BRUSELAS/KIEV.- La Unión Europea ha expresado este martes
"preocupación" por la ley aprobada en Ucrania para limitar el alcance de
dos agencias contra la corrupción, tras apuntar que estas instituciones
son "cruciales" para su adhesión al bloque y que hay una serie de
fondos vinculados a reformas europeas.
"La UE
manifiesta su preocupación por la reciente actuación de Ucrania en
relación con sus instituciones anticorrupción, como la Oficina Nacional
Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción",
ha señalado en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Ampliación,
Guillaume Mercier.
En
este sentido ha recalcado que estas instituciones y su buena marcha son
"cruciales" para el programa de reformas de Ucrania que le acerquen a
la UE, por lo que deben funcionar "de manera independiente" para luchar
contra la corrupción y mantener la confianza de los ciudadanos.
"La UE proporciona una importante ayuda financiera a
Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma
judicial y la gobernanza democrática", ha insistido Mercier.
Por
todo ello ha reiterado que la entrada de Kiev en la UE va a depender en
buena medida de su capacidad de combatir la corrupción y demostrar
fortaleza institucional, subrayando que la UE seguirá la situación y
apoyará a Ucrania en estos esfuerzos.
La nueva
ley ucraniana limita la autonomía de los principales organismos
anticorrupción --Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la
Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), en medio de un último
escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a los
servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor
Jristenko, quien acusado ya de alta traición.
De
esta forma, la legislación da poderes al fiscal general para tener
acceso a todas las investigaciones de la NABU, así como para dar nuevas
instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de
acusación sobre altos cargos, además de retirar funciones al jefe de la
SAPO.
Aprobación por el Parlamento ucraniano
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes en
segunda lectura una nueva ley que 'de facto' limita la autonomía de los
principales organismos anticorrupción --NABU y SAPO--, en medio de un
último escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a
los servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor
Jristenko, quien ha sido ya acusado de alta traición.
La
ley, que ha contado con el apoyo de 263 diputados, autoriza a la figura
del fiscal general tener acceso a todas las investigaciones de la
Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), así como a dar nuevas
instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de
acusación sobre altos cargos.
Asimismo,
retira también funciones al jefe de la Fiscalía Especializada
Anticorrupción (SAPO), un organismo independiente de la Fiscalía General
que se encarga de supervisar los casos que investiga la NABU
--principalmente contra altas figuras del Estado-- para luego ser
remitidos a los tribunales.
El jefe de la NABU, Semen Krivonos, ya ha pedido al
presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que no sancione esta ley y ha
advertido de que la norma pone en riesgo los compromisos de
transparencia y anticorrupción con organismos como la Unión Europea, que
ya ha mostrado su preocupación por esta decisión.
"Dos
instituciones independientes, la NABU y la SAPO, están siendo
transferidas por completo a un régimen independiente. Nos oponemos
categóricamente (...) Le pedimos que no firme dicho proyecto de ley", ha
instado Krivonos.
En rueda de prensa, Krivonos
ha reiterado que el hallazgo de funcionarios corruptos "no es motivo
para destruir" toda la oficina. "Estamos a favor de una autolimpieza del
sistema", ha señalado, recordando que ya se han descubierto "traidores"
en otras oficinas sin que eso haya provocado el cierre de las mismas.
"Respetamos
el trabajo de nuestros agentes del orden y nuestros colegas, pero
enfatizamos que esto no puede servir de base para destruir las
instituciones anticorrupción", ha instado, según recogen agencias de
noticias ucranianas.
Por su parte, el jefe de la
SAPO, Oleksander Klimenko, ha advertido de que con este nuevo texto
aprobado por la Rada Suprema se está sellando "el fin de la labor
independiente de las dos instituciones anticorrupción".
La
ley se ha aprobado después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania
(SBU) haya realizado registros a gran escala en las oficinas de la SAPO y
de la NABU ante el temor de filtraciones a Rusia, en un momento además
en el que Jristenko, exdiputado del partido prohibido Plataforma de
Oposición por la Vida, ha sido señalado por estos hechos y acusado de
alta traición.
Jristenko ha sido acusado de
intentar influir desde el extranjero en la NABU a través de los vínculos
que aún mantiene con algunos de los responsables de esa oficina,
algunos de los cuales ya han sido detenidos ante las sospechas, según ha
comunicado este martes la Fiscalía.
Entre los
detenidos está Viktor Gusarov, empleado de una unidad de élite de la
NABU y subordinado de Dimitro Ivantsov, quien trabaja para los servicios
rusos y fue jefe adjunto de seguridad del expresidente Viktor
Yanukovich, a quien ayudó en 2014 a salir rumbo a Rusia ante el avance
de las protestas violentas contra él.
Se acusa a
Gusarov de espionaje y de filtrar información clasificada, así como
datos personales de agentes de seguridad ucranianos y otros ciudadanos,
señala este martes la Fiscalía en un comunicado.
En
las últimas horas también se han llevado a cabo registros en los
domicilios de varios familiares de Jristenko, donde se ha encontrado
documentación relacionada con varias investigaciones secretas realizadas
por la NABU, así como decenas de cuestionarios sobre posibles
candidatos a formar parte de la oficina.
La
Fiscalía sostiene que Jristenko fue reclutado por el Servicio Federal de
Seguridad durante el gobierno del ya citado Viktor Yanukovich y desde
entonces ha maniobrado para facilitar no solo información confidencial a
Rusia, sino también para ayudar a huir de Ucrania a sospechosos de
corrupción.
