El presidente del TUE dice que sin orden "vuelve la violencia salvaje y prevalece la ley del poder militar"

 BARCELONA.- El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Koen Lenaerts, ha defendido el orden como valor internacional pero ha advertido: "En el contexto geopolítico actual vemos qué ocurre cuando este orden desaparece: vuelve la violencia salvaje y prevalece la ley del poder militar".

Lenaerts considera que los valores fundacionales de la UE no están en crisis en Europa si se toma la Unión en su conjunto, aunque "como en cualquier sistema legal, existen fuerzas internas que cuestionan algunos aspectos", ha dicho en una entrevista de 'Ara' este sábado.

Para él, la mayor amenaza a los valores europeos llega "cuando una mayoría política adopta una visión tan 'correcta' que cualquier opinión divergente es vista como una enemiga del pueblo", pero ha avisado de que el 'pueblo' no es la mayoría, sino que es un concepto inclusivo dentro del cual deben respetarse las minorías.

En cuanto a la preocupación expresada por la Comisión Europea sobre el poder judicial en España, ha respondido que no puede responder esa pregunta: "Hay varios casos pendientes en los que tribunales españoles nos han planteado cuestiones prejudiciales para aclarar qué exige el derecho de la Unión en cuanto a la independencia judicial", y ha contestado igualmente al ser preguntado sobre la ley de amnistía: "Lo mismo ocurre, también está pendiente". 

El TUE dice que el derecho a reagrupación familiar debe aplicarse aún si el menor cumple 18 años durante el proceso

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves que el derecho de inmigrantes menores de edad a beneficiarse de una reagrupación familiar en la Unión Europea se debe respetar también aún cuando el niño llegue a cumplir la mayoría de edad durante el periodo en que se resuelve su caso.

La fecha que las autoridades de un Estado miembro deben tener en cuenta para determinar si un miembro de la familia de reagrupamiento familiar es menor debe ser por tanto aquella en la que se presentó la primera solicitud de entrada y de residencia, razona la Justicia europea.

De este modo, el tribunal con sede en Luxemburgo explica en el fallo publicado este jueves que un recurso interpuesto contra la denegación de una solicitud de reagrupación familiar de un menor no puede ser declarado inadmisible únicamente porque el menor haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento judicial.

El caso responde al de un ciudadano que goza del estatuto de refugiado en Bélgica y que solicitó sin éxito en dos embajadas belgas, primero en Guinea (2012) y después en Senegal (2013), la autorización de residencia con fines de reagrupación familiar para sus tres hijos menores de edad.

El solicitante de la reagrupación familiar apeló las decisiones en Bélgica, pero el Tribunal de extranjería declaró los recursos inadmisibles en 2018 por considerar que no había interés en completar la acción, al considerar que el interés debe existir en el momento de interponer el recurso y perdurar durante todo el procedimiento.

El Tribunal europeo, sin embargo, responde ahora que la fecha a tener en cuenta es la de la presentación de la solicitud y recuerda que el objetivo de la normativa comunitaria es favorecer la reagrupación familiar y dar protección a los nacionales de terceros países, especialmente a los menores.

De este modo, la sentencia apunta que si la edad relevante fuera la del solicitante en el momento del pronunciamiento no solo no sería conforme a los objetivos perseguidos de protección del menor, sino que las autoridades no tendrían "ningún incentivo" para tramitar con la "urgencia necesaria" los casos que afectan a menores.

El ‘Financial Times’ hace una apasionada defensa del juez español Garzón en su editorial de hoy

LONDRES.- El diario “Financial Times” critica hoy en un editorial el procesamiento de Baltasar Garzón, que califica en el título de “ataque no merecido” contra el magistrado español. Según el periódico, el caso presenta todo el aspecto de “un intento políticamente motivado de difamar y acabar con la carrera de un valiente funcionario que ha combatido a terroristas y a los GAL (artífices de la guerra sucia contra ETA), ha luchado contra la corrupción y la tiranía”.

Es un ataque “injustificado” que habla “muy mal del sistema judicial español, cada vez más politizado”. El principal cargo contra Garzón, agrega el diario, es que se ha excedido en sus funciones al investigar delitos contra la Humanidad perpetrados por las fuerzas franquistas entre 1936 y 1939.

Según el artículo, el debate es “qué hacer con los restos. Distintos países -desde Sudáfrica a Chile, Polonia a Argentina- han encontrado distintas maneras de (hacerlo de) acuerdo a sus circunstancias. La manera de España fue una amnesia negociada de la transición pos-Franco, por lo cual los delitos de la guerra civil serían olvidados (y las pruebas dejadas enterradas o destruidas)”.

“Pero eso ha negado un entierro decente a los republicanos derrotados, cuyos restos son exhumados de cientos de fosas comunes en toda España en virtud de la controvertida ley ‘memoria histórica de 2007″, subraya el periódico.

Pero Garzón, agrega, “fue más allá al abrir casos contra los autores franquistas, casi todos muertos, algo que ha indignado a la derecha, que argumenta que contraviene la ley de amnistía de 1997″.

El FT dice que no puede haber una ley de prescripción en delitos contra la humanidad, y el problema es cómo equilibrar la Justicia y el juicio político. ”Garzón estaba respondiendo -como es su deber- a las peticiones judiciales de las familias de los muertos”, dice el diario.

El problema es que la política en España, desde que los socialistas llegaron al poder después de los ataques de Madrid en marzo de 2004, se ha vuelto destructiva entre facciones, “pero esa no es una justificación para hacer que uno de los más distinguidos funcionarios públicos de España sea una víctima”, concluye el FT.

