MADRID.- Es necesario remontarse a una reunión de 2002 en el palacio
presidencial de Miraflores para entender cómo se establecieron las redes
de la corrupción institucional que han expoliado los
recursos económicos de Venezuela en los últimos 17 años, principalmente
mediante la malversación organizada del principal activo del país: la
petrolera estatal PDVSA. según amplio informe que publica El Confidencial.
Según
relata un alto oficial del Ejército venezolano, en ese encuentro, el
entonces todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería,
Rafael Ramírez, sentó a
Hugo Chávez
y a otros militares y banqueros próximos al Gobierno. Allí, Ramírez
expuso la necesidad de derivar al extranjero parte de los beneficios de
la venta internacional de crudo para financiar el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y también para generar ahorros en divisas a
través de la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido. Todo
ello ha generado que afines al chavismo hayan cobrado desde entonces
comisiones multimillonarias en ese tránsito de capitales públicos y,
además, hayan distraído para ganancia propia ingentes cantidades de
dinero para engordar sus cuentas en bancos de Suiza, España y otros
países*.
Ese esquema diseñado de malversación fue tasado en 2018 en 20.000 millones de dólares anuales.
La estimación la realizó un experto estadounidense del Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos en una investigación que sirvió en
julio pasado a un tribunal de Florida para acusar a varios próceres del
chavismo, principalmente a los que han sido protagonistas de ese sistema
de fraude entre 2014 y 2018. Sobresalen entre los aludidos
personalidades como el propio presidente
Nicolás Maduro y
su testaferro y presidente del canal televisivo Globovisión, Raúl Gorrín. El auto de acusación señala a Maduro y a sus hijastros como beneficiarios de transacciones ilegales que rondarían los 160 millones de dólares.
Documentos
judiciales y bancarios en manos de El Confidencial y el testimonio
recabado de oficiales del propio chavismo, abogados y agentes de
servicios de Inteligencia muestran cómo entre 2011 y 2013 se movieron en
bancos suizos no menos de 1.862** millones de euros directamente transferidos desde PDVSA y 4.805 millones de dinero público venezolano
que se gestionaron para comprar bonos en Reino Unido. En la compraventa
de bonos británicos, jugaron al lucrativo negocio del cambio de divisas
de libra esterlina a dólar y luego a bolívar.
Esta actividad dejó
pingües beneficios por la dualidad del precio, muy disímil entre el
valor del dólar oficial en Venezuela y el del mercado negro. Los
beneficios de los cambios, en centenares de millones de dólares, se
transferían desde cuentas en Suiza a diferentes bancos donde sociedades
de Estados Unidos, España, Malta, Suiza, Curazao, Panamá, Bahamas y
otros países tenían sus cuentas y blanqueaban el dinero originado en los
ingresos de la estatal petrolera PDVSA. Entre los titulares de esas
cuentas fueron agraciados el propio Raúl Gorrín y su socio, Gustavo Perdomo, altos funcionarios, militares, financieros, empresarios y las propias familias de Chávez y Maduro. Todo ocurrió con el beneplácito y la complicidad presidenciales.
Según evidencia la documentación a la que ha tenido acceso este
diario, esos miles de millones de euros expoliados durante el chavismo
no solo han servido para llenar de ceros las cuentas bancarias de unas
decenas de aprovechados, sino que también han sido blanqueados mediante
la compra de inmuebles y fincas en multitud de países (incluida España),
la adquisición de obras de arte en casas de subastas como Sotheby’s o
Christie’s, yates, aviones privados y un sinnúmero de objetos de lujo.
¿En
qué consistía el negocio del cambio de divisas de fondos procedentes de
PDVSA y que está siendo investigado y ya ha sido juzgado en varios
países? El auto de Florida, firmado por el experto en movimientos
financieros ilícitos George F. Fernández, lo explica de forma concisa y
diáfana con un ejemplo: “En 2014, un individuo podía cambiar 10 millones
de dólares a cambio de 600 millones de bolívares de acuerdo a la tasa
económica real. Entonces, si ese individuo tenía acceso al precio fijado
por el Gobierno, podía convertir esos mismo 600 millones de bolívares
en 100 millones de dólares. Básicamente, en tan solo dos transacciones,
esa persona podía adquirir 100 millones de dólares por únicamente 10
millones”. Es decir, la ganancia en una operación como la ejemplificada
era de 90 millones.
Según fuentes consultadas por este diario, ese esquema de
defraudación dado en Venezuela durante años y hasta la fecha era posible
gracias a dos circunstancias fundamentales: la necesidad del Estado de
convertir en bolívares los ingentes ingresos generados por las
exportaciones de crudo, y porque altos funcionarios, empresarios y
expertos financieros, como la familia Oberto, y Raúl Gorrín y sus
cómplices sobornaron a los directivos de PDVSA y de la Oficina Nacional del Tesoro
para disponer de esos caudales públicos, moverlos en el extranjero y
posteriormente convertirlos en bolívares según un cambio privilegiado
que propicia ganancias que se escapan al entendimiento del común de los
mortales.
Según refieren los documentos en poder de este diario y
sucesivas investigaciones judiciales habidas en diversas jurisdicciones
nacionales, los conspiradores de ese sistema cleptocrático se sirvieron
de expertos en blanqueo de capitales. Entre estos peritos financieros
había y hay ciudadanos con pasaporte de Alemania, España, Suiza,
Portugal, Colombia, Uruguay o Estados Unidos. Estos operadores de
grandes sumas de dinero saben perfectamente qué bancos realizan una diligencia rigurosa o inconsistente
sobre el origen de los fondos y sus poseedores. A modo de ejemplo, son
sabedores de que el conocido como examen previo a los clientes KYC
(‘know your client’) es laxo en instituciones financieras de banca
privada como Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) o EFG Bank, ambas
radicadas en Suiza.
