Esta manipulación judicial del presidente Trump está ralentizando su avance para detener las malas prácticas de la camarilla. Por lo tanto, no será una sorpresa que sus acciones tarden más de lo esperado por una ciudadanía impaciente.
Esto no es una batalla legal, sino una insurrección armada a gran escala desde dentro del poder judicial. El presidente Donald J. Trump ha regresado a la Casa Blanca, y el Estado Profundo sabe que se acabó. Los viejos sistemas se están derrumbando. Su estafa monetaria está implosionando. La red de inteligencia está siendo desmantelada.
Toda la infraestructura globalista está en caída libre.
Así que ahora, como último recurso desesperado para detener la misión
de restauración total de Trump, han desplegado su arma más engañosa
hasta la fecha: el poder judicial. Controlado. Amañado. Programado para destruirlo antes de que pueda desmontarlos.
Hablemos
claramente: esto es un golpe legal coordinado,
el cortafuegos final del Estado Profundo, que se esconde detrás de togas y tribunales y lanza un bombardeo de demandas inventadas diseñadas para estancar, descarrilar y, finalmente, derrocar a la administración legítima ahora liderada por el presidente Trump.
119 ataques legales en tan solo dos meses. Que
esa cifra se les quede grabada en la memoria.
Eso no es litigio. Es guerra. Un asedio judicial. Una operación desesperada de una camarilla de jueces comprometidos, think tanks globalistas, bufetes de abogados financiados por Soros y agentes de inteligencia extranjeros integrados en nuestro sistema judicial.
Y, sin embargo, fracasarán. Porque Trump no regresó para negociar con el mal. Regresó para aniquilarlo.
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