LONDRES.- Las autoridades sanitarias británicas estudian pedir a los pacientes el 
pasaporte u otra forma de identificación para acceder a la atención 
médica, a fin de evitar abusos y asegurar el cobro de los tratamientos a
 los extranjeros.
El Ministerio británico de Sanidad ha informado hoy de que 
evalúan aplicar este plan a toda la Sanidad después de que algunas áreas
 del Servicio Nacional de Salud (NHS) ya están solicitando la 
identificación para algunos tratamientos que no son de urgencia.
El secretario permanente del Ministerio de Sanidad, Chris 
Wormald, declaró al Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los 
Comunes que el NHS tiene aún "un camino por recorrer" para poder 
reclamar el dinero por la atención médica a extranjeros.
Wormald admitió que hay problemas a la hora de identificar 
la nacionalidad de los pacientes. 
"Tenemos autoridades sanitarias 
locales que están viendo si piden dos formas de identificación antes del
 tratamiento", agregó Wormald, si bien admitió que es un plan 
"controvertido" puesto que supondría pedir de repente a toda la 
población que facilite el pasaporte.
La presidenta del citado comité parlamentario, Meg Hillier, 
no ocultó su inquietud por el plan ya que muchos británicos no tienen 
pasaporte ni otra forma de identificación puesto que en el Reino Unido 
no existe un documento nacional de identidad.
"Debido a que nunca viajaron, no tienen pasaporte, o no 
tienen permiso de conducir (una forma de identificación utilizada en 
este país) porque nunca han conducido", agregó Hillier.
Los visitantes del Espacio Económico Europeo (EEE) tienen 
cobertura médica en virtud de acuerdos por los cuales sus respectivos 
países pagan por los tratamientos. Esta información sale a la luz en 
medio de la incertidumbre sobre las negociaciones para la salida 
británica de la Unión Europea (UE) tras el referéndum del pasado 23 de 
junio.
La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado que 
activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia los dos años 
de negociaciones sobre la retirada, antes de que concluya marzo de 2017.
 

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