TÚNEZ.- El ministro de Finanzas de Túnez, Houcine
Dimassi, ha anunciado su decisión de dimitir del Gobierno
interino por "la pérdida del control de las finanzas públicas" y la
falta de consultas y coordinación entre los miembros del Ejecutivo.
Dimassi ha señalado además a la existencia de reacciones
contradictorias a las políticas monetarias, el proyecto de ley sobre
integración laboral e indemnizaciones para las personas que se
beneficiaron de la amnistía general tras la salida del poder del
expresidente Zine el Abidine ben Alí --que supusieron "gastos extra"-- y
las "circunstancias injustas y arbitrarias" del despido del
exgobernador del Banco Central de Túnez, Mustafá Kamel Nabli.
"Creía, y sigo creyendo, que mi mayor responsabilidad como
miembro del Gobierno era intentar evitar todo aquello que pudiera
desestabilizar las finanzas públicas y hacer vulnerable al país a las
tormentas de una sobrecarga del endeudamiento", ha valorado a través de
un comunicado, enviado a la agencia estatal de noticias, TAP.
"Sin embargo, cuando el tiempo fue pasando quedó claro que la
división entre la mayoría del Ejecutivo y yo en cuanto a la política
monetaria era cada vez más amplia", ha añadido Dimassi. En este sentido,
ha dicho que, en el momento más apropiado para materializar las
peticiones de la población durante la revolución, la situación se salió
de control con el objetivo de hacer promesas electorales de cara a los
comicios legislativos, lo que aumentó los gastos "hasta niveles
insostenibles".
Dimassi ha especificado que el proyecto de ley sobre
indemnizaciones, recientemente enviado al Ejecutivo, representa un
"grave exceso" y que supondrá un gasto adicional importante debido al
número de beneficiarios y a las altas compensaciones que se contempla
pagar.
"Promulgar esta legislación estará en total contradicción con
la difícil situación económica y financiera que el país ha de atravesar
los próximos años", ha argumentado.
Además, ha dicho que se debió aprovechar para prestar más
atención a las clases sociales vulnerables y fortalecer su capacidad de
compra, crear mayor número de puestos de trabajos productivos y
desarrollar las regiones del interior.
Dimassi es el segundo alto cargo del Gobierno interino que
presenta su dimisión, después de la salida de Mohammed Abbou del cargo
de viceprimer ministro para la Reforma Administrativa por "falta de
recursos para hacer frente a la corrupción".
Dimassi ya había sufrido diferencias con el resto del
Ejecutivo en los últimos meses, disensos que los medios tunecinos han
achacado a sus vínculos con la Unión General de Trabajadores de Túnez
(UGTT), la organización sindical más importante del país.
A finales de junio, Dimassi criticó públicamente la decisión
del Ejecutivo de extraditar a Libia al último primer ministro de Muamar
Gadafi, Al Baghdadi al Mahmudi, una decisión que fue tildada de
"ilegítima" por el propio presidente del país, Moncef Marzuki.
La extradición provocó disenso dentro del Gobierno de Túnez,
ya que Marzuki se oponía a que se hiciera efectiva hasta la celebración
de elecciones en el país vecino --el 7 de julio-- para intentar que se
garantizara la integridad física del detenido. Sin embargo, el primer
ministro, Hamadi Jebali, autorizó su traslado a Libia, lo que hizo que
el portavoz de la Presidencia tunecina, Adnen Manser, anunciara que
Marzuki podría estar planteándose abandonar el cargo como respuesta.
Asimismo, las críticas del Dimassi al despido de Nabli llegan
en un momento de tensión en el país, ya que su sucesor al frente del
Banco Central del país, Chedli Ayari, fue electo tras un día de duros
debates en torno a su papel en el Gobierno de Ben Alí.
Ayari, de 79 años de edad, es un académico tunecino en
Ciencias Económicas de la Sorbona que sirvió como ministro en el
Gobierno del expresidente Habib Burguiba y que fue miembro de la Oficina
Nacional de Asesores bajo el mandato de Ben Alí hasta poco después del
inicio de la revolución popular que derrocó al exmandatario.
La elección desató una ola de críticas en las redes sociales,
donde se recordó la pertenencia de Ayari a la Agrupación Constitucional
Democrática (RCD), de Ben Alí. Sin embargo, en la sesión de la Asamblea
Constituyente en la que fue elegido las críticas fueron más feroces, y
algunos parlamentarios recordaron que Ayari defendió varias leyes
destinadas a oprimir a los disidentes políticos.
