ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) surgió hace ya más de seis décadas como herramienta última de examen y depuración de responsabilidades del Convenio Europeo de Derechos Humanos, vinculante para un total de 46 Estados miembro del Consejo de Europa. Sin embargo, sus reiteradas sentencias en contra de medidas nacionales sobre migrantes le han puesto en el punto de mira de países que reclaman políticas de mano dura como la Italia de Giorgia Meloni.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece dentro de su articulado una jurisdicción internacional competente para condenar a los Estados que no respeten los compromisos asumidos, origen del TEDH.
A esta corte pueden recurrir personas o entidades a título individual o colectivo y también países, en caso de que quieran elevar una denuncia interestatal en la esfera europea, siempre y cuando esté dirigida contra algún país firmante.
El Convenio tiene ya más de 70 años, pero no está exento de actualizaciones. Los protocolos adicionales --que suman ya catorce-- pueden ir añadiendo nuevos derechos, como ocurrió en 2003 para incorporar la abolición de la pena de muerte o en 2005 para consagrar la no discriminación, si bien el Consejo de Europa entiende que el tratado "evoluciona gracias sobre todo a la interpretación que el tribunal realiza de sus disposiciones".
Es esta interpretación la que algunos países asumen que se ha quedado obsoleta, como han expresado nueve gobiernos encabezados por Meloni y su homóloga danesa, Mette Frederiksen.
En una carta abierta suscrita también por Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, alegan que el TEDH "en algunos casos" se ha excedido a la hora de valorar las "intenciones originales" de la Convención para adoptar determinadas sentencias y limitar "decisiones políticas".
Por ello, piden comenzar a debatir hasta qué punto los tratados internacionales en vigor "encajan" con los "desafíos" de hoy, en particular la migración. "Ahora vivimos en un mundo globalizado en el que los migrantes cruzan fronteras en un nivel completamente diferente", señalan en su nota, que pone negro sobre blanco un debate hasta cierto modo recurrente en estos últimos años.
También fue motivo de discusión en Reino Unido a raíz de que un dictamen del TEDH impidiese a las autoridades británicas poner en práctica su polémico protocolo de deportaciones a Ruanda.
El anterior primer ministro, Rishi Sunak, llegó a sugerir que estaría dispuesto a romper con el tribunal si entendía que contravenía sus intereses nacionales, pero el cambio de Gobierno y el archivo de la iniciativa de traslados ha calmado las aguas.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, reconoció tras la última carta grupal que abordaba "asuntos complejos" y que "las democracias deben permanecer siempre abiertas a la reflexión", pero al mismo tiempo creyó necesario aportar algo de "claridad" para, entre otras cosas, dejar claro que los 46 países firmantes del Convenio lo han suscrito "libremente" y que el TEDH "existe para proteger los derechos y los valores que esos Estados se comprometieron a defender".
Berset, de nacionalidad suiza, considera que uno de los pilares del bloque es "el respeto a la independencia e imparcialidad" del tribunal. "Debatir es sano, pero politizar el tribunal no", advirtió, señalando que este tipo de órganos "no pueden doblegarse a los vaivenes cíclicos de la política" ni terminar siendo "arma" al servicio de gobiernos.
Así, frente a los "desafíos complejos" que pueda haber, llamó a no "fragilizar" el Convenio sino a "mantenerlo fuerte y relevante", ya que a día de hoy, por ejemplo, el TEDH "es la única jurisdicción internacional que valora las violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".
El Consejo de Europa también recuerda en su página web que los mecanismos no son inamovibles y que el protocolo número 14, destinado a garantizar la eficacia a largo plazo del tribunal, plantea una serie de cambios relativos a la admisión y la gestión de las demandas o los mandatos de los jueces.
Además, un grupo de sabios presentó en 2006 un informe al Comité de Ministros del Consejo de Europa, el principal órgano ejecutivo del bloque, una batería de propuestas de actualización sin entrar a modificar los tratados internacionales y evitando por tanto la complejidad de este proceso.
El Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa sigue analizando las diferentes propuestas.