El Supremo absuelve a Javier de la Rosa por la operación Croesus, última pieza del 'caso Kio'

MADRID.- El Tribunal Supremo ha absuelto al empresario Javier de la Rosa de la pena de cuatro años y ocho meses impuesta por la Audiencia Nacional por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por la operación Croesus, última pieza separada del 'caso Kio' que juzgó el desvío de 17,4 millones de euros.

El Alto Tribunal acepta el argumento de prescripción del delito y explica que "todo el edificio jurídico impugnativo cae por su base" al aceptar que se produjo "una sola infracción punible", cuya prescripción es de cinco años, y no delitos continuados, que prescriben en una década.

La sentencia, dictada el pasado ocho de abril, estima parcialmente el recuso de acusación presentado por De la Rosa y anula la resolución condenatoria del 1 de abril de 2008 dictada por la Audiencia Nacional, que le consideró como único culpable y absolvió a los otros cinco imputados en la trama.

El Supremo estima así que existió "una sola infracción punible" y considera probado "el absoluto perfeccionamiento del acto apropiativo de 17,4 millones de euros (27,4 millones de dólares)", así como el "haber transcurrido con creces el plazo de cinco años y la prescripción del delito".

La Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel para el empresario catalán por su responsabilidad en el desvío en 1988 de dicha cantidad desde su puesto de vicepresidente de la papelera española Torras Hostench, posteriormente Grupo Torras, participada en un 24,6% por Kuwait Investment Office (KIO).

En noviembre de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó visto para el juicio oral por el 'caso Croesus', en el que actuaron como acusaciones particulares el Ministerio Fiscal y el Grupo Torras. Ésta última solicitaba doce años de prisión para el condenado.

Jueces de lo Mercantil proponen la extensión de la dación en pago de viviendas para evitar la sobrecarga de procesos

VALENCIA.- Jueces de lo Mercantil de toda España propusieron hoy, en un encuentro de Derecho Concursal en Játiva, la extensión de la dación en pago como alternativa para las familias que no puedan hacer frente a sus hipotecas, para evitar la sobrecarga de procesos concursales, según informaron en un comunicado fuentes de la organización.

El objetivo es que el banco obtenga una propiedad con un valor potencial en el mercado, y el deudor se vea liberado de su obligación y pueda negociar una nueva fórmula, vía arrendamieno y otra alternativa, para seguir disfrutando de su vivienda.

Esta posibilidad, además, se podría plantear antes de llegar al concurso y a la intervención del juez, utilizando una fórmula que la actual reforma de la Ley Concursal plantea para la refinanciación y que, según Fernando Presencia, juez de lo Mercantil de Valencia, podría extenderse a la dación en pago.

Se trata de la intervención de expertos independientes del Registro Mercantil como certificadores ante el banco de que un crédito hipotecario resulta incobrable. El banco, con esta garantía, se plantearía aceptar entonces la dación en pago ante la posibilidad de que finalmente no pueda obtener ninguna otra fórmula de cobro. Es decir, extinguiría la obligación a cambio de patrimonio.

Los participantes en las jornadas coincidieron en que, a través de estas medidas, se puede dar salida a la actual situación de estancamiento financiero y de severa crisis del mercado hipotecario. Además se evitaría la sobrecarga de procesos concursales, al cambiar el punto de gravedad del concurso al preconcurso.

El juez Edorta Josu Etxarandio señaló, en este sentido, que "la dación en pago es una fenomenal posibilidad" en actual momento de desplome inmobiliario ya que supone que lo que tiene un precio teórico, en este caso el piso, "siga manteniendo un valor pero no mediante la realización sino por la puesta en mercado forzosa".

Para ello, es fundamental la colaboración de las entidades financieras que, en un segundo paso, y una vez adquiridos los pisos cuyos créditos no se podrían hacer frente, podrían convertirse, a juicio de Fernando Presencia, en reordenadoras del mercado inmobiliario, regulando la oferta y estableciendo los precios de acuerdo a la demanda.

En definitiva, darle un carácter general a lo que ya se está haciendo en determinados casos.

Mañana, 25 de abril, concluirá el Encuentro con la conferencia de Emilio Beltrán, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo-CEU y las dos últimas mesas redondas dedicadas a debatir sobre aspectos de la nueva reforma de la Ley Concursal, que la mayoría de los jueces presentes en el Encuentro ha definido como "necesaria" en el momento actual de crisis pero "insuficiente".

El juez declara prescrito el delito de 'Pepe el del Popular' y acuerda su puesta en libertad

SANTANDER.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha declarado prescrita la posible responsabilidad criminal de José Pérez Díaz, 'Pepe el del Popular', por los delitos de falsedad en documento mercantil y de apropiación indebida cometidos supuestamente cuando dirigía la sucursal número 1 del Banco Popular en Santander, y ha ordenado su "inmediata" puesta en libertad.

Así se acuerda en un auto fechado el pasado viernes, 3 de abril, por el magistrado titular del juzgado, Fernando Vegas García, contra el que cabe recurso de apelación ante el propio juzgado y ante la Audiencia Provincial de Cantabria, en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del auto a las partes.

En el auto, el magistrado recuerda que los hechos que se le imputan a Pérez Díaz son susceptibles de ser calificados como delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito continuado de apropiación indebida.

Ahora bien, explica que la legislación aplicable debe ser la que estaba vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos (entre los años 1989 y 1991), por tanto, el texto refundido del Código Penal del 14 de septiembre de 1973.

Y de acuerdo con esa normativa, los delitos imputables a 'Pepe el del Popular' tenían un plazo de prescripción de diez años. En el caso del segundo de los delitos, el de apropiación indebida, la aplicación podría diferir si se considerara que en la estafa hubo múltiples perjudicados, pero el Juzgado remite a la sentencia del Tribunal Supremo de junio del año 2006, en la cual se concluye que el único perjudicado fue el banco (los clientes fueron indemnizados por la entidad).

