PARÍS.- Desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, prometiera en 2020
luchar contra el "separatismo islámico", el Gobierno ha adoptado
medidas, en ocasiones polémicas, para contener el islamismo radical, con
el reto de no perder al mismo tiempo el foco sobre los ataques
islamófobos, los discursos del odio por parte de la extrema derecha y la
polarización de la sociedad.
Pese a que es difícil de cuantificar, puesto que el Estado no recoge
datos sobre la adscripción religiosa de la población, se estima que hay
más de 6 millones de musulmanes en Francia y que la cifra de conversos
ha ido incrementándose en los últimos años.
En paralelo, han aumentado casi un 30 por ciento los actos de odio
contra los musulmanes con respecto al año pasado, según el ministro del
Interior, Gérald Darmanin. Las instituciones han apostado así por
incentivar un islam autóctono, controlado por el Estado, frente a otras
corrientes más radicales.
Durante un encuentro del Foro del
Islam de Francia (FORIF) --que sustituye al Consejo Francés de Culto
Musulmán (CFCM), el que fuera interlocutor con el Estado hasta febrero
de 2023-- Darmanin defendió la idea de que había que luchar contra el
estereotipo de que el islam "es una religión de extranjeros, para
extranjeros y financiada por extranjeros".
El laicismo, establecido por ley en 1905 y pilar en la política de
Macron, a menudo es instrumentalizado por partidos de extrema derecha
que difunden teorías como la del 'gran reemplazo', una conspiración que
defiende que la población blanca cristiana acabará siendo sustituida, en
el caso de Europa, por musulmanes.
No obstante, el último
informe publicado el pasado mes de marzo por la Comisión Nacional
Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) sobre racismo, antisemitismo y
xenofobia concluye que la raíz de la islamofobia en Francia responde más
a un sentimiento antiinmigrante que a la defensa de los valores
republicanos.
La historiadora especializada en laicismos y
Derechos Humanos Valentine Zuber explica que para entender la situación actual hay que comprender que esta
separación entre Estado y religión instaurada a principios del siglo XX
está marcada por "un anticlericalismo histórico y cultural" que hunde
sus raíces en la Ilustración.
"La religión se asigna legalmente
al ámbito privado y no debe interferir en modo alguno en el ámbito
público. A fin de tratar a todos los ciudadanos por igual, se les impuso
un deber especialmente estricto a los funcionarios, a los que se les
prohibió expresar sus creencias en el ejercicio de sus funciones",
detalla.
El punto de inflexión llegó en marzo de 2004 con la
aprobación de una ley que prohíbe enseñar símbolos religiosos en
escuelas públicas. La anterior exigencia se extendía, así, no solo a los
funcionarios del Estado, sino también a "usuarios de los servicios
públicos".
Desde entonces, Francia ha vetado en espacios
públicos el burka y el niqab, pañuelos islámicos que cubren todo el
rostro salvo los ojos, así como el burkini. La última medida aprobada
por el Gobierno, que prohibió en las escuelas la abaya --prenda usada en
entornos culturales islámicos, pero desligada en muchas ocasiones de la
religión-- ha despertado un amplio rechazo.
"Bajo rúbricas
generales, son las prácticas musulmanas las que están específicamente en
el punto de mira. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad
real del sistema actual y quizás apunta a la obsesión antimusulmana del
laicismo francés", añade Zuber.
Desde el asesinato del profesor
de Historia, Samuel Paty, el 16 de octubre de 2020 a manos de un joven de
origen checheno, las autoridades francesas han incrementado su
vigilancia sobre las instituciones educativas por ser una potencial vía
de entrada del islamismo radical.
Francia ya vivió
anteriormente otros atentados, como los de la sala Bataclán en 2015 o el
ataque contra la sede del semanario satírico francés 'Charlie Hebdo',
también en el mismo año. Estas medidas contra el islamismo radical se
circunscriben así dentro de la llamada lucha internacional contra el
terrorismo yihadista, si bien plantean dudas sobre su efectividad o
sobre la estigmatización de la comunidad musulmana.
Para Alain Gresh, director de Orient XXI, digital especializado en
Oriente Próximo, la islamofobia responde más a discursos del odio
presentes en los medios y a una política identitaria, algo que considera
que es una "victoria" de la líder del ultraderechista Agrupación
Nacional, Marine Le Pen.
"Ella ha puesto la cuestión de la
identidad en el debate político y los partidos han aceptado debatir
sobre esto", resalta, agregando que la
ultraderecha, representada también en el partido Reconquista liderado
por Éric Zemmour, propaga la idea de que los musulmanes son incapaces de
asimilarse a la sociedad francesa, blanca y republicana.
Una
de las consecuencias más visibles de la difusión de ideas
ultraderechistas es el uso del término islamo-izquierdismo, popularizado
por el politólogo Pierre-André Taguieff en 2002 y que hace referencia a
una suerte de pacto entre el islamismo y los partidos de la izquierda.
La entonces ministra de Educación Frédérique Vidal protagonizó una
polémica en febrero de 2021 al anunciar su intención de encargar una
investigación dentro de las universidades, concretamente en los estudios
poscoloniales, para defender la independencia y libertad académicas
frente a una posible infiltración de islamo-izquierdistas.
También Darmanin acusó en 2020 al partido izquierdista La Francia
Insumisa (LFI) de estar vinculado al islamo-izquierdismo, un término que
se utiliza contra quienes apoyan al pueblo palestino, hacen una defensa
del antirracismo o de la diversidad religiosa, explica Gresh.
"Está claro que en Francia hay una alianza entre la extrema derecha, la
derecha, incluido Macron, y una parte incluso de la izquierda, del lado
socialista, que piensan que los musulmanes son una profunda amenaza a
nuestro modo de vida", añade, agregando que este sentimiento se ha
incrementado a raíz de la situación en la Franja de Gaza.
La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió en diciembre de 2023 a las
autoridades francesas que pusiesen fin a los controles policiales con
motivaciones racistas. "Francia no puede seguir discriminando a
innumerables personas que son objeto de prácticas ilegales mientras
afirma defender los 'principios republicanos' como piedra angular de su
política", señaló en un comunicado.
Las demandas de la ONG se
produjeron meses después de que un agente disparara fatalmente a Nahel,
un adolescente de 17 años de ascendencia argelina que vivía en el
suburbio parisino de Nanterre. Su muerte provocó una oleada de protestas
que puso en el foco de la discusión a los banlieues, los barrios
periféricos a las afueras de las ciudades.
Según un informe del
Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee)
publicado en 2023 con datos de 2019 a 2020, el 10 por ciento de la
población de Francia es migrante y un tercio tiene algún tipo de vínculo
con la migración por ser descendiente de segunda o tercera generación.
"Los magrebíes y subsaharianos que han constituido la mayoría de los
migrantes de los últimos 60 años proceden directamente de antiguos
territorios franceses", explica Zuber, en alusión a países como Argelia,
asegurando a que estas comunidades tienen "mayores dificultades
económicas".
Los migrantes suelen vivir en estos barrios que
históricamente ha tenido tasas de criminalidad más altas, índices de
pobreza elevados, peores infraestructuras y malas comunicaciones con el
resto de ciudades. Esta mala calidad de vida crea el caldo de cultivo
perfecto para la radicalización.
