MADRID.- En plena tormenta económica en España, con los mercados preocupados por el elevado déficit del país y la sociedad alarmada por el paro y los recortes sociales, pocos esperarían que una de las cuestiones más espinosas de las cuentas públicas con las que tendrá que lidiar el gobierno que salga de las urnas el 20-N esté relacionada con la Defensa.
Y sin embargo, las deudas que acumula esta cartera - que oscilan entre los 26.000-27.000 millones de euros y cuyo pago se extiende hasta 2025 -, serán previsiblemente uno de los asuntos más urgentes sobre la mesa del próximo presidente del Gobierno.
"Esta es la patata caliente (para el próximo gobierno), o lo resuelve en seis meses o le va a estallar en las manos", dijo Enrique Navarro, presidente de la consultora IC2 Partners.
La implicación de España en grandes programas con los que modernizar las Fuerzas Armadas, así como su presencia en misiones internacionales, creció notablemente en el anterior gobierno del PP y se mantuvo durante la primera legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aprovechando los últimos coletazos del periodo de expansión económica, el presupuesto de Defensa creció un 57 por ciento entre 1998 y 2008 hasta los casi 8.500 millones de euros.
España se unió a ambiciosos proyectos europeos, como el caza Eurofighter 2000 y el avión de transporte A-400M, además de otros contratos importantes a nivel nacional, como el del carro de combate Leopardo, las fragatas F-100 y los submarinos S-80, que ahora algunos ponen en duda que sean adecuados para las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.
"Estamos pagando cosas que probablemente no vamos a necesitar", afirmó Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Estos contratos de modernización contaron con el apoyo imprescindible de los créditos blandos concedidos por el Ministerio de Industria bajo el concepto de ayudas a la innovación tecnológica en el sector de la defensa y en forma de anticipos reintegrables a las empresas, para que pudieran ir fabricando el material hasta que Defensa les pagara.
Pero esta política expansiva se dio de bruces con el estallido de la crisis en 2008 y, al igual que el resto del presupuesto público, Defensa tuvo que ajustarse el cinturón.
En estos tres años, su presupuesto - del que hasta un 65 por ciento corresponde a gastos de personal, una cifra que ha ido en aumento - ha bajado un 15 por ciento, y el capítulo de inversiones reales, de donde paga estos programas, ha caído a la mitad en ese mismo periodo hasta los 1.000 millones de 2011.
Sin embargo, tiene que afrontar una deuda de unos 26.000 millones de euros hasta 2025 - tras haber pagado ya unos 5.000 millones -, explica Navarro. Según el analista, 14.000 millones de euros pendientes de pago corresponden a los créditos anticipados por Industria y que habría que devolver a partir de 2014; 4.000 millones de euros figuran entre los retrasos que Defensa ya tenía que haber pagado a las empresas y 8.000 millones deberían ser pagados en los próximos cinco años a la entrega del material.
Ante la dificultad de conseguir cifras oficiales sobre la deuda pendiente y los calendarios de pago, se espera como agua de mayo la comparecencia el miércoles en el Congreso del secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. El funcionario, que ha llegado a hablar de un "festín de gasto público" en defensa en la época del PP, cifró hace un año la deuda en 27.000 millones de euros.
Los rígidos compromisos de consolidación fiscal con Bruselas dificultan aún más el panorama lo que, según diversos analistas, podría llevar a Defensa a paralizar sus inversiones durante hasta 10 años.
"El ministerio tiene para gastar este año en inversiones 200 millones y tiene que pagar unos 1.000 millones", dijo Fonfría.
Los analistas explican que se han barajado varias opciones: desde condonar los créditos de Industria a alargar el calendario de pago, pasando por crear un organismo que asuma las deudas o permitir que las empresas exporten parte de los encargos y así reducir el déficit. Además, Defensa podría optar por vender sus participaciones en empresas como Hispasat o Isdefe, según analistas.
En un momento en el que se teme que la economía de los países desarrollados pueda caer en una nueva recesión y en el que hasta Estados Unidos -el país con mayor gasto militar del mundo- ha aprobado recortes en el presupuesto del Pentágono, también está en juego la supervivencia de la industria española de Defensa, que ha sufrido ajustes de hasta el 25 por ciento de su fuerza laboral en estos tres años.
"Si en los próximos años hay que dedicarse a pagar lo que se ha construido y las empresas mientras están de brazos cruzados, cierran en dos años el 80 por ciento", afirmó Enrique Navarro, de IC2 Partners, que destacó que "muchas de las decisiones industriales que se tomaron fueron por política industrial".
Dominada por cuatro compañías - EADS-Casa, General Dynamics, Indra y Navantia -, la industria de defensa cuenta en España con unos 50.000 empleos directos e indirectos y factura entre 2.500 y 3.500 millones de euros al año.
"¿Es necesario mantener una industria española de Defensa? Yo parto de la base de que sí, por cuestiones estratégicas y de soberanía nacional, pero otra cosa es si su capacidad competitiva es la adecuada", señaló Fonfría, que ha formado parte de un grupo de trabajo encargado por el ministerio para estudiar esta situación. "Además, está sobredimensionada".
Ante esta situación y en vísperas de una cita electoral que podría suponer un cambio de gobierno en favor del Partido Popular, según las encuestas, las empresas no quieren hablar de problemas en los pagos mientras tratan de abrirse a mercados exteriores.
Fonfría se mostró partidario de contratos más pequeños "pero más necesarios, sobre todo con el tipo de conflictos que tenemos actualmente", y menciona por ejemplo los UAV, aviones no tripulados, de los que el Ejército español está utilizando algunos en la misión en Afganistán de procedencia extranjera.
En sentido similar, Navarro explica que parte del problema radica en la pretensión de jugar un rol en las misiones internacionales quizás excesivo para el peso del país. "Esto es consecuencia de tener un Ejército que gasta menos de la mitad que el resto de los países y sin embargo estamos en las mismas misiones que el resto de los países, las cuentas no cuadran", dijo.
El Partido Popular, que ha apostado por mantener la presencia española en misiones como la de Libia o Afganistán, aún no ha presentado públicamente sus propuestas de defensa y declinó hacer declaraciones sobre esta situación.
Un borrador de su programa mencionado por medios habla de reducir el número de mandos militares y de instalaciones. También considera prioritario sacar la deuda del balance del ministerio, aunque no especifica cómo, mientras sus "ideas en defensa" recogidas en su web (www.pp.es) hablan de impulsar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y cumplir los planes de capacidades militares.
Cuando el partido de centroderecha ya ha anunciado que llevará a cabo recortes en la Administración y varias de las comunidades autónomas en las que gobierna han reducido recursos en áreas como sanidad y educación, parece difícil que se vaya a mejorar la dotación para la defensa en un país con un profundo sentimiento antimilitarista, a pesar de que las Fuerzas Armadas son de las instituciones mejor valoradas en las encuestas.