En consecuencia, el magistrado considera prescritos ambos delitos y concluye que no procede pedir la extradición de José Pérez Díaz, sino por el contrario, dejarlo en libertad. Así lo acuerda en el auto, en el que declara extinguida la responsabilidad criminal y ordena su puesta en libertad, orden que se cursará a las autoridades mexicanas vía Interpol.

Recurso del Banco

Los Servicios Jurídicos del Banco Popular van a recurrir el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander.

Así lo aseguró el director de los Servicios Jurídicos, Tomás Pereira, quien prefirió no obstante reservar para el procedimiento judicial los argumentos en los que se va a sustentar el recurso.

El Banco tiene un plazo de cinco días hábiles, desde la notificación del auto, que ya tiene en su poder, para presentar recurso de apelación, que será resuelto entonces por la Audiencia Provincial de Cantabria.

La entidad acude a esta instancia con la esperanza de que la Audiencia asuma sus argumentos, y considere que el delito no está prescrito y que todavía se puede juzgar a Pérez Díaz. Y Pereira cree "posible" que su recurso pueda prosperar, porque, según dice, todas las cosas en derecho, tienen su argumentación.

De hecho, pone el ejemplo del auto dictado por el mismo Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, hace algo más de un año, en el que se aseguraba que el delito no prescribía hasta 2012, mientras el auto del pasado viernes lo considera ya prescrito.

No obstante, el responsable de los Servicios Jurídicos no entra a valorar este último auto y recalca que "respetan" las decisiones judiciales y que es en ése ámbito judicial en el que se debe de tratar el asunto.

"Las resoluciones judiciales hay que verlas siempre a la luz de los argumentos de las partes", hay una defensa, un ministerio fiscal, una acusación "y el juez valora y resuelve a derecho".

"Y eso es lo que se ha producido", aseguró el letrado, quien recordó que si alguna de las partes no comparte la resolución, "para eso" están los recursos.

El Fiscal pide 4 años y 6 meses para Alierta por el 'caso Tabacalera'

MADRID.- El Fiscal solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 216.364 euros para el presidente de Telefónica, César Alierta, por un delito de uso de información privilegiada, en el marco del denominado 'caso Tabacalera', mientras que la defensa del empresario tiene argumentos para demostrar que no existió delito alguno.

Asimismo, en su escrito de calificaciones, el Ministerio Público pide una pena de cuatro años de cárcel para el otro acusado, Luis Javier Placer, sobrino de Alierta, y solicita que se le imponga una multa por el mismo importe.

El Fiscal considera a ambos responsables de un delito de uso de información privilegiada en concepto de autores, y pide asimismo que se proceda a comisar la ganancia obtenida mediante la compra-venta de acciones de Tabacalera, por importe de 1,86 millones de euros.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, concluyó la instrucción del procedimiento abreviado el pasado mes de mayo y remitió el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló la apertura de juicio oral para el próximo 14 de abril.

Alierta y su sobrino está acusados de un presunto delito de uso de información privilegiada durante una operación de compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, que generó unas plusvalías de 1,86 millones de euros.

En fuentes jurídicas indicaron que la defensa de Alierta expondrá en la vista, entre otros argumentos, que no existió un caso de información privilegiada por la extensión del período transcurrido entre el momento en que se compraron las acciones y el de su venta, que ascendió a ocho meses.

El 'caso Tabacalera' comenzó a raíz de la querella presentada por Auge, que acusó a Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

Desde entonces, cinco instancias distintas archivaron la causa en diferentes ocasiones. Primero fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 1998), después la Fiscalía General del Estado (2002), por dos veces el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid (2003) y por último el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006).

El Tribunal Supremo español prohíbe incluir a un cliente en el registro de morosos sin verificar por ir contra el honor

MADRID.- El Tribunal Supremo ha prohibido a las entidades financieras y empresas incluir a un cliente en los registros de morosos sin verificar la veracidad de los impagos, ya que esto supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor, según informó hoy el Alto Tribunal en un comunicado.

La resolución, acordada hoy por el pleno de la Sala Primera de lo Civil del Alto Tribunal y que sienta jurisprudencia, concluye que "la inclusión en un registro de morosos sin que concurra veracidad es una intromisión ilegítima en el derecho al honor por cuanto la imputación de ser moroso lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación".

La sentencia, pendiente de redacción, desestima el recurso de casación presentado por el BBVA contra el fallo dictado el 13 de diciembre de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Tenerife, que dio la razón a una clienta, cuyos datos fueron comunicados a los registros de morosos Badex y Asnef-Equifax, después de que se negara a abonar 1.051 euros cargados indebidamente en su cuenta.

La sentencia del tribunal tinerfeño condenó a BBVA a pagar a la demandante una indemnización de 18.030 euros por daños morales más las costas derivadas del proceso y a instar la baja de los datos facilitados a los registros de morosos.

El banco cargó en la cuenta de la clienta un pago de 1.051 euros realizado supuestamente con su tarjeta Visa-Clásica. La afectada reclamó al banco la anulación del cargo en diversas ocasiones vía teléfono, sucursal y ante el servicio del defensor del cliente para posteriormente presentar denuncia ante el Banco de España y ante la Policía Nacional.

El tribunal desestimó las alegaciones realizadas por BBVA, que defendían que la clienta sólo estuvo doce días inscrita como morosa, durante los cuales nadie consultó sus datos. El juez consideró que el acceso a los datos que tuvieron tanto el banco como los dos registros de solvencia patrimonial fueron suficientes para probar la vulneración al honor.

