BRUSELAS.- La Comisión Europea ha avalado este miércoles que los Estados miembro
con frontera directa con Bielorrusia puedan llevar a cabo devoluciones
en caliente en circunstancias "excepcionales" y por un tiempo limitado
si es para hacer frente a un "ataque híbrido" en el que Minsk y Moscú
empleen la migración irregular como arma para presionar y desestabilizar
a la Unión Europea.
"Aquí estamos claramente hablando de
seguridad, no hablamos de política migratoria. Se trata de un asunto de
seguridad", ha zanjado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario
responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna
Virkkunen, sobre la comunicación que Bruselas ofrece a los gobiernos
nacionales con aclaraciones sobre los supuestos en los que pueden
suspender el derecho de asilo.
Así, Bruselas apunta que
cualquier medida extraordinaria frente al uso de la migración como arma
de presión extranjera debe ser "temporal" y "proporcionada" y ello
respetando el Derecho internacional y europeo; pero añade en el
documento que la Convención de Ginebra "prevé
expresamente una excepción al principio de no devolución" y señala
"ciertas situaciones excepcionales en las que dicho principio no puede
aplicarse".
Sobre este punto, el texto comunitario explica que la excepción se
refiere a personas de las que haya "motivos razonables para considerar
que constituyen un peligro para la seguridad del país" o que hayan sido
condenadas por delitos graves y constituyan "un peligro para la
comunidad".
En su análisis del contexto geopolítico actual, Bruselas describe la
presión migratoria en la frontera con Bielorrusia como un ataque por
parte de "Estados hostiles" que pretenden "desestabilizar la región con
la guerra en Ucrania y usan la migración como "arma para socavar la
seguridad de la Unión".
Asimismo recalca que es
responsabilidad de cada Estado miembro garantizar la seguridad nacional y
afirma que la Comisión Europea "reconoce que los Estados miembro deben
ser capaces de hacer lo necesario para defenderse de los ataques
híbridos llevados a cabo por Rusia y Bielorrusia y salvaguardar su
seguridad nacional, orden público y su soberanía".
"Cuando hay
una instrumentalización de la migración se necesitan medidas
excepcionales y hemos querido aclarar los límites", ha dicho en su
comparecencia Virkkunen, quién ha evitado mencionar expresamente el
principio de no devolución en caliente que recoge el Derecho europeo e
Internacional, pero ha insistido en que hay "situaciones excepcionales"
en las que los Estados miembro "pueden limitar el ejercicio del derecho
al asilo".
En este
contexto, la conservadora finlandesa ha afirmado que la aplicación del
Pacto de Migración y Asilo que ya cuenta con instrumentos para hacer
frente a los ataques híbridos sigue siendo una prioridad para Bruselas,
pero ha argumentado que su plena aplicación no está prevista hasta 2026 y
es necesario de dar "herramientas" entretanto a países como Polonia y
Finlandia.
La comunicación que el Ejecutivo comunitario remite a
las capitales reconoce así que hay "situaciones excepcionales" en los
que las autoridades pueden suspender el derecho al asilo que les obliga a
registrar y examinar todas las peticiones de asilo que se presenten en
su territorio.
Virkkunen, no obstante, ha insistido en que
esto sólo podrá darse "en condiciones muy estrictas y dentro de los
límites legales, siendo claramente (medidas) excepcionales, temporales y
proporcionales".
La vicepresidenta comunitaria ha defendido que todos
estos supuestos están "claramente definidos", pero no ha respondido en
su comparecencia ante la prensa sobre cuáles son esos plazos limitados
que admite Bruselas.
La Unión Europea debe mostrarse
"solidaria" con los Estados miembro que sufren ataques híbridos desde la
invasión rusa de Ucrania, esto es, Polonia, Letonia, Lituania y
Finlandia, según ha enumerado Virkkunen, tras la que ha sido la primera
reunión de la nueva Comisión de Ursula von der Leyen, que inició la
legislatura el pasado 1 de diciembre.
El Colegio de Comisarios
ha dado luz verde al documento que explica los supuestos en los que los
gobiernos pueden suspender el derecho de asilo para dar respuesta a una
"situación grave y persistente", en palabras de la vicepresidenta, que
se produce especialmente en la frontera de Bielorrusia con Polonia, país
que ya estaba tomando medidas en este sentido antes de que Bruselas
tomara posición.
Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo
comunitario, las llegadas irregulares en esa frontera han aumentado un
66% y ello con indicios claros de que las autoridades rusas están
"facilitando los movimientos ilegales", según Virkkunen, porque "más del
90%" de los migrantes detectados llegaban con "visado ilegal de
estudiante o turista" expedido por Rusia.