La policía tuvo que intervenir en un agromercado este mes cuando los clientes comenzaron a gritarle a los inspectores del gobierno que realizaban una visita de rutina, según contaron trabajadores del lugar. Dos reporteros tuvieron que salir del mismo mercado el martes cuando sus preguntas generaron fuerte discusión.
"Esto va a ser un desastre y habrá menos productos", afirmó Antonio Gutiérrez, un trabajador de cooperativa que vende hortalizas y frutas en el "agromercado" de 42 y 19 en el municipio Playa de la capital.
El gobierno cubano pensaba, a partir del 1ro de noviembre, congelar los precios en los agromercados liberados, los únicos donde rige la ley de la oferta y la demanda, aunque cuentan con supervisión estatal.
"El estado aplazó el cambio para el 2 de enero del 2010, estoy muy preocupado porque podría perder mi trabajo", manifestó Pablo Miguel Saldívar, trabajador del mercado.
Los medios de prensa cubanos no hicieron comentarios al respecto, pero un delegado municipal capitalino confirmó que se estaba preparando una revisión de los precios en los agromercados liberados, aunque habló bajo la condición del anonimato.
Gutiérrez, de una cooperativa en las afueras de Ciudad de La Habana que surte viandas, verduras y hortalizas al agromercado, precisó que "la cooperativa le vende el 70% de su producción al estado y el 30% restante queda para los mercados a precio diferenciado".
El presidente Raúl Castro está enfrascado en una política de lucha contra la corrupción y de reforzamiento de los controles del estado en varios sectores de la economía.
Ismael, un joven de 24 años que lleva seis años comprando productos en las cooperativas para venderlas en los agromercados liberados, señaló "nos quieren eliminar", aludiendo al estado.
"En este mercado hay de todo, eso es lo importante", señaló. "El estado en vez de controlar más, debería liberar este negocio, con una licencia, un impuesto, para acabar con la escasez".
Gladys, una jubilada de 72 años con una pensión de 240 pesos (11 dólares), está conforme con que "el estado controle los precios. Con mi pensión es poco lo que puedo comprar aquí. Pero es un problema bien complejo, aquí venden productos y son de calidad en tanto vengo de un agro estatal donde no había casi nada".
"¿Lograron poner alimentos en manos de la gente? Si. Pero se reduce el control gubernamental", comentó Bill Messina, economista agrícola en la Universidad de Florida en Gainesville.
Messina afirmó que el estado trata de "reforzar el control más que nunca... para consolidar el poder y superar la crisis". Y recordó que el gobierno ya experimentó estas medidas en las décadas de 1980 y 1990, y hace un año después del paso de dos huracanes, "por las mismas razones: el mercado negro, los intermediarios enriqueciéndose, el gobierno incapaz de controlar el mercado y suministrar los alimentos".
El agromercado liberado ofrecía variadas hortalizas, frutas y viandas; en dos agromercados estatales se vendían plátanos, cebollinos y calabaza china en uno, y malanga, boniato y ajo en otro.
En la isla existe un programa de venta controlada a precios subsidiados para productos de la canasta básica mediante el cual cada mes la población compra frijoles, papas, huevos, azúcar, café, arroz, leche, compota para niños, pescado y pollo.
"El problema es que el estado tiene mucho atraso en el pago a los campesinos, mientras los camioneros pagamos al momento", afirmó Ismael, un trajador del mercado también llamado "intermediario", que dio solo su primer nombre porque parte de lo que hace es ilegal.
"Somos bandidos, eso dicen, pero sin nosotros, no funciona nada", agregó.
Messina afirmó que en el gobierno autorizó el funcionamiento de estos mercados para cubrir una necesidad y que tomó esta medida de control varias veces "por algunas de las mismas razones de ahora: el mercado negro, los intermediarios que ganan mucho dinero y la incapacidad del gobierno de controlar el mercado y el suministro de alimentos".
En la actualidad operan más de 300 mercados en todo el país, pero en todos hay una supervisión del estado, en particular para fijar los precios, para evitar que suban demasiado y que los comerciantes se enriquezcan.
En los agromercados liberados reina un ambiente tenso ante la perspectiva de que el estado intervenga nuevamente.
Nancy Alfonso, una jubilada, desató tremendo revuelo el martes cuando defendió los cambios que se han propuesto, diciendo que "el estado no roba, es toda esta gente la que roba".
