MADRID.- Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer,
un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba
–representado en la figura de seis destacados miembros del régimen
cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud,
persecución y otros actos inhumanos», recogidos en el artículo 7 del
Estatuto de Roma, según adelanta el periódico Abc.
Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA
), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el
año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido
sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto
forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.
El
presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica a Abc
cómo ha sido la elaboración de la denuncia: «Ha tomado casi un año de
trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global
de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que
Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a
terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los
derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue
entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el
exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos
sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos
cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que
el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».
En
dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre
50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros,
deportistas...) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son
Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil,
Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México,
Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y
Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí
han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite
llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.
Estas
misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones
remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a
costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la
denuncia.
Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el
10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en
el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y
90% restante.
A esta violación de sus derechos económicos se suma las
condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto
control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecucion y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.
Principal fuente de ingresos
Según datos de la ONG CubaArchive,
que lleva un riguroso registro de los actos de represión que lleva a
cabo el régimen cubano desde hace décadas, los ingresos de Cuba
derivados de estas misiones habrían alcanzado hasta los 10.000 millones
de dólares en 2014, cuando fue su pico máximo, que bajarían a 8.000 en
2016.
Una cifra, esta última, que triplica los ingresos por turismo, su
segunda fuente de ingresos. De ahí la importancia para el régimen de
conservar los activos (los médicos), que no duda en aplicar diversas
medidas de represión que los disuada de abandonar las misiones y
quedarse en el país en el que ejercen la actividad sanitaria.
La denuncia, que además de ser presentada ante La Haya ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y ha
sido trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con
alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en
más de un centenar de testimonios.
De los 110 testimonios reunidos, 64
son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil,
creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46
restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son
privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus
familias sean víctimas de la represión del régimen.
La denuncia de Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unpacu se produce meses después de que el presidente electo entonces, Jair Bolsonaro,
denunciara los abusos del programa Mais Medicos y exigiera al gobierno
cubano una serie de cambios en las condiciones de los trabajadores
sanitarios.
El régimen se negó y canceló el programa, repatriando a gran
parte del personal médico, pero no a todo. Se calcula que de los 8.300
médicos cubanos que ejercían en Brasil, unos 2.000 decidieron quedarse
en el país como consecuencia de la oferta de asilo que ofreció
Bolsonaro.
El
Gobierno de Brasil pagaba más de 4.200 dólares de salario por cada
médico, de los que el facultativo recibía 400, otros 40 iban a su
familia en Cuba, 10 dólares eran destinados a pagar la cuota del Partido
Comunista cubano, mientras que 450 dólares permanecián requisados por
el Gobierno cubano en una cuenta, que serían entregados al regresar el
médico a la Isla. El resto, 3.300 dólares iban a parar a las arcas del
Gobierno cubano.
Testimonios
La recogida de testimonios ha sido uno de los aspectos más importantes pero también uno de los más complicados
a la hora de elaborar la denuncia: «Varios aspectos han sido
especialmente complejos -reconoce Larrondo-.
En un momento determinado
unos agentes de la seguridad del Estado me entretuvieron durante tres
meses para evitar que consiguiera testimonios de médicos haciéndome
creer que ellos me los conseguirían todos-, pero mi intensidad en el
trabajo fue tal que cuando me di cuenta del engaño la propia necesidad
de dar fin al trabajo me llevó a descubrir que gracias a mi experiencia
en la creación de einforma, concepto que cree y he dirigido durante
años, me abría la puerta a conseguir los testimonios realizando una
campaña publicitaria que utilizó el público objetivo segmentado de
Facebook para llevarles a una página de testimonios a la cual accedieron
más de 15.000 personas».
Muchas
de estas personas no respondieron ante el miedo a una posible
represión, pero sí logró en torno a 70 testimonios, «de los cuales
salieron 46 declaraciones completas y verificadas. En ese momento
-continúa Larrondo- me di cuenta de que habíamos logrado cerrar el círculo
Porque
mientras tanto había seguido trabajando en la documentación obteniendo
muchísimo más que si las declaraciones las hubiera obtenido al
principio. El resto solamente fue ir enseñando el trabajo a diferentes
agentes políticos y mediáticos que abrieron las puertas para
facilitarnos la labor de denuncia«.
La denuncia, a la que ha
tenido acceso Abc, incluye una encuesta realizada a estas 46 médicos,
que muestra cómo el 56,2% de ellos no se presentó voluntario para
participar en la misión que le fue asignada, mientras que el 39,13% lo
hizo «presionado por causas coercitivas», según apunta la denuncia.
El
50% reconoce que se sintió obligado a aceptar «ante el temor a ser
marcado negativamente en mi entorno laboral y/o personal». Sin embargo
es la extrema pobreza que sufre gran parte de los
ciudadanos cubanos y el bajo salario que percibe un médico en la Isla
–entre 30 y 50 dólares mensuales– los que llevó al 97,83% a participar
en las misiones.
Represalias contra los «Traidores»
Una
de las denuncias por crímenes de lesa humanidad se centra en la
persecución que sufren los trabajadores civiles que participan en las
misiones. Una persecución que comienza desde el propio reclutamiento,
según los denunciantes. Los médicos y profesionales que deciden no
enrolarse «sufren un señalamiento público e institucional por el cual
pasan a ser considerados “traidores”
, de este modo comienza un calvario».
