Por último, el Ejecutivo comunitario presentó un plan de 1.800 millones de euros para apoyar a la industria europea de las baterías eléctricas que incluye financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y refuerzo de la investigación, con el objetivo de reducir la dependencia de China. Además, la Comisión espera ahorrarle a la industria 700 millones de euros al año simplificando la burocracia.