El Tribunal Constitucional español desestima el recurso de amparo de César Alierta y su sobrino por el 'caso Tabacalera'

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) de España ha desestimado los recursos de amparo y de nulidad de actuaciones presentados por el presidente de Telefónica, César Alierta, y su sobrino Luis Javier Placer, únicos acusados en el 'caso Tabacalera' cuyo juicio está fijado para el próximo 14 de abril, según la sentencia dictada por el TC el pasado 23 de marzo.

El Constitucional concluye que el recurso de amparo es "subsidiario" al proceso penal por lo que un pronunciamiento por su parte "resulta prematuro", y antes debe haber una "resolución firme".

La sentencia recuerda que "la celebración del juicio oral no ha tenido lugar", por lo que otorga "la posibilidad a los óganos judiciales de pronunciarse sobre tales vulneraciones antes de acudir en petición de amparo".

En este sentido, el TC explica que "el demandante de amparo tiene todavía la ocasión de plantear, en la sede judicial ordinaria, la vulneración de derecho fundamental, invocado ante el TC, y tiene también la posibilidad de que la queja sea apreciada".

Alierta y Plácer presentaron recurso de amparo ante el TC contra el auto dictado el 10 de mayo de 2006 por el Tribunal Supremo, que rechazó otro incidente de nulidad presentado contra la decisión de este tribunal de declarar recurrible en casación el auto dictado el 17 de noviembre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid, que archivó el 'caso Tabacalera' por prescripción del delito.

El Tribunal Supremo ordenó en junio de 2007 al juez instructor reabrir el 'caso Tabacalera', así como la celebración de juicio oral al estimar los recursos de casación presentados por la asociación Auge y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, concluyó la instrucción del procedimiento abreviado el psado mes de mayo y remitió el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló la apertura de juicio oral para el próximo 14 de abril.

El presidente de Telefónica y su sobrino está acusados de un presunto delito de uso de información privilegiada durante una operación de compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, que generó unas plusvalías de 1,86 millones de euros.

El 'caso Tabacalera' comenzó a raíz de la querella presentada por Auge, que acusó a Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

Desde entonces, cinco instancias distintas archivaron la causa en diferentes ocasiones. Primero fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 1998), la Fiscalía General del Estado (2002), por dos veces el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid (2003) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006).

La reforma de la Ley Concursal española favorece separar la vida económica de la concursal para salvar empresa

MADRID.- La reforma de la Ley Concursal española, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros mediante Real-Decreto Ley, favorecerá que las empresas en dificultades económicas puedan disociar la vida económica de la concursal para alcanzar una acuerdo de refinanciación, ya sea por medio de liquidación o convenio anticipado, y salvar el negocio, según explicaron abogados expertos de la firma Uría Menéndez en un encuentro con la prensa.

"La nueva Disposición Adicional Cuarta introducida en la Ley Concursal favorecerá los acuerdos de financiación por la vía de liquidación o convenio", afirmó el abogado Alberto Núñez-Lagos, quien explicó que la antigua ley Concursal provocaba que la empresa "se viera abocada a la liquidación porque su actividad quedaba paralizada al entrar en concurso".

"Se pretende evitar que la empresa esté en concurso más de un mes y liberar al negocio de la carga de estar en concurso", afirmó la socia de la oficina de Barcelona de Uría Menéndez, Ariadna Cambronero.

En este sentido, los abogados explicaron que la inclusión del artículo 142 bis abre la posibilidad al deudor de presentar una liquidación anticipada que podría llevarse a cabo en tres o cuatro meses, en lugar de los entre uno y dos años que se tardaba con la legislación anterior.

Así, los empresarios podrán presentar el plan de liquidación anticipada después de la emisión del informe concursal y no tras la finalización de la fase común, lo que permitiría, entre otras soluciones, "vender la compañía a un tercero, obtener dinero para pagar a los acreedores y mantener a los trabajadores y proveedores", explicó Núñez-Lagos.

Otra de las reformas que podría evitar que el 90% de las empresas en concurso acaben en liquidación irreversible, como sucede en la actualidad, es la posibilidad que se da al deudor para presentar ante el juez una propuesta convenio anticipado, con plan de renegociación de la deuda, dos meses antes de solicitar la declaración de concurso.

La reforma varía el contenido de los artículos 100, 105, 115 bis, 124, 128, 129 de tramitación del convenio anticipado y permite a los administradores de la empresa en dificultades evitar que un tercero pueda presentar solicitud de concurso necesario contra ella, así como llegar a un acuerdo de refinanciación que podría evitar el concurso.

"La reforma ha eliminado la mayoría de las prohibiciones que impedían al deudor acogerse al convenio", apuntó Cambronero, quien destacó la eliminación de la celebración de la junta de aprobación del convenio en concursos con más de 300 acreedores.

Asimismo, la nueva regulación del convenio anticipado permitirá al juez elevar los límites de quita -no pueden exceder del 50% de cada crédito ordinario- y espera - máximo de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial- cuando la actividad de la empresa "pueda tener especial trascendencia para la economía", según reza el artículo 100.

Ante la actual coyuntura económica, este cambio "abre la puerta a que el juez tenga un mayor margen y libertad" para aprobar el convenio, cuyo contenido dependerá de los sectores. "En el sector inmobiliario se darán quitas mínimas y esperas más largas, mientras que en otros sectores será al revés", previó Núñez-Lagos.

Núñez-Lagos criticó la "dilación innecesaria del proceso" que aportará la obligación de nombrar a un economista independiente por parte del Registro Mercantil para que emita su opinión sobre los acuerdos de refinanciación, incluido en la Disposición Adicional Cuarta.

En este sentido, Cambronero explicó que la exigencia de pedir la opinión de un experto independiente "cierra la puerta a las empresas con acuerdos de refinanciación que ya están en concurso", ya que "no existen garantías" de que se pronuncie a favor.

