BARCELONA.- Los biocombustibles –carburantes de origen vegetal, básicamente–
surgieron hace unos años como la panacea para sustituir a los
carburantes fósiles (gasolina o gasóleo), responsables de las emisiones
causantes del cambio climático. Pero en poco tiempo han pasado de ser
ángeles a demonios, según relata La Vanguardia.
Así se aprecia en la elaboración de la nueva directiva europea sobre
energías renovables, objeto de un proceso de debate en el que
participan los distintos estamentos europeos. En este sentido, el
Parlamento europeo aprobó hace unos días una propuesta que congela los
objetivos de impulso de los biocombustibles convencionales en los
vehículos para el 2030. Y, además, acuerda prohibir
específicamente el uso del aceite de palma en el biodiésel a partir del
año 2021.
En los últimos años, diversos informes acusan a las
plantaciones de palma aceitera de provocar la deforestación que sufren
Indonesia y Malasia.
Los biocombustibles de primera generación (a base de aceite
de palma, soja o colza) también han sido cuestionados porque estos
cultivos energéticos han causado alzas de precios en las cosechas para
uso alimentario.
Deforestación en Indonesia
“La industria del aceite de palma está aún implicada en la
deforestación. Las grandes empresas no tienen un plan para
solucionarlo.En lugar de tomarse en serio sus compromisos, la mayoría
tiene una política de ‘no preguntar, no decir’, y que pretenden hacer
ver que todo está bajo control mientras los bosques de Indonesia se
esfuman”, afirma Miguel Ángel Soto, experto de Greenpeace.
Desde 1990, Indonesia ha perdido 310.00 km2 de bosques. “La deforestación es también una amenaza para especies en peligro, como los orangutanes”, dice Soto.
Los informes de grupos ecologistas apunta que el cultivo
de la palma arrebata espacio a los bosques primigenios, mediante talas,
drenajes de turberas y fuegos para allanar el camino a las plantaciones.
Y, al final de esta cadena está no sólo la industria de los
biocarburantes, sino los fabricantes de alimento procesados (conservas,
galletas, chocolates, sopas) y productos de cosmética (cremas, pastas
de diente, detergentes....)
Plan restrictivo del Parlamento europeo
El restrictivo plan del Parlamento europeo (todo un frenazo
al sector) supondría que para el 2030 que los biocombustibles
convencionales deberían tener la meta nacional que hayan alcanzado en el
2017 (un 4,75% respecto al total de carburante, en España, por
ejemplo), sin sobrepasar el 7% en el 2020, ya acordado en 2009.Y en el
2021 no se podría fabricar diésel con este aceite.
La Comisión Europea, por su parte, hizo en su momento una
propuesta muy restrictiva para los biocarburantes (un objetivo del 3,8
para el 2030), pero ha evitado la prohibición tal vez para sortear las
denuncias de Indonesia contra la UE ante la OMC.
No obstante, en este contexto, los agricultores de Malasia
dedicados a la producción de aceite de palma se han venido manifestando
en Kuala Lumpur (Indonesia) contra la iniciativa de la Unión Europea por
su plan para restringir la importación de este producto en su
utilización como biocombustibles.
Desacuerdos de APPA
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA
replica al Parlamento.
Sostiene que todo el biodiésel de palma consumido
en la UE, al igual que el resto de los biocarburantes utilizados,
“cumple desde hace varios años estrictos criterios de sostenibilidad”,
entre los que se encuentra la prohibición de utilizar para el cultivo de
sus materias primas zonas de alto valor en biodiversidad o reservas de
carbono.
“Está asegurado que este producto no genera deforestación”,
añade.
Si se aplicara ese plan,”se llegaría a la absurda situación
de que se prohibiría el aceite de palma en un uso, mientras que se
permitiría en otros, como alimentación, cosmética o ganadería. Es una
incoherencia ambiental”, sentencia Manuel Bustos, director de APPA
Biocarburantes.
“No podemos aceptar que se fijen objetivos para los
biocombustibles convencionales inferiores al 7% ya acordado para el
2012; sería un retroceso”, añade Bustos.
