sábado, 31 de octubre de 2026

La oposición presenta moción de censura contra Tusk en medio de la crisis por el control del Constitucional polaco


VARSOVIA.- 
El líder del partido opositor polaco Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), Mateusz Morawiecki, ha anunciado este sábado su intención de presentar una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Donald Trump, enzarzado en una agria lucha por el control del Tribunal Constitucional.

"Vamos a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Tusk", ha ploclamado Morawiecki en un mensaje publicado en redes sociales en el que explica que aspira a un "un gobierno técnico" encabezado por el expresidente del Parlamento Marek Jurek y que permanecería en funciones hasta la celebración de elecciones con vistas a la generación de "una nueva mayoría parlamentaria".

 La candidatura de "Jurek" está abierta a discusión.

"Es un político bien considerado y consolidado. También puede recibir el apoyo amplios grupos políticos, calmar la situación y lograr un compromiso", ha explicado más tarde Morawiecki en declaraciones a la prensa.

Morawiecki apuesta además por un "reinicio" del Tribunal Constitucional, "un punto en el que coinciden diversas fuerzas políticas". 

"Así lo han subrayado también el presidente de la República y el presidente legítimo del Tribunal Constitucional", ha planteado.

Sin embargo, "este reinicio no puede incluir a quienes actualmente atacan al Tribunal Constitucional". 

"Su lugar está en el basurero de la historia, y en el banquillo de los acusados ante tribunales independientes", ha planteado.

"Poner fin al desastroso mandato de esta coalición es solo el comienzo. Es preciso contar con un plan concreto para lo que vendrá después, garantizando que los dramáticos sucesos que presenciamos ayer no vuelvan a repetirse jamás", ha remachado.

La moción de censura debe ser presentada por al menos 46 diputados y tiene que incluir un candidato a primer ministro. Este debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento --231 votos-- en un plazo no inferior a siete días tras la presentación de la moción. El Parlamento está formado por 460 diputados y la oposición controla solo 212.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.


Por otra parte, siete jueces veteranos del Tribunal Constitucional de Polonia --formado por 15 magistrados-- han publicado este sábado una declaración en la que denuncian la intervención "completamente ilegal" del tribunal con la suspensión de su presidente y su adjunto y su sustitución por una jueza afín al primer ministro, Donald Tusk.


"En vista de los acontecimientos ocurridos el 30 de octubre de 2026 en la sede del Tribunal Constitucional, que consideramos completamente ilegales, apelamos a los organismos constitucionales de la República de Polonia y a las fuerzas políticas para que adopten de inmediato medidas eficaces con el objetivo de resolver la situación actual relativa al Tribunal Constitucional", han planteado.


Los jueces defienden la necesidad de "mantener los principios del estado democrático de derecho", según el documento publicado en redes sociales por el juez del Tribunal Supremo Kamil Zaradkiewicz.

Los firmantes de la declaración son Bogdan Swieczkowski, Bartlomiej Sochanski, Stanislaw Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafal Wojciechowski y Jaroslaw Wyrembak. Swieczkowski y Sochanski han sidos supendidos por un mes por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, que se ha proclamado presidenta del tribunal.

El Gobierno del primer ministro Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero el presidente polaco, Karol Nawrocki, solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.

Nawrocki logró acceder durante la noche a la sede del tribunal y a su salida anunció una ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y denunció que se había violado el orden constitucional. 


Mientras, continúan llegando manifestantes a la sede del Tribunal Constitucional ante el despliegue de la Policía.


Finalmente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha manifestado este sábado su preocupación ante la crisis abierta en torno al Tribunal Constitucional en Polonia y ha reclamado respeto para las instituciones y el pueblo polacos, al tiempo que ha instado a resolver cualquier desacuerdo político a través de un diálogo basado el los principios de la Constitución polaca.


"Las tensiones actuales conciernen a cuestiones fundamentales de gobernanza constitucional, independencia judicial y Estado de derecho. No se trata meramente de asuntos políticos internos. Afectan a los principios y compromisos democráticos que todos los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a defender", ha declarado el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Mikita Poturaiev, que ha destacado a Polonia como "un miembro valioso de la comunidad" y "un país con una orgullosa tradición democrática".


Poturaiev ha insistido en que los desencuentros de carácter político, "por profundos que sean", han de resolverse "mediante procesos pacíficos, legales y democráticos". 

En esta línea, ha instado "a todas las partes implicadas" a actuar con moderación y a abstenerse de "acciones o discursos que puedan intensificar aún más las tensiones", abogando por un "diálogo constructivo guiado por la Constitución, el Estado de derecho y los compromisos internacionales de Polonia".

"La democracia no requiere la ausencia de desacuerdos políticos. Requiere un compromiso compartido para resolverlos dentro del marco de las instituciones democráticas y el derecho", ha recalcado, al tiempo que ha manifestado su "plena confianza" en la resolución de este "desafío" mediante el respeto mutuo, la responsabilidad y el diálogo.

A este fin, el representante de la OSCE ha puesto el organismo a disposición de las autoridades polacas para "apoyar un diálogo parlamentario constructivo, dentro de su mandato y con pleno respeto a la soberanía de Polonia y sus instituciones democráticas".

El conflicto en torno al Tribunal Constitucional polaco comenzó a principios de este año, cuando presidente del país, Karol Nawrocki, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente de la Corte, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.

Este viernes por la tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien ha aparecido ante la televisión polaca para anunciar que se ha convertido en la nueva presidenta de la corte.

Minutos después de los anuncios en la web, la corte aseguró en sus redes sociales que la página fue objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal, y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".

Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, declaró que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".

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