LONDRES.- Arabia Saudita ejecutó a 345 personas en 2024, la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde que comenzó a documentar la pena capital en el reino en 1990. En el primer semestre de 2025 ya se registraron 180 ejecuciones, por lo que todo indica que se podría superar el récord del año anterior.
La mayoría de las ejecuciones están vinculadas a delitos no violentos relacionados con drogas. Según la ONG Reprieve, dos tercios de los ejecutados este año fueron condenados por ese tipo de cargos.
El uso sistemático de la pena de muerte en estos casos contradice los compromisos asumidos públicamente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien en 2022 había declarado: “En
cuanto a la pena de muerte, la eliminamos por completo, excepto una
categoría, que está escrita en el Corán, y no podemos hacer nada al
respecto, incluso si quisiéramos hacerlo, porque es una enseñanza clara
del Corán”.
Las autoridades saudíes, que suspendieron las ejecuciones por delitos de drogas durante 33 meses, retomaron en noviembre de 2022 estos ajusticiamientos, con más de 260 personas ejecutadas por
este motivo desde entonces. Arabia Saudita no ha explicado los motivos
del cambio de política ni respondió a las consultas de medios y
organismos internacionales.
El informe pone además de relieve el “alarmante
ritmo” al que están siendo ejecutados extranjeros por estos delitos.
Según Amnistía, casi el 75% de los ejecutados por drogas eran migrantes. Muchos enfrentaron procesos plagados de irregularidades: desconocimiento del idioma, ausencia de representación legal y condenas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura.
Uno de los casos más representativos es el del egipcio Essam Ahmed, quien desapareció en 2021 mientras trabajaba en un barco pesquero. Luego se supo que había sido detenido en Arabia Saudita y condenado a muerte por narcotráfico. Según su familia, fue obligado a transportar un paquete bajo amenaza de arma de fuego.
“Vivimos aterrorizados, tenemos miedo cada mañana”, contó un familiar. “No
tenemos sentimientos. Estamos muertos. La muerte sería más fácil. … Ni
siquiera me dieron la oportunidad de defenderlo y no sé qué hacer”.
En junio de este año, se ejecutaron 46 personas en solo un mes, 37 de ellas por delitos de drogas. Entre los ajusticiados había ciudadanos de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.
Amnistía también denunció que en todos los casos documentados las autoridades saudíes retuvieron los cuerpos de los ejecutados y no informaron a las familias de las fechas de ejecución.
“Fue desolador, sobre todo al no tener el cadáver para llorarlo. Ni un funeral”, expresó Zainab Abú al Jeir, hermana de un condenado a muerte.
Amnistía documentó los casos de 25 extranjeros que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte o fueron ejecutados recientemente por delitos relacionados con drogas.
Además de los delitos de drogas, el informe de Amnistía destaca el uso creciente de la pena de muerte por cargos de “terrorismo”, especialmente contra miembros de la minoría chií, que representa entre el 10% y el 12% de la población saudí. Esta comunidad concentró el 42% de las ejecuciones por ese tipo de cargos desde 2014.
También preocupa la situación de menores condenados a muerte.
Siete jóvenes, algunos con apenas 12 años al momento del presunto
delito, siguen en riesgo de ejecución pese a las reformas legales que
supuestamente prohíben aplicar la pena capital en estos casos.
“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia”, advirtió Kristine Beckerle, subdirectora regional de Amnistía Internacional.
“Los
aliados de Arabia Saudita en la comunidad internacional deben presionar
urgentemente a las autoridades saudíes para detener esta oleada de
ejecuciones”.
Las ejecuciones ocurren en paralelo a una serie de reformas impulsadas por el príncipe heredero bajo el plan Visión 2030,
que busca modernizar la economía saudí y atraer inversión extranjera.
Si bien se han producido avances simbólicos, como permitir a las mujeres
conducir, las políticas represivas continúan.
“Los
miles de millones gastados en las llamadas reformas, diseñadas para
promover un reino más tolerante e inclusivo bajo el gobierno del
príncipe heredero, enmascaran un estado autoritario donde las
ejecuciones diarias por delitos de drogas son ahora la norma”, afirmó Jeed Basyouni, directora para Medio Oriente y el Norte de África de Reprieve.
La
directora también asegura que el Príncipe Mohammed podría cambiar
rápidamente la política de ejecuciones de Arabia Saudita si quisiera.
“Podría conceder indultos masivos. Podría insistir en reescribir las
leyes para que se ajusten al derecho internacional”, dijo Basyouni.
Al
tiempo que promovía la inversión extranjera, Arabia Saudita también ha
encarcelado a empresarios, miembros de la realeza y otras personas en
una ofensiva contra la corrupción que pronto se asemejó a una extorsión a
las figuras más poderosas del reino.
Entre enero de 2014 y junio de 2025, Arabia Saudita ejecutó al menos 1.816 personas,
según Amnistía. Un tercio de ellas por delitos de drogas. El ritmo
actual no solo pone en duda las promesas de reforma, sino que refuerza
las denuncias de un sistema judicial que viola sistemáticamente los derechos humanos más básicos.