En España, se estima que el aceite de palma aporta entre
el 40% y 50% del biodiésel producido (el resto procede de soja, aceite
de cocina o grasa animal…).
Negociación a partir del martes, clave
El debate sobre los biocombustibles forma parte de la
negociación sobre la nueva directiva de energías renovables, instrumento
clave para cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático. Al
respecto, se ha pronunciado la Comisión Europea y el Parlamento; y, dado
el desacuerdo existente, el martes se inicia la negociación con el
Consejo (ministros representantes de los países) para buscar el
consenso.
“Representantes gubernamentales de Francia, Suecia, Holanda
y Reino Unido han rechazado la propuesta del Parlamento. Creemos
improbable que el Consejo apoye la prohibición del biodiésel de aceite
de palma”, dice Bustos.
Objetivos sobre renovables
Por otra parte (y éste es otro de los grandes debates), la
Comisión Europea ha propuesto que las energías renovables (solar,
eólica, biomasa…) aporten el 27% de la energía primaria en el 2030 como
objetivo global de la UE, mientras que el Parlamento quiere elevar esa
cifra al 35%.
En esta directiva también habrá una meta global
sobre objetivos específicos para las fuentes renovables en el sector del
transporte (pensando sobre todo en el coche eléctrico). Sin embargo, ni
la Comisión ni el Parlamento quieren que en este objetivo se incluyan
metas sobre biocarburantes convencionales. “Si se nos excluye de los
objetivos en el transporte, se condena a nuestro sector”, dice Bustos.
El Consejo no acepta esta posición. Y la negociación deberá concluir en
junio.
Autoconsumo e ‘impuesto al sol’
Sara Pizzinato, responsable del área de energía de
energía de Greenpeace, explica que la posición de esta organización es
que el objetivo sobre renovables no sea una meta global comunitaria,
sino que sea asumida individualmente por cada uno de los países. “Pero
España no quiere aceptar que se aumente los objetivos sobre renovables
ni que los objetivos sean nacionales”, se lamenta.
En materia de autoconsumo con fuentes renovables
(uno de los grandes asuntos de debate en la nueva directiva), la
Comisión se ha mostrado partidaria de que los ciudadanos se puedan
convertir también en agentes activos de la transición energética (para
no ser considerados solo meros consumidores de luz, condenados
exclusivamente a pagar la factura).
Sin embargo, mientras que el Parlamento incluso
rechaza que no debe implantarse el ‘impuesto al sol’ (carga que encarece
el autoconsumo instantáneo producido con renovables) cuando no hay
conexión a la red, la Comisión Europa avanza solo tímidamente en ese
punto, aunque sostiene que las cargas no deben ser desproporcionadas.
Por su parte, España mantiene esta carga para las instalaciones de más
de 10 kW, lo que ha provoca fuertes críticas de empresas y entidades
sociales contra el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El Parlamento incluso avala que las comunidades
puedan ser productores de energía verde y la puedan compartir e
intercambiarla, algo que rechaza también el Gobierno de España.
Pagos por capacidad
El otro gran asunto de discusión es el reglamento
del mercado de electricidad, que debe definir cómo se logra reducir los
llamados pagos por capacidad que hacen los países a las plantas térmicas
(gas o carbón...), un eufemismo que esconde la retribución que obtienen
por estar disponibles por si se necesita su funcionamiento al subir la
demanda eléctrica.
Greenpeace se opone a estos pagos, verdaderos
subsidios, “porque son sistemas para mantener abiertas plantas que de
otra manera se cerrarían”, dice Pizzinato.
Pero ni la CE ni el Parlamento están en esa línea, aunque proponen un reglamentación estricta para irlos eliminando.
El Parlamento quiere que estos pagos sean muy
excepcionales y que no duren más de cinco años, de manera que a partir
del 2025 no se puedan dar a ninguna planta que emita más de 550 gramos
por kWh.
Greenpeace propone que ese listón se baje a 350 gramos por kWh
mientras que España quiere que cada país haga lo que considere
conveniente.
