MADRID.- Produce habitualmente el 20 por ciento de
todo el aceite de oliva del mundo y el olivar supone el 18 por ciento de
su PIB pero la sequía ha hecho estragos en la última campaña y la
producción se ha reducido en más de un 80 por ciento, con consecuencias
nefastas para las más de 100.000 familias que directa o indirectamente
viven en Jaén, Andalucia Oriental, del oro líquido y, por extensión, para sus municipios.
Instituciones y jornaleros llevan meses reclamando que Jaén
necesita más que nunca una solución que palie la amarga situación de los
trabajadores del campo, incapaces de reunir los jornales mínimos
necesarios para poder acceder a la prestación por la renta o el subsidio
agrario. Su petición pasa por la eliminación de esos mínimos exigidos o
por un Plan de Empleo Extraordinario como el que tienen comunidades
como Extremadura o Canarias.
La respuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegurando
que "ningún trabajador del campo" se quedaría sin recibir la prestación
por las circunstancias de la sequía, pareció en su momento esperanzadora
pero meses después algunos de esos trabajadores han empezado a recibir
las resoluciones que les niegan esa prestación y en las que se
argumenta, precisamente, que no reúnen las peonadas mínimas exigidas.
La situación es más grave si cabe en el caso de las mujeres, que
ven cómo, ante el gran número de demandantes de peonadas, los
empresarios contratan en primer lugar a los hombres. Ellas quedan
relegadas a echar los jornales con el denominado PER --actual Profea--,
el programa de inversiones para que los ayuntamientos ofrezcan jornales a
los trabajadores agrarios eventuales en servicios como limpiezas de
calles o edificios municipales, mejoras de aceras, alumbrado o
infraestructuras, entre otros.
Sin embargo, su solución tampoco está ahí porque si anteriormente
lo normal era que un trabajador fuera llamado una vez al año para echar
las peonadas del PER, actualmente los demandantes son más y en muchos
municipios los jornaleros tienen que esperar tres años para volver a ser
llamados. De ese modo, sin haber sumado ningún jornal, o pocos, en el
campo y con inciertas posibilidades de poder acceder a los del
ayuntamiento, para muchas mujeres es imposible acercarse a lo exigido
para cobrar la prestación.
Las jornaleras cuentan que se sienten "engañadas" por las promesas
de Báñez y también "desahuciadas" socialmente por la imposibilidad de
acceder a los jornales y con ello, a unos ingresos mínimos.
En Jódar, donde 4.000 de sus 12.000 vecinos dependen de las
campañas agrarias, la situación es un "drama", mantiene su alcalde, José
Luis Hidalgo, que en febrero llegó caminando desde el municipio al
Palacio de la Moncloa, de Madrid, para hacerle llegar al Gobierno las
demandas de los trabajadores del campo.
Hidalgo recibió una respuesta "protocolaria" pero "sin resultado
por parte del Gobierno", aunque productiva desde el punto de vista de la
"sensibilización social". Advierte de que no cesará con sus protestas
porque no todo cabe "bajo el impermeable de la crisis" y porque el
Ejecutivo "tiene que ser sensible y estar con quien lo necesita".
Sobre esa "sensibilización" que defiende el regidor trabajan
muchos representantes políticos de ayuntamientos o Diputación. Y es que,
dar a conocer la realidad del campo y de los sistemas de protección y
prestaciones de los trabajadores agrarios es toda una lucha para ellos,
empeñados en la necesaria eliminación de los prejuicios que "encima de
Despeñaperros" se tiene de ellos y que ha sido en numerosas ocasiones
utilizada para desprestigiar a los andaluces y como motivo de
confrontación política.
Los ayuntamientos de la comarca de La Loma son ejemplo de que el
PER es una inversión, que se aprovecha y que se "estira" hasta hacer
"milagros". Alcaldes como el de Rus, Manuel Hueso, cuentan cómo con
ellos se han urbanizado y pavimentado calles, se ha construido una
guardería, instalaciones deportivas e infraestructuras industriales,
entre otras muchas, algo que habría sido "imposible" de no ser por esas
inversiones.
El regidor señala que ahora, el Plan de Empleo de la Diputación,
dotado con un montante total de siete millones de euros y por el que Rus
recibe para 2013 75.000 euros "viene a ser un PER extraordinario", el
que tanto han reclamado al Gobierno central los alcaldes, una inyección
de oxígeno para que los municipios puedan seguir ofreciendo servicios y
creando empleo y, con ello, manteniendo la población en el territorio.
A lo largo de los años, con los fondos del PER, en Sabiote y
Torreperogil, además del mantenimiento de calles y servicios públicos,
se han puesto los cimientos de una residencia de ancianos --a punto de
inaugurarse-- y de una guardería municipal, en el caso del primero, y se
ha creado una ludoteca y un vivero de plantas ornamentales para
abastecimiento municipal que prevé servir para formar a trabajadores y
expandir negocio, en el segundo.
Sus regidores, los socialistas Luis Miguel López y Josefa
Caballero, respectivamente, coinciden en destacar la relevancia de los
fondos para que los municipios rurales puedan contar con una serie de
servicios básicos y, a la vez, ofrecer algo de trabajo.
Esa también ha sido la filosofía de los gobiernos municipales de
Bédmar, que hace décadas pusieron freno a la emigración temporal de su
población y a la desestructuración familiar que ella suponía
diversificando su agricultura y promoviendo, a través de fondos del PER,
el cultivo y producción de espárrago.
Ese impulso a los nuevos cultivos y a la reactivación económica
municipal hoy da empleo a más de 200 personas a través de la conservera
familiar Congana que desde Bédmar produce un millón de kilos de
espárrago, de los cuales el 20 por ciento se exportan en fresco para
Alemania, Francia o Suiza y el 80 por ciento se consume en conserva en
el mercado nacional.
Los fondos del PER también han servido en Bédmar para el
acondicionamiento del entorno de uno de sus edificios más emblemáticos,
el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, la
de mayor extensión de toda la Unión Europea, con 61.000 hectáreas.