Asimismo, Núñez-Lagos añadió que si la empresa ya está en concurso y refinanció hace un año "no podrá acogerse a la reforma", sin embargo, defendió que a la hora de valorar el perjuicio a los acreedores los jueces, a partir de ahora, "deberían resolver teniendo en cuenta la reforma si las empresas en concurso cumplen con los requisitos que establece la nueva Ley".

La Disposición Adicional Cuarta exige, además, que el acuerdo de refinanciación sea aprobado por los acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo, "una mayoría muy alta", según el experto de Uría Menéndez.

Por último los abogados concluyeron que la reforma, que entra en vigor desde hoy tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "es buena porque intenta solucionar los problemas que existen en este mundo de crisis".

Incautada la mansión de Madoff en Florida

MIAMI.- Agentes federales estadounidenses incautaron el miércoles una mansión del financiero Bernard Madoff en Palm Beach (Florida, sureste de EEUU) valorada en 9,4 millones de dólares durante un operativo judicial para recuperar activos del fraude por el que el empresario fue a la cárcel, dijo un portavoz judicial.

Además de la mansión, alguaciles del sur de Florida habían incautado antes un yate de lujo y otro de menor tamaño de propiedad de Madoff en dos marinas de Fort Lauderdale (50 kilómetros al norte de Miami) y los entregaron a un agente de remates, según la misma fuente.

Tras apropiarse de los yates, agentes federales se dirigieron a una casa de cinco dormitorios, ubicada en el 410 North Lake Way, la zona más exclusiva de Palm Beach, colocaron un aviso de confiscación y comenzaron a inventariar y confiscar pertenencias del estafador Madoff, dijo Barry Golden, portavoz de los alguaciles del sur de Florida.

"Se incautó la casa, pertenencias que había en ella, y un automóvil marca Mercedes", indicó Golden.

"Los objetos incautados en la casa no son para conocimiento del público", se excusó el portavoz, que señaló que no se prevén por el momento nuevas incautaciones de bienes de Madoff en Florida.

Los operativos, que buscan indemnizar a inversionistas estafados, se llevaron a cabo por orden de un tribunal de Nueva York que conduce las investigaciones sobre el millonario fraude de 50.000 millones de dólares que cometió el financiero.

Madoff permanecerá en la cárcel al rechazar el juez la petición de libertad bajo fianza

NUEVA YORK.- El veterano inversor Bernard L. Madoff, que permanece en prisión desde que el pasado 12 de marzo se declarara culpable de once delitos que podrían suponerle una condena de hasta 150 años, no podrá abandonar su celda al denegar el juez la petición de libertad bajo fianza presentada por sus abogados, según señala la cadena de televisión CNBC.

Una comisión compuesta por tres jueces determinó que existen "suficientes argumentos" respecto al posible riesgo de fuga del inversor de 70 años, que podría ser condenado a permanecer en prisión por el resto de sus días.

Asimismo, los jueces tuvieron en cuenta la posibilidad de que el ex presidente de Nasdaq, acusado de cometer la mayor estafa de la historia, podría contar con recursos en el extranjero para financiar una potencial fuga.

"El acusado cuenta con una residencia en el extranjero y ha tenido tiempo más que suficiente para ocultar recursos sustanciales en el extranjero", indica el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

Por su parte, el abogado de Madoff, Ira Lee Sorkin, reconoció a la CNBC la "decepción y el respetuoso desacuerdo con la decisión del Tribunal" y declinó realizar comentario alguno sobre la posibilidad de nuevas apelaciones.

Madoff, quien fue detenido el pasado 11 de diciembre tras confesar a sus hijos el multimillonario fraude perpetrado a través de un 'esquema Ponzi' que causó pérdidas de al menos 50.000 millones de dólares a sus clientes, había logrado evitar la prisión tras pagar una fianza de diez millones de dólares que le permitía estar bajo arresto domiciliario en su exclusivo apartamento del Upper East Side de Manhattan, pero tras su confesión de culpabilidad del pasado 12 de marzo, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

La sentencia del caso podría dictarse el próximo 16 de junio.

Prisión sin fianza para el activista español que estafó a varios bancos

BARCELONA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona decretó esta tarde prisión sin fianza para Enric Duran, el activista que hizo público en septiembre que había estafado 492.000 euros a 39 entidades financieras. El juez le imputa los delitos de estafa continuada y falsedad documental y justificó su ingreso en prisión en base al riesgo de fuga del detenido.

Su abogado, Àlex Solà, anunció su intención de recurrir el ingreso en prisión preventiva de Duran, quien llegó al juzgado esposado y custodiado por cuatro mossos d'Esquadra, después de que el juez de guardia se inhibiera en favor del Juzgado de Instrucción número 29 porque fue éste el que inició la investigación.

Ante las puertas de los juzgados, Solà lamentó que el juez haya ordenado la detención de Duran sin haberle citado a declarar, ya que hubiera podido comparecer voluntariamente como pensaba hacer ayer. "No es ninguna irregularidad pero es una exageración", afirmó Solà.

Sin embargo, los Mossos d'Esquadra arrestaron el martes al activista, cuando estaba en el edificio central de la Universitat de Barcelona (UB), donde hasta ayer varios estudiantes contrarios al Plan Bolonia permanecieron encerrados.

El letrado aseguró que no había ninguna orden judicial de búsqueda y captura contra su cliente, y no recibió ninguna notificación del juez instructor, que abrió la investigación a raíz de la querella interpuesta por varias de las entidades financiera estafadas.

Duran, en cambio, sí ha recibido citaciones civiles, ya que algunos bancos han emprendido acciones para recuperar el dinero por la vía civil. No obstante, la idea del activista es "no hacer una defensa civil, sino sólo comprobar que la cantidad reclamada es la que se debe", explicó Solà.

