GAZA.- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves a Israel de cometer crímenes de guerra y contra la Humanidad por el desplazamiento «masivo y deliberado» de civiles palestinos en la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra territorio israelí.
HRW ha indicado en su informe «'Sin esperanza, hambrientos y asediados': el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza por parte de Israel»
que la ofensiva israelí ha provocado el desplazamiento de 1,9 millones
de palestinos, lo que supone el 90 por ciento de la población del
enclave, y una enorme destrucción en gran parte de la Franja.
Así, ha especificado que las tropas israelíes han llevado a cabo
demoliciones controladas y deliberadas de viviendas y otra
infraestructura civil, incluidas zonas en las que aparentemente está
creando 'zonas tapón' y 'corredores' de seguridad, lo que podría
implicar el desplazamiento permanente de los palestinos que vivían en
las mismas, lo que viola las leyes de la guerra.
«El Gobierno israelí no puede alegar que protege a los palestinos
mientras los ataca en sus rutas de escape, bombardea las llamadas zonas
seguras y corta el suministro de alimentos, agua y servicios de
saneamiento», ha dicho Nadia Hardman, investigadora en derechos de
refugiados y migrantes de la organización.
En este sentido, ha hecho
hincapié en que «Israel ha violado flagrantemente su obligación de
garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo a su paso en amplias áreas».
El informe, que cuenta con entrevistas a 39 desplazados, un análisis
de los sistemas de evacuación puestos en marcha por Israel y de las
imágenes por satélite de los daños, así como la verificación de vídeos y
fotografías sobre ataques contra zonas seguras y rutas de evacuación,
lleva a HRW a determinar que no hay razones militares plausibles que
justifiquen estos desplazamientos, a menudo en múltiples ocasiones.
La
organización insiste en que las leyes de conflicto armado aplicables en
territorios ocupados, como es el caso de Gaza, permiten sólo
excepcionalmente el desplazamiento de civiles por razones militares
imperativas y para la seguridad de la población, siempre con la exigencia de protecciones y alojamiento adecuado para recibir a estas personas.
En este sentido, ha reiterado que, si bien Israel afirma que combate
contra grupos palestinos presentes en zonas civiles y que ha procedido a
las evacuaciones para llevar a cabo sus operaciones y limitar los daños
a la población, los argumentos son «en gran medida falsos».
La
organización ha ahondado en que el sistema de evacuación aplicado por
Israel ha dañado «gravemente» a la población y «a menudo sólo ha servido
para propagar el miedo y la ansiedad».
«En lugar de garantizar la seguridad de los civiles desplazados, las
fuerzas israelíes han atacado repetidamente las rutas de evacuación
designadas y las zonas seguras», ha afirmado.
En concreto, ha subrayado
que las órdenes de evacuación han sido «inconsistentes» e «inexactas» y
ha añadido que «con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente
para permitir las evacuaciones o no se han comunicado en absoluto», al
tiempo que no tienen en cuenta las necesidades de personas con
discapacidades o dependientes.
HRW ha recordado que Israel, como potencia ocupante, tiene además la
obligación de garantizar que existen instalaciones para alojar a los
desplazados y ha indicado que, por contra, las tropas israelíes han
impuesto trabas al suministro de la ayuda humanitaria
necesaria en la Franja de Gaza, habiendo además destruido numerosos
recursos esenciales, incluidos hospitales, escuelas, infraestructuras de
agua y energía, panaderías y terrenos agrícolas.
Por otra parte, la organización ha manifestado que Israel tiene
también la obligación de permitir el regreso a sus hogares de los
desplazados tan pronto como cesen las hostilidades y ha manifestado que
varias zonas de Gaza han quedado inhabitables a causa de los daños
provocados por la ofensiva militar.
HRW ha señalado que «el Ejército israelí
ha demolido o dañado gravemente la infraestructura civil de manera
intencionada, realizando incluso demoliciones controladas de viviendas,
con el aparente objetivo de crear una 'zona de amortiguación' ampliada
a lo largo del perímetro de Gaza con Israel y un corredor que dividirá
Gaza».
«La magnitud de la destrucción sugiere una intención de desplazar
permanentemente a muchas personas», ha puntualizado la ONG, que ha
recordado que «durante casi ocho décadas, las autoridades israelíes han
negado el derecho al retorno al 80 por ciento de la población de Gaza,
que consiste en refugiados y sus descendientes», quienes fueron
expulsados o huyeron tras la creación en 1948 del Estado de Israel.
Además, ha puntualizado que, en este contexto, altos cargos del
Gobierno de Israel han expresado su intención de desplazar a los
palestinos de Gaza y ha recordado que el ministro de Agricultura
israelí, Avi Dichter, llegó a afirmar en noviembre de 2023 que las
autoridades israelíes «están desplegando la 'Nakba' de Gaza».
Por ello, ha recalcado que «el desplazamiento forzado ha sido
generalizado y que la evidencia sugiere que ha sido sistemático y parte
de una política de Estado», lo que constituiría «crímenes contra la Humanidad».
En esta línea, ha advertido de que «es probable que las
autoridades israelíes planeen hacer permanente el desplazamiento
violento y organizado de palestinos de Gaza, quienes pertenecen a otro
grupo étnico, en las zonas de amortiguación y los corredores de
seguridad», acciones que supondrían «una limpieza étnica».
Por todo ello, HRW ha reseñado que las víctimas de los abusos en
Israel y Palestina llevan décadas haciendo frente a «un muro de
impunidad», incluido un «bloqueo ilegal» desde hace 17 años a la Franja
de Gaza, lo que «forma parte de los continuos crímenes de apartheid y
persecución que las autoridades israelíes han cometido contra el pueblo
palestino».
La ONG ha reclamado a los gobiernos internacionales que
condenen «públicamente» el desplazamiento forzoso de civiles como un
crimen de guerra y contra la humanidad y que presionen a las autoridades
de Israel para que ponga fin a estas violaciones y cumpla las
resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En este sentido, ha solicitado al fiscal jefe del Tribunal Penal
Internacional (TPI), Karim Khan, que investigue el desplazamiento
forzoso y prohibición del derecho al retorno por parte de Israel, así
como que los gobiernos condenen cualquier intento de intimidarle y que
apliquen sanciones o revisen sus acuerdos bilaterales con Israel para
que cumpla con sus obligaciones internacionales.
«Nadie puede negar los crímenes atroces que el Ejército israelí está
cometiendo contra los palestinos en Gaza», ha recalcado Hardman, quien
ha subrayado que «la transferencia de armas y asistencia adicionales a
Israel por parte de Estados Unidos, Alemania y otros países es un cheque
en blanco para más atrocidades y los pone cada vez más en riesgo de ser
cómplices», ha zanjado.
Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los
citados ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos
y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.
Desde
entonces han muerto más de 43.700 palestinos, según las autoridades
gazatíes, controladas por Hamás, a los que se suman más de 750
palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en
ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.
