PARÍS.- La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado que España
tiene la mayor tasa de jóvenes trabajando de forma involuntaria en
empleos a tiempo parcial de los países miembros, ya que prefieren
aceptar "cualquier trabajo" que no tenerlo.
Según recoge en su informe de sobre la estrategia de competencias
en España, un 22% de los jóvenes de 15 a 24 años trabajaban en 2013 de
forma involuntaria en empleos a tiempo parcial, frente a la medida del
4% de la OCDE.
"Dada la escasez de ofertas de empleo en España, muchos jóvenes
prefieren aceptar cualquier trabajo disponible si la alternativa es no
tener ningún trabajo. El subempleo puede provocar una autoestima
significativamente más baja, una menor productividad y pobreza con
empleo", advierte la organización dirigida por Ángel Gurría.
El informe apunta que cerca del 71% de los trabajadores jóvenes
son contratados de forma temporal, una proporción ha que aumentado
durante la crisis y que hace que sean vulnerables a las fluctuaciones
económicas. "Mientras que en los países europeos los contratos
temporales son para los jóvenes un paso previo antes del contrato fijo,
en España es más probable que los jóvenes permanezcan atrapados en los contratos temporales", critica.
En esta línea, la OCDE añade que a menudo aceptan empleos que no
corresponden con sus competencias, cualificaciones y campos de estudio.
Así, subraya que, aunque es normal que los jóvenes tarden algún tiempo
en encontrar un empleo acorde a su formación, la proporción de jóvenes
españoles (70%) es considerablemente superior que la media (61%).
Además, subraya que las reformas recientes, que han hecho que el
mercado laboral sea más flexible y los salarios respondan más a las
condiciones económicas, han provocado un aumento en la contratación,
pero añade que la crisis prolongada ha dado lugar a unos salarios
menores en el momento de contratación inicial o de renovación de los
contratos temporales.
En concreto, apunta que el salario inicial de los jóvenes ha
bajado de 1.210 euros en 2008 a 890 euros en 2013, lo que supone un
descenso del 35%. Por ello, advierte de que algunos jóvenes corren el
riesgo de padecer pobreza aunque dispongan de empleo y apunta que en
otros países, unos ingresos laborales bajos se compensan en parte
mediante apoyo económico de carácter fiscal para los trabajadores con
ingresos bajos.
Por otro lado, la OCDE señala que los jóvenes españoles se
enfrentan a impedimentos a la movilidad geográfica, como por ejemplo una
alquileres relativamente altos, que provoca que el 70% de los hombres
jóvenes en España con contratos fijos sigan viviendo con sus padres,
frente al 30% de Reino Unido, el 21% de Alemania o el 16% de Francia y
Países Bajos.
En este contexto, destaca que el Plan para la Implementación del
Sistema de Garantía Juvenil tiene la intención de que el Ministerio de
Empleo y las comunidades autónomas implementen programas que promuevan
la movilidad en el país y en Europa, pero agrega que en la práctica los
programas parecen centrarse en la movilidad internacional y no en la
movilidad en el interior de España. "Esto podría deberse a los retos que
supone coordinar esfuerzos en un país tan descentralizado como España",
apostilla.
Por otro lado, valora positivamente que España esté implementando
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que ha
supuesto algunas mejoras a corto plazo, pero agrega que todavía "queda
mucho por hacer".
En su opinión, es necesario tratar muchas cuestiones al mismo
tiempo para ayudar a los jóvenes a encontrar su primer empleo. Así,
aboga por que los servicios públicos de empleo mejoren su rendimiento a
la hora de apoyar y guiar a los jóvenes en su transición de la educación
al empleo y participen en el sistema educativo para ayudar a que una
mayor cantidad de ellos pueda hacer una transición fluida de la
educación al trabajo sin un periodo intermedio de desempleo.
Por otra parte, la OCDE recuerda que en 2014, España registró la
segunda tasa más alta de desempleo y la tercera más baja de creación de
empleo de la OCDE, al mimos tiempo que casi una cuarta parte de los
trabajadores españoles tenían una vinculación contractual temporal,
umbral superado únicamente por Chile y Polonia de entre los países de la
OCDE.
Ante los problemas característicos del mercado laboral español
(las altas tasas de desempleo, las bajas tasas de empleo y la dualidad
del mercado laboral) y pese a las reformas adoptadas desde 2012, la
organización insta al Gobierno a eliminar las barreras regulatorias y
fiscales a la contratación de trabajadores.
En su opinión, la "estricta" legislación para la protección del
empleo ha contribuido a una significativa dualidad del mercado español y
ha hecho que los empleadores recurran con frecuencia a los contratos
temporales para reducir costes y ha provocado que poca veces los
temporales sean un peldaño a los indefinidos.
Ante esta "arraigada" dualidad del mercado laboral, admite que no
existen soluciones "simples", pero sugiere opciones como hacer más
difícil y costoso el recurso a los contratos temporales, relajar la
legislación sobre el despido de trabajadores fijos o fomentar la
convergencia de los costes de extinción de los diferentes tipos de
contrato.
Así, añade que, aunque España tiene una normativa que regula el
uso de los contratos temporales, en la práctica, su aplicación ha sido
laxa y las restricciones no son a menudo suficientes para proteger a los
trabajadores del encadenamiento de contratos temporales, ya que las
empresas pueden emplear a los trabajadores mediante diferentes tipos de
contratos.
Por otro lado, la OCDE remarca que el impuesto sobre la renta, las
cotizaciones a la Seguridad Social hechas por el empleado y el
empleador y los impuestos sobre las nóminas introducen una brecha fiscal
entre lo que cuesta a la empresa un trabajador y lo que este se lleva
realmente a casa tras el pago de impuestos.
Así, alerta de que las brechas fiscales demasiado altas pueden
inducir a la gente a trabajar menos horas, trabajar (parcial o
totalmente) en la economía sumergida para evadir impuestos o hacerles
abandonar el mercado laboral por completo, así como reducir los
incentivos de los empleadores para contratar.
En su opinión, España afronta retos significativos en esta área,
ya que, dado que la participación en el mercado laboral es baja y el
desempleo alto, es algo preocupante que la estructura tributaria dependa
tan fuertemente como lo hace de los impuestos sobre los ingresos
laborales.
Además, cree que el régimen fiscal de España y la legislación
sobre protección del empleo pueden favorecer que la contratación y la
oferta laboral se produzcan en forma de economía sumergida, que en
*España es "relativamente grande" y tiene repercusiones económicas
negativas para la economía general y para las finanzas públicas.
En su opinión, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en
España puede alentar a muchos trabajadores irregulares y a los
empleadores que los contratan a regularizar su situación en el mercado
laboral, sobre todo si al mismo tiempo se potencia el esfuerzo por
combatir el fraude en materia fiscal.