Un grupo de jóvenes se concentraron ante los juzgados para mostrar su apoyo a Duran, quien hizo pública su estafa el 17 de septiembre, cuando se distribuyeron 200.000 ejemplares gratuitos de la publicación 'Crisi', que explicaba cómo había obtenido créditos de bancos que no pensaba devolver, por lo que había huido fuera de España.

También repartieron ejemplares de la publicación '¡Podemos!', que propone varias medidas para desvincularse del sistema financiero capitalista como sacar todo el dinero de los bancos y dejar de pagar las hipotecas.

Un juez federal atiende súplica de apelación de la efensa de Madoff

NUEVA YORK.- El abogado del encarcelado financiero Bernard Madoff pidió el jueves a una corte federal que autorice a su cliente a salir del reclusorio en libertad bajo fianza hasta que sea sentenciado.

La Corte anunció que no fallara de inmediato.

El abogado Ira Sorkin se dirigió a los tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones federales. Sostuvo que un magistrado cometió un error legal cuando ordenó la semana pasada el encarcelamiento preventivo de su cliente.

Madoff, de 70 años, fue encarcelado tras declararse culpable de fraude bursátil y otros delitos. Admitió que engañó a sus inversionistas por miles de millones de dólares al menos durante dos décadas .

La fiscalía sostiene que Madoff debería permanecer en prisión en vista de las posibilidades y medios que tiene para huir tras declararse culpable.

Madoff encara 150 años de cárcel cuando sea condenado en junio.

Los fiscales también confiscarán los bienes de la esposa del financiero Madoff

NUEVA YORK.- La fiscalía de Nueva York anunció este lunes que solicitará la confiscación de los bienes de la esposa del financiero Bernard Madoff, procesado por un fraude de más de 50.000 millones de dólares.

Según un documento remitido al tribunal federal de Nueva York que se ocupa del caso, los fiscales anunciaron que solicitarán la incautación de una serie de bienes del financiero, incluyendo yates y automóviles de lujo.

También serán embargadas propiedades de Madoff en el sur de Francia y en Florida. Pero muchos de esos bienes estaban a nombre de su esposa, Ruth Madoff, que hasta el momento no ha sido inculpada por el fraude.

Entre ellos, los yates y embarcaciones 'Bull', 'Sitting Bull' y 'Little Bull', todos nombres que hacen referencia al toro, que en la jerga de Wall Street significa un mercado pujante y en alza.

La lista incluye una cuenta a nombre de Ruth Madoff con bonos municipales por más de 45 millones de dólares y el valor total de bienes listados a su nombre, ahora también en la mira de los fiscales, supera los 60 millones.

"Eso significa que el gobierno está convencido de que esos bienes fueron adquiridos con fondos obtenidos ilegalmente" comentó Jacob Frenkel, ex investigador de la SEC, regulador de la bolsa norteamericana.

"Nadie cree que este hombre haya podido manejar solo su negocio", estimó por su parte Judith Welling, una jubilada víctima de Madoff, a quien había confiado 1,5 millón de dólares hace una década.

"Además ella trabajaba como contable, no podía no saber nada", agregó Welling. "Pero el delito de conspiración es muy difícil de demostrar", admitió.

Madoff, de 70 años, se declaró culpable el jueves de 11 cargos por un fraude piramidal que afectó a instituciones caritativas, personalidades adineradas, universidades y bancos, que aspiran a recuperar al menos parte del dinero.

El financiero quedó detenido a la espera de una sentencia en junio por haber montado el fraude mediante un 'esquema Ponzi', una estafa que consiste en ofrecer inversiones con rentabilidad inusualmente alta, financiada con los fondos de los inversores más recientes.

Según documentos transmitidos al tribunal, el financiero llevaba junto a su mujer una vida lujosa y el monto de sus bienes era de 823 millones de dólares.

El matrimonio poseía inmuebles por 22 millones de dólares a finales de 2008, entre ellos su apartamento de Manhattan (7 millones de dólares), una residencia de un millón de dólares en Cap d'Antibes (sur de Francia), otra en el estado de Nueva York y una mansión de 11 millones en Palm Beach (Florida, sur de EEUU).

La lista revela además que Madoff poseía a esa fecha 10 millones de dólares en muebles y obras de arte, y el yate 'Bull', de siete millones de dólares, en el sur de Francia.

La pareja Madoff era dueña también de joyas por valor de 2,6 millones de dólares, un piano Steinway (39.000 dólares) y de 65.000 dólares en platería en su apartamento de Nueva York.

Chile demanda al Santander y a otros tres bancos en EEUU por presunta ocultación de la fortuna de Pinochet

SANTIAGO DE CHILE.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile ha interpuesto una demanda contra el Banco de Chile, el Santander, el Espirito Santo y el PNC Financial Services Group (antiguo Riggs) por el presunto ocultamiento de la fortuna familiar de Augusto Pinochet. Se calcula que el montante total que el dictador ocultó en Estados Unidos asciende a 26 millones de dólares (unos 19 millones de euros).

La denuncia fue interpuesta este martes en Estados Unidos y las acciones están encabezadas por el abogado norteamericano Pedro Martínez Fraga. El tribunal del distrito sur de Florida ha designado ya a los cuatro magistrados que tramitarán cada una de las acciones civiles: Joan Lenard para la demanda presentada en contra del Banco de Chile; Paul Huck para la que afecta al Santander; Donald Graham para la correspondiente al Espirito Santo; y Alan Gold para el PNC, según informó 'La Nación'.

Según la normativa estadounidense, se demanda a estos bancos por la sola "existencia del daño" que provocaron al fisco chileno al mantener cuentas con dinero de Augusto Pinochet.