Un calvario de represión que
incluye que le sean negados los servicios públicos a los que tienen
derecho en Cuba, sus hijos sean expulsados de la escuela, además de ser
«estrictamente vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado».
Al reclutamiento forzoso se suman otros abusos como el alejamiento de sus familias, que no pueden visitarlos;no se les ofrece ningún contrato, se les retiran los títulos académicos para que caso de abandonar el programa no puedan trabajar en ningún otro lugar; se les niega el pasaporte corriente, y se les confica al llegar a su destino el pasaporte de «misión».
Viven hacinados en estancias comunes y deben pedir permiso para salir. Se les prohíbe mantener relaciones sentimentales y casarse con
locales (algunos médicos han podido hacerlo tras demandar a las
empresas, intermediarias del Gobierno de cubano, que los ha contratado).
En caso de abandonar la misión, serán víctima de la justicia cubana que
aplica el artículo 135, que contempla penas de hasta 8 años de cárcel; mientras que si lo que sucede es que el médico no vuelve a Cuba tras concluir la misión, la pena es la «expatriación forzosa» pues se le prohíbe volver al país durante un periodo de ocho años.
Falseamiento de estadísticas
Entre las obligaciones que deben complir estos médicos, que están obligdos a participar en sesiones de adoctrinamiento político, se encuentran también la de espiar a sus compañeros y
delatarlos en caso de que su comportamiento contravenga las normas del
régimen, o haya intención de desertar.
A la dificultad de su forma de
vida, se suman también las largas jornadas de trabajo (más de 60 horas semanales), y lo que en ellas se les exige, como «alterar las estadísticas de trabajo».
Se les ordena duplicar el gasto en material, que tiran a la basura, con
la intención de reflejar un mayor número de visitas y atención a
pacientes.
El fin de este falseamiento, según la denuncia, es
obtener «más fidelización del cliente» al tratar a 2.000 pacientes en
lugar de 1.000. Otro objetivo es que estas falsas estadísticas vayan a
la Organización Panamericana de Salud (OPS), afiliada a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de las Naciones
Unidas.«Este servicio de consultoría de tergiversación de datos
nacionales ha sido el gran aliado de Cuba en las relaciones con
gobiernos y/o países altamente corruptos».
Como consecuencias de este
comportamiento, los denunciantes hacen un llamamiento a las Naciones
Unidas para «averiguar qué países y en qué medida han estado alterando
sus estadísticas gracias al régimen de Cuba y sus profesionales
cualificados en estado de esclavitud, persecución y otros actos
inhumanos».
Adoctrinamiento político
Otro
aspecto que recoge la denuncia es el uso que el régimen hace de sus
trabajadores en el exterior: además de como medio para conseguir
ingresos, los utiliza como instrumento de adoctrinamiento político. Esto
ha sucedido en Venezuela. Según el testimonio de uno de los médicos, el
doctor C. R. D., en época de elecciones se les daba una lista de las
casas que tenían que visitar con unos apuntes específicos que
funcionaban como una clave.
Se trataba de atender a tres tipos de
pacientes, que diferenciaba entre «sanos» (chavistas reconocidos),
«enfermos» (anti-chavistas declarados) y «en riesgo» (de los que no se
sabía a quién iban a votar).
Según
los testimonios recogidos, los médicos debían visitar casa por casa
para «censar políticamente» a las familias, «además de atraerles» hacia
las opciones de Chávez y Maduro.
En periodo de
elecciones las acciones de los médicos cubanos debían ser más activas: a
los «enfermos» (anti-chavistas) no se les visitaría por no ser «útil»
hacerlo, relata la denuncia; a los «sanos» (chavistas) se les regalarían
vitaminas y algún medicamento; y a los «en riesgo» se les regalarían
vitaminas y se les alertaba que si ganaba la oposición las elecciones
esta acabaría con los médicos cubanos y perderían la atención sanitaria.
Algo similar habría sucedido también en Brasil, durante la última campaña electoral.
La denuncia ante La Haya, que defiende el abogado español Jesús Imbroda, que también ha llevado ante la CPI una denuncia presentada por la exfiscal general Luis Ortega contra el régimen chavista
, ahora deberá seguir su cauce.
Los denuciantes alertan de que no
será aplicable el principio de complementaridad, pues «el régimen
dictatorial cubano no va a ejercer actividad judicial alguna para exigir
responsabilidades penales por los crímenes que son objeto de denuncia».
Pruebas «irrefutables»
Sobre
cuáles son las expectivas de que esta progrese y sean condenados Raúl
Castro y Miguel Díaz-Canel, entre otros miembros del régimen cubano, por
crímenes de lesa humanidad, Larrondo se muestra optimista.
«Lo que
hemos presentado es tan inatacable que sólo necesita de la voluntad
jurídica de estudiarlo adecuadamente y para ello nos dimos cuenta que
había que vencer el factor político y generar presión colateral poniendo
la demanda en todos los foros posibles y haciendo una notoriedad sobre
esta que obligase a estudiar su contenido», subraya.
«Sabíamos
-continúa- que si se estudiaba el contenido las pruebas eran
irrefutables. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego ese ha sido
el camino y la intención y en estos momentos todo nuestro esfuerzo y
los derechos humanos de once millones de personas -la población de Cuba-
quedan en manos de la opinión pública y primeramente del periodismo que
tiene una labor primordial en la salvaguarda de los derechos y las
libertades de las naciones».
