SANTIAGO.- La población chilena está llamada este domingo a las urnas en un
nuevo plebiscito constitucional que se celebra tras el fracaso en el
referéndum de 2022 y bajo la advertencia del presidente Gabriel Boric de
que este será el último intento durante su mandato de dejar atrás la
Carta Magna aprobada en 1980 al amparo del dictador Augusto Pinochet.
Tras el fallido referéndum de septiembre de 2022, cuando la población
rechazó de forma contundente --con casi un 61,9 por ciento de los
votos-- la propuesta planteada por una Convención Constitucional de
marcado carácter progresista, los chilenos votarán de nuevo una
propuesta de Carta Magna a cargo ahora del Consejo Constitucional.
El varapalo del presidente Boric, quien ascendió al poder en marzo de
2022 con la aprobación de una nueva Constitución como una de sus
propuestas estrella, no solo se redujo al fracaso de aquel plebiscito,
sino también de la holgada victoria de la derecha conservadora en la
elección de consejeros del nuevo órgano constituyente.
En la
votación para la conformación de dicho órgano, el Partido Republicano de
Chile obtuvo 22 consejeros, que sumados a los once de Chile Vamos,
concedió a la derecha una amplia mayoría en el Consejo Constitucional.
La coalición progresista Unidad para Chile, junto al consejero mapuche,
obtuvieron los 17 asientos restantes.
Así las cosas, la derecha
ha hecho valer su mayoría en el Consejo Constitucional, presentando una
última propuesta que no ha sido bien recibida por los sectores de la
izquierda política, mientras que desde la derecha y oposición al
Gobierno de Boric han mostrado su total respaldo al nuevo documento.
Esta nueva propuesta defiende el compromiso del Estado con la salud
pública "a través de instituciones estatales", concede a los padres de
los alumnos el derecho preferente sobre la educación de sus hijos y deja
la puerta abierta a un sistema de pensiones "a través de instituciones
públicas o privadas".
Asimismo, en materia política apunta a la
reducción de 155 a 138 diputados en la Cámara de Diputados, aboga por
conservar el Senado, impone un mínimo del cinco por ciento de los votos a
nivel nacional para que los partidos políticos obtengan representación y
recoge que los políticos perderán su acta en caso de que abandonen el
partido por el que fueron electos.
Chile es un país en el que
los indígenas representan el nueve por ciento de la población, aunque
por el contrario no están siquiera mencionados en la actual
Constitución. La propuesta de la Convención Constitucional los reconoce
"como parte de la nación chilena" y aboga porque el Estado "respete y
promueva sus derechos individuales y colectivos".
Sin embargo,
el único consejero mapuche en la Convención ha llamado a votar en contra
de la propuesta pues considera que es excluyente con los pueblos
originarios y se queda corta, pues no contempla normas compensatorias ni
mecanismos para asegurar su participación política.
En materia
de igualdad, los defensores del rechazo a la propuesta constitucional
lamentan que la nueva Carta Magna no hace efectiva la igualdad entre
hombres y mujeres pues no incluye normas que exijan al Estado actuar
para tal fin. Sobre el aborto, la nueva norma dice que "la ley protege
la vida de quien está por nacer", una fórmula que ha desatado
discrepancias por cómo puede ser en el futuro interpretada.
Aunque el presidente Boric no se ha manifestado oficialmente sobre su
simpatía o rechazo a la propuesta, ha recalcado que esta será en todo
caso la última oportunidad por reformar la actual Carta Magna. "Puedo
garantizar que este año, tras el plebiscito, sea cual sea la opción que
elija la ciudadanía, el proceso llega a su fin", ha manifestado en
alguna ocasión.
Por su parte, la coalición Frente Amplio, una
de las alianzas políticas que impulsaron la candidatura de Boric, sí que
ha mostrado su rechazo a una propuesta constitucional que consideran
"consagra los intereses de la élite económica" y "fomenta las
desigualdades entre chilenos y chilenas".
En la misma línea, el
histórico Partido Socialista de Chile --bajo cuyas siglas gobernaron
Salvador Allende y Michelle Bachelet-- también se ha opuesto a la
propuesta de la Convención Constitucional al considerar que "gran parte
del país" queda "excluida" y que "impone solo una mirada" para el futuro
del país.
De hecho, la mencionada Bachelet ha llegado a
advertir de que no sería una buena señal que la nueva Constitución sea
aprobada pues incluye "ciertas ideas que no representan a todos".
En la
misma línea, el expresidente Ricardo Lagos, el primer mandatario de
izquierdas tras Allende, también ha rechazado la nueva propuesta porque
no considera que sirva para cohesionar el país.
En el otro lado
de la balanza se encuentran los partidos de derecha, ultraconservadores
y, en general, opositores al Gobierno de Boric, que, como el
ex candidato presidencial José Antonio Kast, consideran la propuesta
constitucional como una "oportunidad inmejorable" para cambiar el futuro
de la nación andina.
Aunque desde el ultraderechista Partido
Republicano han recalcado que Chile tiene ahora "una nueva oportunidad"
para reformar la Constitución de Pinochet, también es cierto que en su
día se opusieron a que tras el fallido plebiscito de 2022 se retomara el
proceso constituyente.
"Nosotros también nos opusimos a esta
segunda oportunidad. Éramos de aquellos que creíamos que el Gobierno
tenía que degustar la derrota del 4 de septiembre y que tuviera que
asimilar esa derrota masiva donde ocho millones de personas le dijeron
que no a un proyecto refundacional", manifestó Kast el pasado mes de
octubre.
Entre los principales motivos de disputa, los
defensores del rechazo a la propuesta señalan que el documento no
asegura una mayor participación ni involucra al Estado en lo relativo a
los servicios de salud, educación o pensiones, sino que ahonda en un
modelo de capitalización
Aunque la población chilena rechazó por holgada mayoría la propuesta
de una nueva Carta Magna en 2022, esta nueva fórmula, teóricamente más
conservadora, parece que no correrá distinta suerte. Atendiendo a las
encuestas, el 'no' se impondría de nuevo en el plebiscito
constitucional.
La última de noviembre Encuesta Plaza Pública
Cadem apunta que un 46 por ciento de la población votaría en contra de
la nueva Constitución, mientras que el 38 por ciento votaría a favor de
la misma en el plebiscito del domingo. La propuesta quedaría rechazada
pero por menor margen que en 2022.
De hecho, la evolución de
ambas posiciones sigue tendencias opuestas: mientras aumenta el apoyo a
la nueva Constitución, se recude en hasta seis puntos el porcentaje de
población contraria a la fórmula del Consejo Constitucional. Todavía un
16 por ciento de los chilenos se encuentra indeciso.
Así las
cosas, los chilenos acuden en este contexto el domingo a votar de forma
obligatoria --tal como estipula la actual Constitución-- en un
referéndum rodeado de incertidumbre desde su concepción por el escaso
tiempo transcurrido entre el plebiscito de septiembre de 2022 y esta
nueva intento por reformar la Carta Magna de Pinochet.
Si
triunfa el 'apruebo', supondrá la derogación de la Constitución
redactada en 1980, al margen de que la nueva Carta Magna pueda estar
abierta a cambios. La victoria del 'rechazo', en cambio, deja todo tal
como está y supondría el fin de la andadura constitucional al menos
durante los próximos años con un Boric que aboga por centrarse en
gobernar y aprobar las medidas que prometió en campaña.
