El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el
proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro
ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión
parlamentaria hace unos días, con lo que se espera que esta semana se
incluya en la agenda del plenario, que se celebra a partir de este
lunes.
Según el diario Haaretz, la votación ocurrirá coincidiendo con la
aprobación del presupuesto general de 2026 in extremis -dos días antes
de la conclusión del plazo que tiene la Knéset para aprobarlo o
disolverse-, tras tensiones entre los socios del gobierno del primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Según explicó la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro
legal palestino Adalah, de aprobarse el texto negociado en comisión la
ley se aplicaría de manera diferente a los palestinos en Cisjordania
ocupada, que están sometidos a la ley militar israelí, que a los
ciudadanos israelíes -incluyendo colonos-, a los que se aplica la ley
penal ordinaria.
En el caso de la ley militar para palestinos, la corte marcial
tendría que imponer la pena de muerte de forma obligatoria -salvo raras
excepciones no definidas- a las personas acusadas de asesinato bajo lo
que Israel considera un acto de terrorismo.
En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de
'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a
los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos
que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.
Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en
Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil
necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el
asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del
Estado de Israel.
«Esto es algo extraordinario en la ley israelí»,
explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no
se aplique a ningún judío israelí.
Si finalmente la ley se debate y cosecha más votos a favor que en contra, sin
importar el número de parlamentarios presente, saldría aprobada en
segunda y tercera lecturas -se votan seguidas-.
Y si saliera adelante el borrador ya discutido en comisión, la
ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a
la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán,
indicó la letrada.
Para la abogada, en este proyecto hay «muchos niveles de ilegalidad»,
imponiendo por ejemplo a un tribunal qué pena debe aplicar.
«Las
sentencias de muerte obligatorias son contrarias al derecho a la vida.
Al eliminar la discrecionalidad judicial y procesal, impiden que un
tribunal considere las circunstancias individuales, incluidos los
factores atenuantes, e imponga una sentencia proporcionada que se ajuste
al delito», dijeron recientemente expertos de la ONU sobre el proyecto.
Y añadieron que la ley israelí hace «definiciones vagas y excesivamente
amplias» de los delitos terroristas, «que pueden incluir conductas que
no son genuinamente terroristas».
Según Azem, viola especialmente el derecho internacional: «Los
palestinos que son juzgados por tribunales militares son objeto de una
sucesión de violaciones de un juicio justo. Así que cualquier ejecución
saldría de un procedimiento sin garantías e iría contra la ley
internacional», resume.
Para esta letrada, la ley además se creó para
que sea «imposible que se imponga a ciudadanos judíos israelíes», lo que
la convierte en racista, y además va en contra de la tendencia
internacional hacia la abolición de la pena de muerte.
«La pena de muerte no tiene cabida en la justicia moderna», indicó
este domingo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset,
en cartas enviadas al Gobierno israelí instándole a retirarla.
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