LIMA.- El presidente peruano,
Martín Vizcarra, disolvió este lunes constitucionalmente el Congreso,
dominado por la oposición, luego de que éste se negara a suspender una
polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
"He
decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias"
anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al
agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las
vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso
al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de
confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con
lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
Pero el Congreso,
controlado por la oposición fujimorista, decidió este lunes pasar por
alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos
magistrados.
"Es claro que la obstrucción y blindaje (del
Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible", sostuvo el mandatario,
mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento
celebraban su decisión.
Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5
de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori
(1990-2000) dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con el apoyo de
las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio, Vizcarra se amparó en
la Constitución para dar este paso.
"Ante negación fáctica de
confianza decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de
congresistas de la República", dijo Vizcarra, horas después de que los
jefes parlamentarios rechazaran suspender la cuestionada designación de
nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
En su primera
reacción al anuncio presidencial, la legisladora fujimorista Jenny
Vilcatoma propuso que el Congreso destituya a Vizcarra, algo que la
oposición intentó hacer en 2017 con su antecesor.
"Los actos de
Martín Vizcarra evidencian conducta inmoral (...). Por eso solicitamos
se dé trámite a la declaración permanente de incapacidad moral del señor
presidente", dijo la legisladora.
Durante una sesión plagada de
incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de
protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones
pendientes.
Un primo del presidente
del Congreso, el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, fue el primer
magistrado designado en una cuestionada elección en la que recibió 87
votos, el mínimo necesario.
La votación se realizó a pesar de
que seis de los nueve postulantes al Tribunal Constitucional tienen
denuncias ante la justicia.
Además del gobierno, juristas independientes cuestionaban
el actual mecanismo de selección por su celeridad y falta de
transparencia.
Vizcarra había advertido que si los legisladores no
desistían de nombrar al nuevo tribunal, lo consideraría una negativa al
voto de confianza, lo que lo facultaría constitucionalmente para
disolver el parlamento.
El mandatario ha ganado gran popularidad
al encabezar una cruzada contra la corrupción en un país donde los
cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía
acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
La
tensión venía creciendo desde el viernes y la policía decretó "alerta
máxima", mientras simpatizantes de Vizcarra se congregaban al anochecer
en las calles.
El presidente del Legislativo, el opositor Pedro
Olaechea, había sentenciado el sábado que la elección de los magistrados
era "impostergable".
Vizcarra pidió el voto de
confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de
adelantar las elecciones para abril de 2020, lo que implicaba recortar
un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el
75% de los peruanos, según encuestas.
Los legisladores opositores
no deseaban elecciones anticipadas, pues arriesgarían su holgada mayoría
en momentos en que, de acuerdo con los sondeos, sufren gran
desprestigio. Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en
referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
El Tribunal Constitucional está
encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última
instancia judicial en recursos de amparo, como el presentado para que
Keiko Fujimori recupere su libertad.
La líder opositora está en
prisión preventiva desde hace 11 meses por el escándalo de las dádivas
de la constructora brasileña Odebrecht y el fallo sobre su recurso será
anunciado próximamente por el tribunal.
La crisis política
persiste en Perú desde que hace tres años el banquero Pedro Pablo
Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko
Fujimori.
Aunque perdió la presidencia, el partido de la
primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el
Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta
forzarlo a dimitir en 2018.
Kuczynski fue sustituido por Vizcarra,
su primer vicepresidente, quien carece de partido y bancada
parlamentaria pero que, a diferencia de su antecesor, se ha enfrentado
enérgicamente al Congreso, al que ha forzado a concederle hasta el
momento dos votos de confianza.
