BRUSELAS.- La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha adoptado este lunes la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (EPP) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda han puesto en duda que respete derechos fundamentales.
Los grupos negocian desde el pasado diciembre las enmiendas al borrador de informe que el ponente liberal puso entonces sobre la mesa, pero la última ronda prevista la semana pasada fue suspendida en el último minuto, tras lograr el PPE un texto alternativo de compromiso con las fuerzas que forman la llamada "mayoría Venezuela" y que se apoya en la ultraderecha de Patriotas por Europea (formación liderada por el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la que también se integra Vox), la Europa de las Naciones Soberanas y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, que lidera el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni).
En este contexto, el informe del 'popular' François-Xavier Bellamy ha sido adoptado en la comisión europarlamentaria con 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención y permitirá el inicio de las negociaciones con el Consejo (gobierno) al poco de ser anunciado en sesión plenaria.
Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan que los socialdemócratas (S&D), Verdes y la Izquierda buscarán forzar la votación del mandato ante el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) para intentar frenar el mandato con un voto en contra y obligar a retomar las conversaciones en comisión parlamentaria.
"Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben irse. Una política migratoria eficaz es imposible si no se ejecutan las decisiones de retorno", ha dicho Bellamy tras el respaldo de la comisión europarlamentaria de un texto que, entre otras cuestiones, endurece las consecuencias para quienes no cooperen con los procedimientos de retorno y ofrecen un encaje legal a los 'hubs' para externalizar fuera de la UE los procedimientos de expulsión.
Desde el PPE, además, critican que en la fase final de las negociaciones, los socialistas "se negaron a apoyar elementos clave de la propuesta, como las limitaciones a las prohibiciones de entrada, el efecto suspensivo y los centros de retorno".
La ponente en la sombra de los socialistas europeos, Murielle Laurent, de hecho, ha pedido antes de la votación en la comisión LIBE un aplazamiento para dar más tiempo a las negociaciones entre grupos, con el objetivo de llegar a un acuerdo "coherente en lo legal y en lo político", tras considerar que la celeridad con que se llevaba ahora el mandato "no responde a la urgencia sino a una decisión política".
La adopción del mandato en comisión ha sido también aplaudida por Vox, que ven en dicho mandato la posición "más dura jamás planteada" porque, por ejemplo, introduce la posibilidad de que los Estados miembro "tipifiquen como delito la entrada y estancia ilegal en su territorio", amplía los plazos de detención para garantizar las expulsiones y limita las posibilidades de recurso.
También aplauden que permita imponer prohibiciones de entrada en la Unión Europea indefinidas o permanentes cuando exista riesgo para la seguridad, según un comunicado de la formación de Santiago Abascal.
Tras no lograr el aplazamiento y ser adoptado el mandato, representantes de S&D, Verdes e Izquierda han tomado la palabra para expresar votos minoritarios en contra y defender que las posiciones que recoge el texto se alejan de los "valores de respeto de las libertades, los Derechos Humanos, Igualdad y Estado de derecho" que recogen los Tratados de la UE.
Así, Laurent ha avisado de que establecer centros de deportaciones en países terceros para externalizar los expedientes de demandantes de asilo llegados a Europa vulnera la "dignidad" y las libertades de los solicitantes de asilo y les somete a un "futuro incierto" en países que desconocen y por "tiempo indefinido".
La eurodiputada ha denunciado que de salir adelante la reforma en esos términos, la Unión abrirá una "nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero".
Desde los Verdes, la eurodiputada Tineke Strik ha alertado de que el mandato adoptado por los eurodiputados "perpetúa un enfoque peligroso y divisivo".
En el mismo grupo, la eurodiputada que ha negociado por el grupo, Mélissa Camara, ha criticado que la posición "refleja una ideología racista y populista" y, además, "pondrá en riesgo la vida de las personas y violará su dignidad".
En nombre de la Izquierda europea, la italiana Ilaria Salis, a su vez, ha expresado otro voto minoritario en contra por la preocupación que genera el que se contemple la "detención por tiempo indefinido incluso para quienes no han sido condenados por ningún tribunal", un extremo que ha advertido supera líneas rojas de la UE.
