JERUSALÉN.- El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí ha aprobado este domingo una reforma de la administración de Cisjordania que amplía las competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos en disputa como la Tumba de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel de Belén.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han destacado que esta reforma supone un cambio "dramático" en Cisjordania con medidas como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando la sitaución instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.
El objetivo es "eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento", han destacado los dos ministros en un comunicado.
"Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel", han adelantado. Smotrich ha subrayado que la iniciativa pretende "normalizar la vida en la ribera occidental" y "seguir matando la idea de un estado palestino".
El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial.
Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una "autoridad municipal específica" para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.
La iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación.
El Consejo de Yesha que aglutina a las colonias judías de Cisjordania ha celebrado la iniciativa porque "consolida la soberanía israelí sobre el territorio, 'de facto'".
En cambio, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha denunciado las medidas "ilegítimas e ilegales" anunciadas, las cuales por tanto no tienen efectos legales.
"Supone una ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento" que "violan todos los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel" contraria a los Acuerdos de Oslo y al Acuerdo de Hebrón.
"La OLP no permitirá la aplicación de estos planes (...) y seguirá luchando para defender sus tierras y sus derechos" hasta lograr "un Estado de Palestina libre, independiente y totalmente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, capital eterna del Estado de Palestina", ha planteado.
Abbas recuerda en particular que el Derecho Internacional rechaza la colonización de territorios conquistados militarmente y el desplazamiento forzoso de la población palestina. Así, ha apelado a la comunidad internacional y en concreto al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno estadounidense para "que intervengan de inmediato" para detener estas "peligrosas decisiones" israelíes.
Esta "profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos". Defiende así "los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino en el territorio palestino".
También el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado la iniciativa por considerar que "busca extender la guerra de exterminio y eliminar la presencia palestina en todo el territorio palestino", ha indicado el portavoz del grupo Hazem Qassem en declaraciones recogidas por el diario palestino 'Filastín'.
Qassem ha denunciado el "programa colonial" del Gobierno israelí y sus "políticas agresivas" que suponen "una amenaza existencial real para el pueblo palestino" y sus derechos. Por ello, ha abogado por responder con una unidad política nacional palestina.
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