Las gestiones comenzaron el 26 de septiembre del pasado año tras la publicación en julio en el Diario Oficial de un decreto por el que se autorizaba al Consejo de Defensa a asumir las gestiones en representación del Estado de Chile, "con el fin de obtener la indemnización de los daños causados por las actuaciones y omisiones vinculadas con la administración de cuentas corrientes e inversiones" relacionadas con el denominado 'caso Riggs', absorbido por PNC.

El Senado de Estados Unidos descubrió en 2005 la existencia de cuentas secretas relacionadas con el ex dictador chileno que, usando hasta once identidades falsas, abrió cuentas en el Riggs y otros bancos del mundo, especialmente en "paraísos fiscales" con fondos que supuestamente fueron obtenidos de manera irregular durante la dictadura.

Según el informe del Senado norteamericano, algunas de estas cuentas fueron usadas incluso cuando Pinochet "estaba bajo arresto domiciliario en Londres y sujeto al congelamiento de sus cuentas", y al parecer el propio banco Riggs realizó maniobras para ocultar el dinero.

Si los bancos demandados no llegan a un acuerdo con el CDE, la acción judicial presentada en Estados Unidos podría obligarlos a abrir sus registros para que se compruebe si cumplieron con las exigencias legales de la Oficina de Control de la Divisa (OCC, por sus siglas en inglés).

Madoff pasará sus primera horas en prisión tras declararse culpable de la mayor estafa de la historia

NUEVA YORK.- "Culpable". Tras pronunciar esta palabra Bernard Madoff pasará sus primeras horas en prisión después de admitir ser el responsable de la mayor estafa de la historia de Estados Unidos.

La sentencia no se conocerá hasta dentro de tres meses pero el juez puso fin a sus tres meses de exclusivo arresto domiciliario en un 'pent-house' de Manhattan, para alegría de sus víctimas, que recibieron la noticia entre aplausos a las puertas del tribunal de Nueva York donde comparecía el hasta hace 90 días gurú de las finanzas y respetado inversor de Wall Street.

Tal como ya había anticipado su abogado hace dos días, Madoff se declaró culpable de los once delitos que la Fiscalía le había imputado formalmente el martes pasado: fraude con acciones, fraude en asesoría financiera, fraude en transferencias bancarias, fraude postal, perjurio, falso testimonio, dar información falsa a la SEC, robo de fondos de inversión de sus trabajadores y tres delitos de blanqueo de dinero.

"Operé un esquema ponzi durante años", admitió este jueves el financiero estadounidense durante su esperada comparecencia en un tribunal de Nueva York, la primera desde que fue arrestado en diciembre pasado.

"En realidad siempre supe que este día acabaría llegando", añadió un Madoff nervioso que aseguró sentirse "avergonzado" y "arrepentido" por los numerosos crímenes que cometió.

Ante las preguntas del juez encargado del caso, Denny Chin, el veterano inversor reconoció que durante años aprovechó su reputación y 'saber hacer' en Wall Street para captar fondos de miles de clientes a los que prometía jugosas rentabilidades por unas inversiones que en realidad pagaba con los fondos de nuevas víctimas.

"Al principio creía que podría pararlo, pero la cosa se fue complicando y al final resultó imposible controlarlo", reconoció.

El magistrado aceptó entonces la declaración de culpabilidad del otrora respetado presidente de la bolsa electrónica Nasdaq y acto seguido, entre los aplausos de los asistentes a la sala, revocó la fianza y decretó su ingreso inmediato en prisión, poniendo fin a un escándalo que salió a la luz el 11 de diciembre tras confesar a sus hijos el multimillonario fraude, que llevó a su arresto horas después por agentes del FBI.

Muchas de sus víctimas acudieron hoy a los juzgados de Nueva York para seguir de cerca la vista y quizá para presenciar el momento en que Madoff supo que pasará el resto de sus días entre rejas.

Hasta ahora había logrado evitar la prisión tras pagar una fianza de diez millones de dólares que le permitía estar bajo arresto domiciliario en su apartamento, valorado en siete millones de dólares, y sometido a constante vigilancia a través de un brazalete electrónico.

Aunque sigue sin conocerse una cifra oficial del número de estafados por el inversor, la Alianza Global de Abogados del caso Madoff, que está presidida por el letrado español Javier Cremades, calcula que serían en torno a tres millones de personas que están repartidas por todo el mundo, desde grandes inversores institucionales hasta multimillonarios y estrellas de Hollywood.

Para ellos el escándalo todavía no ha terminado. Quieren saber dónde está el dinero que les robó y si alguna vez podrán recuperarlo. La pregunta ahora es saber si las autoridades pondrán en el punto de mira de la justicia a los familiares de financiero, especialmente a su esposa Ruth, quien desde que su marido fue detenido ha intentado en varias ocasiones recuperar parte del 'botín'.

La Fiscalía ha asegurado por activa y por pasiva que la decisión de Madoff de declarase culpable no ha sido fruto de una negociación, por lo que el veterano inversor no está obligado a colaborar con la justicia.

Y en un intento por volver a defender la inocencia y honorabilidad de los suyos, este jueves lo repitió varias veces ante el juez, que él es el único responsable de la mayor estafa de la historia. Un fraude que le llevará a pasar el resto de su vida entre rejas.

Condenado el chantajista de la heredera de BMW

MUNICH.- Un ex trabajador de un banco de inversiones suizo fue condenado el lunes a seis años de cárcel por intentar chantajear a la mujer más rica de Alemania, heredera del imperio automovilístico de BMW, con grabaciones secretas de sus citas en hoteles.

Helg Sgarbi admitió haber seducido a la heredera Susanne Klatten y a otras tres mujeres acaudaladas y convencerlas de que le pagaran casi 10 millones de euros con varias pretextos, incluyendo una de que tenía problemas con la mafia italiana.

