La jueza Joan E. Donoghue ha expuesto en una lectura pública que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante.
Donoghue ha incidido en que se está produciendo una "tragedia humana" en Gaza y ha confirmado que la CIJ está "profundamente preocupada" por el alto número de muertes.
De hecho, ha expuesto algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, pese a que no haya "verificación independiente", y declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la "devastación" que sufre la Franja desde hace más de cien días.
"La situación de los niños en Gaza es especialmente desoladora", ha lamentado.
Entre las cosas que ha confirmado los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo.
Las medidas cautelares contemplan, además, que Israel deberá informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento.
Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 26.000 personas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí.
A la espera de que el tribunal con sede en La Haya se pronuncie en un futuro sobre el fondo de la cuestión, Pretoria pidió la imposición de medidas provisionales, y los jueces han coincidido este viernes en que la situación en Gaza, que ya es "catastrófica", puede deteriorarse aún más antes del veredicto final.
Los abogados de Sudáfrica, que cuentan con el aval de más de 50 países, pusieron sobre la mesa durante las vistas preliminares no sólo las cifras de fallecidos y de armamento utilizado, sino también que líderes políticos israelíes incurrieron en lo que describieron como "retórica genocida", por ejemplo tachando a los palestinos de "animales humanos".
Asimismo, denunciaron la destrucción de infraestructuras civiles y el traslado forzoso de población.
Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva, que el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue siendo necesaria para erradicar una "amenaza existencial".
Los abogados que representaron a Israel alegaron que la guerra era contra Hamás, que controla Gaza, y "no contra el pueblo palestino". De hecho, sostuvieron que los daños a los civiles es algo común en todo conflicto y puede haber resultados "indeseables", aunque responsabilizaron a Hamás de los mismos.
"Bajo el pretexto de una acusación de genocidio contra Israel, se pide a este tribunal que ponga fin a los continuos ataques de una organización que persigue una auténtica agenda genocida", resumió Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores israelí, durante su exposición.
CARACTERÍSTICAS DE LA CIJ
La CIJ forma parte de la estructura de la ONU y sus sentencias son por tanto jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro de la organización. Sin embargo, carece de herramientas propias para que se apliquen, lo que ha provocado que por ejemplo Rusia no acatase la orden de parar la agresión sobre Ucrania que el tribunal emitió semanas después del inicio de la ofensiva en febrero de 2022.
Al contrario de lo que ocurre con el Tribunal Penal Internacional (TPI), no juzga a personas a título individual, sino que dirime disputas entre Estados, como es el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre la que se ha pronunciado este viernes. El caso está todavía en una fase inicial y puede demorarse durante años hasta una sentencia en firme, no recurrible.
