MADRID.- El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) propuso hoy al Gobierno de España un plan de choque, con medidas a corto y medio plazo, destinado a frenar la 'sangría' del paro y reactivar la actividad productiva, con un coste para el Estado de 21.140 millones de euros entre 2009 y 2010.
La organización, que engloba a un centenar de empresas con una facturación total equivalente al 16% del PIB español, prevé reducir los costes laborales y la presión fiscal, generando un ahorro anual a las empresas de 8.270 millones de euros y propiciando la reducción del paro.
Además, incluye un gasto directo de 2.300 millones, hasta los 10.570 previstos para cada anualidad, que se destinará a aportar 60.000 millones de liquidez y a reflotar así la actividad de las empresas.
Así lo explicaron en rueda de prensa el presidente del Instituto, Simón Pedro Barceló, y su director General, Fernando Casado, quienes hicieron hincapié en que el plan busca unos "efectos inmediatos" que no han tenido las medidas adoptadas por el Gobierno.
Entre los costes directos, el IEF propone aumentar la línea ICO para circulante en 50.000 millones de euros, lo que tendría un coste derivado de intereses de 2.000 millones de euros.
Además, solicita la creación de un fondo de ayudas financieras de 10.000 millones de euros para las administraciones que no puedan pagar puntualmente a las empresas. En este caso, el coste derivado sería de unos 250 millones de euros.
Este fondo, que se acompaña de un periodo de pago no superior a los 30 días, debería ser financiado, según la organización empresarial, a través del ICO o de algún departamento de la Administración, pero preferiblemente de manera directa, "sin involucrar a las entidades financieras", dada su actual situación de falta de liquidez.
También dentro de las actuaciones a corto plazo, pero en el plano fiscal y de reducción de costes, el IEF propone reducir en dos puntos porcentuales las cuotas mensuales a la Seguridad Social que pagan las empresas por trabajador, con un ahorro anual de 5.800 millones, y de diez puntos por cada nuevo empleo fijo creado, con un coste anual de 240 millones.
Para paliar las dificultades que atraviesa la industria del motor, insta a aplicar un incentivo de 2.000 euros para la compra de vehículos destinados a actividades económicas, lo que tendría un coste de 200 millones cada año.
Por otro lado, otros 50 millones anuales se destinarían a equiparar el tratamiento fiscal de los créditos de las empresas a sus accionistas al del resto de las rentas de capital, que hacen frente a un tipo del 18%.
Además, el plan de choque propuesto contempla medidas a medio plazo, muchas de ellas encaminadas a flexibilizar el mercado laboral y que, recalcan, no supondrían coste alguno para el Estado.
Así, los empresarios agrupados en el IEF proponen condicionar los incrementos salariales a la productividad, poder ajustar las plantillas temporalmente a las necesidades de producción, otorgar a las Mutuas la facultad para emitir propuestas de alta médica en el pago de la incapacidad temporal o trasladar las festividades laborales que caen entre semana a los lunes.
Ahora bien, también proponen a medio plazo reducir el Impuesto sobre Sociedades del 30% al 25%, y del 25% al 20% en el caso de las pymes, y aplazar el pago del IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social, iniciativas que retraerían unos 2.000 millones a las arcas públicas.
Además, el IEF solicita que, con carácter transitorio, se permita que puedan acometerse proyectos empresariales tras una mera comunicación formal a la administración correspondiente, para que ninguna iniciativa viable se deje de emprender por "un exceso de burocracia".
Por último, la organización propone recuperar la exención fiscal por reinversión de beneficios, lo que tendría un coste aproximado de 30 millones de euros anuales.
Con este plan sobre la mesa, Barceló insistió en que el valor de estas medidas se centra en su "inmediatez", en vista de que "el Gobierno no es consciente" de las necesidades de las empresas. Así, indicó que están pensadas para tener efectos "para ayer", frente a las del Gobierno, que, siendo "positivas", tardarán en dar frutos "entre seis y ocho meses".
Por otro lado, la organización empresarial volvió a dejar sola a la CEOE en su petición de abaratar el despido, como anteriormente hicieran, no sólo el PSOE y los sindicatos, sino también el PP. Así, Barceló apostó por "abaratar el empleo, no el despido", ya que "la urgencia está en mantener al máximo la continuidad de los puestos de trabajo".
Por último, el IEF hizo una "llamada a la tranquilidad y al trabajo en común" y pidió que, además del Gobierno, el resto de las administraciones y los agentes sociales se adhieran a su propuesta. "La situación merece un acuerdo nacional", concluyó Barceló.
