BRUSELAS.- La Comisión Europea ha considerado este viernes "profundamente lamentable" la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha asegurado que la Unión Europea está dispuesta a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar que el tribunal pueda seguir desempeñando "su labor" de investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
"La Unión Europea ha sido una firme defensora del Tribunal Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones", ha señalado Bruselas en un comunicado, en el que ha reafirmado su compromiso con la independencia de esta institución judicial con sede en La Haya.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que trabajará "estrechamente" con el TPI para garantizar que pueda seguir "funcionando de manera eficaz" y ha reiterado su compromiso de colaborar con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para "preservar y respetar su independencia", de modo que pueda continuar desempeñando su "misión fundamental".
Asimismo, ha destacado que las sanciones estadounidenses no serán aplicables hasta dentro de seis meses, por lo que considera que todavía "existe margen para el diálogo" con Washington antes de que las medidas entren en vigor.
También ha reivindicado que el bloque comunitario está preparado para adoptar "todas las medidas necesarias" que permitan al TPI continuar investigando y enjuiciando crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, así como para proteger "los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único"; esto es, evitar que las sanciones estadounidenses perjudiquen a empresas, entidades y otros actores europeos que mantienen relaciones con el tribunal.
Las declaraciones de Bruselas llegan apenas unos minutos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya anunciado sanciones contra el propio TPI en un nuevo paso de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado", que abusa de su autoridad.
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido al tribunal entre los objetivos de sus sanciones, aunque ha emitido cuatro licencias que permiten mantener determinadas operaciones esenciales durante los próximos seis meses, hasta el 7 de abril de 2027.
Entre ellas figuran los pagos de los Estados parte, los salarios de los empleados, los servicios médicos, los alquileres y otras transacciones necesarias para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
El anuncio de estas sanciones se ha dado a conocer horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.
La decisión se suma a las sanciones impuestas anteriormente por Washington contra varios jueces y fiscales del TPI, incluida su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, en represalia por las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se han sumado a la condena de Bruselas y aseguran que Estados Unidos ha cruzado una "línea roja".
"Las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen un ataque inaceptable a los fundamentos de la justicia internacional", han criticado antes de incidir en la gravedad que supone atacar a la corte como entidad jurídica.
"Dirigirse contra el tribunal como institución supone cruzar una línea roja fundamental, que amenaza la independencia y la integridad de un tribunal creado para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional", añaden David McAllister (Exteriores), Bernd Lange (Comercio Internacional) e Ilhan Kiuchiuk (Asuntos Jurídicos), junto al presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, Munir Saturi y el presidente de la Delegacion para las Relaciones con Estados Unidos, Brando Benifei.