El expolio de los recursos de Venezuela no se queda en el crudo,
aunque este diario no tiene cifras fidedignas de otras legitimaciones
ilícitas como la de la explotación del oro. En 2011, Chávez decretó la
nacionalización de la explotación y comercialización de la industria del
oro. El Ejecutivo de Maduro profundizó en esa política estratégica y
creó en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco, un inmenso territorio
rico en oro y otros metales preciosos en el centro-este de Venezuela. La
empresa de capital mixto estatal-privado Oro Azul SA lleva la gestión
para recabar el oro y hacerlo refinar principalmente en Suiza, Bélgica,
Emiratos Árabes Unidos y Turquía. A su mando está Jorge Arreaza, yerno
de Chávez y actual ministro de Exteriores.
“En los últimos
tiempos, Venezuela había convertido las islas de Curazao y Aruba en las
potencias exportadoras de oro de América”, refiere a este diario un
conocedor de los tejemanejes del Gobierno de Maduro con la industria
aurífera.
El comercio ilegal de las onzas doradas afloró cuando un
cargamento de 50 kilos, valorado en unos dos millones de euros, fue
aprehendido en febrero de 2018 en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba
después de llegar de Maracaibo, según desveló recientemente la
investigación periodística “
La fuga del oro venezolano. La ruta de un saqueo oficial”, del medio '
Runrunes'.
La valiosa mercancía había sido embarcada de manera clandestina por un
escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM destino Ámsterdam.
El
trabajo de 'Runrunes' demostró que la minería del Orinoco la explotan
los militares, guerrilleros, intermediarios extranjeros y bandas de
criminales o ‘pranes’, palabra usada en Venezuela. “En el Arco Minero
está metida de cabeza una élite militar. De allí no sale ni un gramo de oro sin el visto bueno de la cúpula militar”, contó a los periodistas de 'Runrunes'
Américo de Grazia, diputado de la Asamblea Nacional.
PDVSA se hunde
El general de la Guardia Nacional Bolivariana Manuel Quevedo
dirige la estatal petrolera PDVSA y el Ministerio de Petróleo y
Minerías desde noviembre de 2017. La gestión de la mayor industria del
país, que produce alrededor del 95% de las divisas, está militarizada.
Quevedo ni es ingeniero ni sabe del mundo del crudo, asegura una fuente
acreditada de Venezuela que conoce el funcionamiento de PDVSA.
Los resultados no pueden ser más funestos para la economía del país
caribeño. El militarismo y el clientelismo del régimen están acabando
con la gallina de los huevos de oro de Venezuela. Según los últimos
datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (
OPEP),
en 2005, las exportaciones de barriles de crudo llegaron a un pico de
2,2 millones diarios; en 2017 descendieron a 1,6 millones. Un país
arruinado por la guerra como Irak exportó en 2017 casi cuatro millones
de barriles diarios e ingresó al final del año 60.000 millones de
dólares, siempre según datos estadísticos ofrecidos por la OPEP.
Además, el año que menos barriles de crudo se produjo en lo que llevamos de siglo fue 2017,
último periodo del que informa la OPEP con datos fidedignos. En 2017,
PDVSA extrajo dos millones de barriles diariamente, mientras que en el
intervalo 2004-2006 siempre había superado los tres millones.
Si en 2012 los ingresos por exportación de petróleo llegaron a los
93.569 millones de dólares (promedio del barril en el año a 100,6
dólares, según la denominada cesta OPEP), en 2017 decrecieron a un
tercio: 31.449 millones (47,6 dólares de media anual).
Las injerencias extranjeras que denuncia constantemente Nicolás Maduro en
su cuenta de Twitter
pueden ser verdad o no, pero la cleptocracia se instaló en el seno del
chavismo y, efectivamente, muchos de los recursos venezolanos se ha
desviado a bancos y países extranjeros hasta desvalijar las cajas de
caudales de PDVSA, el pilar de la economía del país caribeño.
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*Nota del redactor: entre 2011 y 2013, través de estos bancos se vehicularon no menos de 25.000 millones de dólares de los esquemas de corrupción y blanqueo de capitales a los que ha tenido acceso El Confidencial: Santander y Caixa Geral de España; EFG Bank, BSI Lugano, HSBC Private Bank, UBS y CBH de Suiza; JP Morgan Chase Bank, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank, Merrill Lynch y Citibank de Estados Unidos; Royal Bank of Canada; Total Bank, Ebna Bank NV y Girobank NV de Curazao; Barnett Capital Bank de Dominica; Banco Peravia de República Dominicana; Commonwealth Bank de Bahamas; Amicorp Bank de Barbados; Bancolombia Cayman de las Islas Caimán; Credicorp Bank de Panamá, Trium Bank y Davos International Bank de Antigua y Barbuda; Bankers Dubai LTD de Emiratos Árabes Unidos; Bank of China (Hong Kong) Ltd.; y OCBC Bank of Singapur. La llamada en el sector financiero 'liability for compliance' o responsabilidad de cumplimiento de la legislación por parte de los fondos gestionados no parece que sea seguida a pies juntillas por una parte de la banca internacional.
**Nota del redactor: los movimientos dinerarios de los documentos bancarios a los que ha tenido acceso El Confidencial están especificados en varias divisas: dólares estadounidenses, euros, francos suizos y libras esterlinas. Para reducir el cálculo a euros y dólares de los balances contables habidos entre enero de 2011 y finales de 2013, se ha usado el valor oficial de cambio de las divisas de una fecha intermedia, el 31 de diciembre de 2012. No se ha calculado el valor actual de esas cifras porque los índices de inflación de cada país involucrado en el tránsito de capitales son disímiles.
