MALABO.- Guinea Ecuatorial, en tiempos provincia española y uno de los lugares donde más ha invertido y con escaso rédito, el sufrido contribuyente español, sufre la sutil presión de Francia para quedarse con su petróleo, según publica hoy 'Periodista Digital'.
Ha llegado la hora de la renovación de las licencias de explotación de los pozos petrolíferos por parte de las compañías petroleras francesas. Y para conseguir las mejores condiciones, parece que puede ser útil asustar a "los pobres negritos" con las cárceles de la poderosa Francia.
El sistema, según algunos observadores, garantiza casi de inmediato que se le bajan los humos a quienes pretenden subir el canon. Lo ocurrido con los españoles de Repsol, que han abandonado asustados Guinea, es un aviso a navegantes.
En el marco de esta operación de acoso y derribo a la familia del presidente Obiang, las agencias francesas se han encargado de difundir una noticia tendenciosa, con una clara intención de amedrentar.
El 27 de marzo de 2012, una agencia contratada por varias compañías petrolíferas, filtró a la prensa que los jueces Le Loire y Grouman solicitaban orden de arresto internacional contra Teodoro Meguema Obuang, hijo del Presidente Obiang, por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Que esa orden había sido aceptada y se ejecutaría de inmediato por la Interpol.
En realidad, la petición de arresto se hizo el 3 de marzo de 2012 (con la excusa de no presentarse ante la citación cursada), y aún no tiene respuesta.
Por tanto, según la legislación francesa, todavía no es efectiva y no se puede cursar, ya que el fiscal del caso no se ha pronunciado, alegando que necesita mas tiempo para analizar la petición y decidir si continua el procedimiento.
En conclusión: Francia, representada por su Ministerio Fiscal, aún no ha dado su aprobación a dicha demanda, la orden no ha sido cursada e Interpol no busca a Teodoro Nguema Obiang.
El modus operandi siempre ha dado frutos a Francia y a sus empresas. Fue así como se impusieron a sus competidores cuando comenzaba a instalarse el AVE en España, condicionando su colaboración contra el terrorismo de ETA, a la obtención del suculento contrato.
En el caso de Teodoro, contra quien se ha desatado una campaña para apartarlo del poder y dejar paso a alguno de sus hermanos más favorable a los intereses galos, la 'petición de arresto', se inscribe en una denuncia interpuesta en diciembre de 2008 por Daniel Lebègue, director de Transparencia Internacional, contra tres jefes de Estado africanos.
Los tres y eso es llamativo, estaban en aquel momento enfrentados con París y parecían 'díscolos' a la diplomacia francesa.
Llama la atencion que Daniel Lebègue simultanee la dirección con esta fundación 'altruista', con un puesto de alta dirección en una de las principales empresas del sector petrolífero francés. También, que nunca denunciara las pruebas nucleares francesas en Guyana o el asesinato de un miembro de Grenpeace y el hundimiento en Nueva Zelanda de un barco de dicha organización ecologista a manos del Servicio Secreto francés.
En mayo de 2009, Francoise Desset, juez de delitos económicos de París, admitió a trámite la demanda de Lebègue, pero la fiscalía apeló esa decisión argumentando que el demandante no tenía capacidad para actuar en este asunto.
Siguiendo el criterio de la fiscalía el Tribunal de Primera Instancia anuló la orden de la juez, alegando que la demandante no había sufrido ningún perjuicio directo por la supuesta corrupción que denunciaba.
En noviembre 2010, el Tribunal de Casación de París declaró "admisible" la denuncia, reabrieron la instrucción iniciada (se abrió un investigación preliminar) y se nombró para ello a los jueces, Roger Le Loire y René Grouman.
Coincidiendo con ello, el abogado Robert Bourgi, ex compañero y antiguo consejero y recaudador del partido de Chirac, se peleó por cuestiones de reparto con su antiguo amigo y jefe y denunció que se había financiado ilegalmente su campaña electoral, "mediante el envío de maletas llenas de billetes" desde varios países africanos, incluido Guinea Ecuatorial.
En 2011, una investigación interna de la policía francesa, trató de comprobar si eran ciertos los rumores que señalaban que un importante pago que se había realizado a miembros de la "Unidad Antiblanqueo Francés", por parte del periodista de Le Monde, a cambio de un informe del 7 de marzo de 2011.
Dicho informe recogía a movimientos irregulares de efectivo en Francia por parte de miembros destacados del Gobierno de la antigua Guinea española.
La investigación se cerró sin poder demostrar que tal soborno, había sido la causa de que dicho informe fuese a parar a manos de dicho periodista.
Con todos estos ingredientes, hábilmente agitados y mezclados, se ha presentado una causa, que solo sirve para dar relevancia pública internacional para colocar en clara debilidad al Gobierno guineano en las negociaciones para la renovación de los acuerdos de extracción de crudo.
Si se aceptan las condiciones de las petroleras francesas, a buen seguro todo desaparecerá como si nunca hubiera ocurrido, esto es, la Fiscalía, no admitirá la ya cacareada petición de detención contra el hijo del Presidente.
Y mientras, el Gobierno español a verlas venir, como si lo que ocurre en lo que antes fue la Guinea española, no le afectase y no fuese importante que firmas españolas como Repsol puedan competir en paridad con las francesas y americanas.
A ese trato tan desfavorable no es ajeno el actual Viceministro de Minas, Gabriel E. Lima, también hijo de Obiang, quien en sintonía con los franceses ha boicoteado todas las posibilidades de explotar yacimientos de crudo en igualdad de condiciones.