"Lamento lo que hice", declaró Sgarbi, de 44 años, al tribunal de Múnich, con poca emoción. "Pido perdón a las mujeres implicadas".

Klatten, miembro de la familia Quandt - principales accionistas de BMW - hizo pública el año pasado la historia de cómo su amante grabó sus encuentros secretos y después pidió 49 millones de euros para no revelarlos.

La admisión de Sgarbi evita que Klatten, que rara vez aparece en público, tuviera que declarar ante el tribunal.

La heredera de 46 años, casada y madre de tres niños, conoció a Sgarbi en un centro de salud, según contaron los fiscales estatales a un tribunal abarrotado.

Pretendiendo ser un enviado especial para zonas de guerras, Sgarbi atrajo a Klatten tras enviarle mensajes de texto y llamándola con sus declaraciones de amor.

Ella le entregó después una caja de cartón con 7 millones de euros en billetes de 500 euros, creyendo que había dejado paralítico a un niño en un accidente de tráfico en América y necesitaba el dinero para pagar una indemnización y evitar ser encarcelado.

Klatten puso fin a la relación después de que le pidiera más dinero. Él respondió amenazando con enviar fotos y cintas de sus encuentros a colegas, familiares y la prensa, a menos que ella le entregara 49 millones de dólares.

Hojeando el currículum vitae del acusado, el juez Gilbert Wolf leyó sobre una fulgurante referencia laboral del banco de inversión Credit Suisse, describiendo el papel de Sgarbi como especialista en fusiones y adquisiciones.

El fiscal estatal Thomas Steinkrauss-Koch dijo al tribunal que pediría nueve años de cárcel.

"¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las cintas? Y ¿quiénes son los cómplices?", preguntó al acusado.

La riqueza de Klatten está estimada por la revista Forbes en casi 10.000 millones de dólares, lo que la convierte en la 68º persona más rica del mundo.

Tiene alrededor de la mitad de la compañía química Altana así como el 12,5 por ciento de BMW.

El 99% de los jueces y magistrados españoles considera clave la prueba pericial económica para dictar sentencias

MADRID.- El 99% de los jueces y magistrados consideran que la prueba pericial económica tiene una importante relevancia en el proceso de deliberación y emisión de sentencia, así como el 68% de los asesores legales y el 60% de los responsables de despachos, según un estudio presentado hoy por KPMG.

Además, el 91 por ciento de estos jueces y magistrados consideran "indudable" que la prueba pericial económica-financiera tendrá aún más relevancia en el sistema procesal español, tras la entrada en vigor en 2001 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que supuso una "profunda transformación del papel" de estas pruebas.

La principal novedad que introdujo la nueva LEC es la obligación que tiene el juez a admitir como prueba aquellos dictámenes periciales que cada parte aporte de expertos independientes.

En este sentido, la aportación de los peritos económico-financieros ha sido positiva o muy positiva para el 83% de los magistrados y jueces, el 82% de los asesores legales externos y el 80% de responsables de asesoría jurídica.

La contratación de los servicios de un experto independiente en contabilidad y finanzas comienza a ser una práctica cada vez más habitual, ya que el 67% de los letrados consultados afirma que, en los últimos 12 meses, ha acudido a un experto independiente en tal ámbito en más de tres casos, según el estudio.

El director del área de Forensic de KPMG y responsable de pruebas periciales para España, Fernando Cuñado, explicó que "el uso de las pruebas periciales se ha ido ampliando fuera de las jurisdicciones civil o mercantil, para alcanzar también un mayor protagonismo en el ámbito penal".

Los casos de competencia desleal son los que más requieren la intervención de un perito económico-financiero debido al incremento de las denuncias por estos delitos y por su enorme complejidad. Por detrás se encuentra los litigios de componente fiscal, violaciones de derechos de propiedad intelectual y la resolución e incumplimiento de contratos.

El estudio, que recoge la opinión de 700 expertos, fue elaborado por la Cátedra de Investigación Financiera y Forense creada por KPMG y la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía Española.

'Google' respalda a Europa en el juicio contra Microsoft

SAN FRANCISCO.- Google Inc. se está alineando con los reguladores europeos en el ataque a Microsoft y su dominio del mercado de navegación por internet, lo que genera más inquina entre dos de las empresas más ricas y poderosas de la computación.

El asalto contra el Internet Explorer de Microsoft, anunciado el martes, coincide con el intento de Google de ganar mayor aceptación para su Chrome, una máquina de navegación introducida hace seis meses.

Ante una denuncia de Opera, otro rival de Internet Explorer, la Comisión Europea inició una investigación acerca de si la unión del navegador de Microsoft con el sistema operativo Windows había sofocado la competencia e innovación. Las investigaciones preliminares concluyeron que el navegador de Microsoft gozaba efectivamente de una ventaja desleal, en violación de la ley europea de 1996.

Microsoft tiene plazo hasta fines de marzo para responder, y podría verse obligado a desprender el Internet Explorer de Windows.

Como tercero en el proceso europeo, Google espera demostrar por qué se debe obligar a Microsoft a competir en igualdad con otros navegadores.

"No es fácil crear un remedio sin consecuencias indeseadas, pero cuanto mayor sea el número de voces en la conversación, mayores serán las probabilidades de éxito", escribió Sundar Pichai, un vicepresidente de Google, en su blog el martes.

Los fabricantes de Firefox, cuya popularidad ha aumentado en los últimos años, también han ofrecido ayuda a la Comisión Europea contra Microsoft.

Un vocero de Microsoft se negó a hacer declaraciones y refirió las inquietudes a un comunicado emitido por Microsoft hace un mes, al conocerse los resultados preliminares.

"Nos comprometemos a realizar nuestros negocios con pleno respeto por la ley europea" dijo Microsoft en esa ocasión.