JERUSALÉN.- La Knesset o Parlamento israelí ha aprobado este lunes por 64 votos frente a 48 la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por su carácter discriminatorio.
La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.
El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.
Además limita enormemente la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte.
La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación.
Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo 'a posteriori'.
El proyecto de ley ha sido aprobado en votación tras casi doce horas de debate.
"Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte", ha destacado el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
Ben Gvir ha sido el principal impulsor de la reforma legal, que finalmente ha sido apoyada por el partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha estado presente en la votación, y por el partido Yisrael Beitenu, en la oposición.
Igualmente han respaldado la norma los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha expresado ya su "condena y rechazo" a esta nueva ley israelí que considera "racista" y "una flagrante violación del derecho internacional humanitario".
Considera además que supone un "crimen de guerra" contra el pueblo palestino y recuerda la escalada de las medidas contra la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
"Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirán de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital", ha subrayado.
Por último insta a la comunidad internacional a sumir sus responsabilidades y a "tomar medidas serias, hacer que Israel rinda cuentas e imponer sanciones por sus crímenes contra el pueblo palestino, tales como torturas, aislamiento en solitario y asesinato sistemático de prisioneros".
En particular supone una violación de la Cuarta Convención de Ginebra sobre las garantías individuales y salvaguardias para un juicio justo, así como una violación de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, según la Presidencia palestina.
"Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial", ha denunciado el director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, Suhad Bishara.
El grupo recuerda que aplicar la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania "es una flagrante violación del derecho internacional" porque la Knesset "no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada".
Por ello Adalah ha adelantado que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí "com custión de máxima urgencia".
Adalah denuncia que la nueva ley "es una de las más violentas y discriminatorias" aprobadas en Israel.
"Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo detención israelí tan ampliamente documentada", ha resaltado Adalah.
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