BRUSELAS.- La ampliación de la Unión Europea suscita múltiples controversias
entre los socios del club comunitario, que ven en la incorporación de
nuevos miembros una necesidad apremiante que entraña riesgos. La
económica se antoja, sin duda, una de las partes más sensibles. Y es que
tan solo la incorporación de Ucrania
le supondría a España un saldo presupuestario neto en su contra de
1.100 millones de euros y se convertiría en el único Estado miembro que
pasaría de tener una balanza positiva a una negativa. Atendiendo a los datos de 2022, España dejaría de beneficiarse de un
excedente positivo de 494 millones del presupuesto comunitario y pasaría a aportar a las arcas europeas 1.092 millones,
en el saldo final con la incorporación de Ucrania, según un informe
elaborado por el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) y Centro
Internacional para Defensa y Seguridad.
"La posición de España parece especial porque es el único Estado que pasa de ser beneficiario neto a contribuidor neto",
explica el investigador del CEPS y uno de los artífices del informe,
Michael Emerson.
"Lo más significativo es que todos los Estados miembros
hacen contribuciones adicionales que rondan el 10% de media. Por tanto,
se vería afectada de la misma manera que Alemania, Francia o Italia".
Lo que se propone abordar la Unión Europea es su agenda estratégica hasta 2029.
Un horizonte en el que dar forma las pretensiones y ambiciones de los
países del bloque en un contexto geopolítico cambiante. El cambio de
orden de fondo apremia a una reforma y ampliación en la que la Unión Europea busca ganar fuerza frente a otros rivales globales.
Es así que son nueve los países en el punto de mira, Ucrania y
Moldavia han sido los últimos en sumarse a la lista de países con
estatus de candidato, para desavenencia de algunos de los que llevan
aguardando, en tal condición, que su inclusión en el bloque comunitario
se convierta en una realidad: Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia y Turquía.
Una de las partes más controvertidas del proceso será la económica.
Un informe de esta misma semana cifra la adhesión de Ucrania a la UE en
un aumento del presupuesto comunitario de 186.000 millones de euros en siete años.
Lo cierto es que las repercusiones económicas están ahí. De buenas a
primeras, implicaría que Estados miembro que actualmente son
beneficiarios de financiación de la UE se convertirían en contribuidores
netos.
Además, el movimiento aumentaría la partida de los países que
actualmente más contribuyen al presupuesto comunitario. Y no es que
suscite especial apetencia a Alemania, Francia o Países Bajos, los países que más aportan en términos económicos al proyecto europeo, ver como tales dotaciones toman alas. Para España, la inclusión de Ucrania no solo eliminaría el flujo financiero a las arcas del Estado sino que además, implicaría que cuantías adicionales tuvieran que salir de ellas.
Pero Ucrania plantea retos múltiples también en uno de los fundamentos de la creación de la UE, la política agraria.
Si se incorpora al proyecto del mercado único resultaría la mayor
receptora de fondos de política agrícola, desbancando a Francia de su
puesto de liderazgo y arrastrando a España de su segunda posición a un
lugar menos atractivo.
El proceso, en cualquier caso, sigue una serie de pasos que buscan
dar garantías a los socios que ya forman parte de la UE. Es así que
Ucrania está pendiente de la evaluación de la Comisión Europea
sobre si ha cumplido un conjunto de reformas que se le exigen para su
adhesión. Por lo pronto, no será hasta el 9 de noviembre que Bruselas
emita su valoración y, por tanto, que pueda hablarse de la ampliación
con Ucrania.
Le puso también ciertos condicionantes la presidenta del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen, en su tradicional discurso del Estado
de la Unión de septiembre. Se refirió a que la Comisión Europea
abordaría una serie de "revisiones de políticas preampliación para ver
qué áreas deben ser adaptadas a una Unión Europea más grande".
"Debemos discutir cómo funcionarán las instituciones, como serán la
Comisión Europea o el Parlamento Europeo", señaló. También "debemos discutir el futuro de nuestro presupuesto,
en términos de lo que financia, cómo lo financia y cómo es financiado",
así como asuntos vinculados a "compromisos de seguridad".
No se refiere, por tanto, sólo al hecho de que no habrá un reparto de
comisarios por Estado miembro, como actualmente, o una ampliación
proporcional del número de eurodiputados. También se abordaría aquí la forma en la que se distribuyen las partidas presupuestarias europeas, que actualmente se contemplan, principalmente, del Producto Interior Bruto de cada país y de su población total.
Pero también se abre la puerta a a un cambio en la toma de decisiones más relevantes, que no deberán ya requerir unanimidad sino mayoría cualificada. Una opción que por lo pronto parece no haber gustado demasiado a Hungría.
Si bien es cierto que el presidente del Consejo de la UE, Charles
Michel, puso el pasado agosto fecha a la ampliación, 2030. Otras
instituciones europeas son partidarias de no poner plazos para el cumplimiento de las reformas.
En su lugar, lo consideran un "error" y advierten de que confiere más
opciones de éxito el hecho de que no se efectúe a marchas forzadas.
Según los cálculos de un informe publicado por The Financial Times, la ampliación de la UE con Kiev supondrá un coste de 186.000 millones de euros durante siete años al presupuesto comunitario. En base a estos cálculos, el coste financiero de sumar nueve países al bloque comunitario (Ucrania, Moldavia, Georgia y los Balcanes Occidentales)
asciende a 256.800 millones de euros.
Pero no sólo eso, tendrá también
repercusión en la repartición de fondos. Estima que se recortará a la
quinta parte la dotación actual de fondos agrícolas de los Estados
miembro. El documento, además, observa que se incrementará el presupuesto un 21%.
Con Alemania, Francia y Países Bajos como los mayores contribuyentes al
presupuesto comunitario, no es de extrañar que se planteen cierta
progresividad en la futura ampliación. Se refiere esto a fórmulas como la aplicada a Rumanía
en su momento, que tenía ciertas salvaguardas aplicadas la integración
de su mercado laboral en el mercado único.
Según el informe, Ucrania
podría captar 96.500 millones de euros de fondos agrícolas, lo que implicará recortes del 20% de las ayudas de los Estados miembro.
