Para ello, el Ejecutivo se ha acogido a una reforma de la anterior ministra de Justicia, Marta Cartabia, de junio de 2022, que le otorgaba, entre otras cosas, la competencia de «adecuar la elección y reubicación del rol de los magistrados».
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, explicó en rueda de prensa que
esta medida fue solicitada por el Parlamento -aunque de forma no
vinculante- y rechazó cualquier polémica por verlas
«estériles y vacuas». Las pruebas, especificó, no serán «periódicas»
durante la carrera de los jueces y fiscales sino que solo se pedirán al
comienzo, al hacer la oposición.
«El examen psico-actitudinal es previsto para casi todas las funciones
importantes del país, como los médicos, pilotos de avión y sobre todo
para las fuerzas del orden», defendió el ministro, antiguo fiscal que
persiguió al grupo terrorista 'Brigadas Rojas'.
Nordio ha lanzado una
pregunta a «quienes polemizan», algunos sus propios colegas de la
magistratura: «El fiscal es el jefe de la policía judicial, que es
sometida a un test psico-actitudinal. Si le hacemos la prueba a quienes
obedecen a un comandante, ¿es posible no hacérsela a quien dirige la
policía judicial?», planteó.
No obstante, parte importante del sector de la magistratura ha
expresado su contrariedad. El presidente de la Asociación Nacional de la
Magistratura (ANM), Giuseppe Santalucia, ha denunciado lo que a su
parecer es «una injerencia del Gobierno» porque, sostuvo, «juzgar la
personalidad es un acto arbitrario».
«Un candidato que supera una prueba escrita dificilísima y está a
punto de cumplir el sueño de una vida, quizá con una óptima nota,
¿podría ser suspendido por la preguntita de un profesor de Psicología?
Es que si no está loco, así le haremos enloquecer», arremetió el
presidente de la ANM, que reúne al 96 % de los magistrados italianos.
El fiscal de Nápoles, Nicola Gratteri, uno de los principales
referentes en la lucha contra la mafia y el narcotráfico, entró en el
debate con ironía: «Si queremos hacer test psicológicos, deberían ser
para todos los altos cargos de la Administración Pública, para quien
tiene responsabilidades de Gobierno o para quienes gestionan la cosa
púbica», desafió.
Las pruebas serán encargadas al Consejo Superior de la Magistratura,
el órgano de autogobierno de los jueces compuesto en un tercio por
miembros elegidos por el Parlamento, un total de diez.
Estos exámenes
psico-actitudinales han venido proponiéndose en los últimos años, aunque
nunca se realizaron, y fueron defendidos especialmente por el ex primer
ministro Silvio Berlusconi, fallecido el año pasado y quien durante su
vida estuvo en batalla continua con los jueces (su partido, Forza
Italia, forma parte de la actual coalición de Gobierno capitaneada por
Giorgia Meloni).
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