MADRID.- Si quiere escapar a los ataques de los mercados, España debe diseñar los presupuestos más austeros de su democracia en base a una milagrosa alquimia entre el severo rigor fiscal que exige Bruselas y unas cuentas que no asfixien aún más a un país sumido en la peor crisis de su historia reciente, dijeron analistas.
El Gobierno del Partido Popular (PP), que desde su llegada a La Moncloa en diciembre está empeñado en rediseñar los pilares de la economía mediante una batería de reformas estructurales, está obligado a enseñar al mundo que la cuadratura del círculo es posible, ahorrando un mínimo de 35.000 millones de euros a la vez que sienta las bases para crecer y crear empleo.
Algunos analistas han incrementado esa cifra calculada por el Gobierno en al menos otros 20.000 millones de euros más por los efectos colaterales de la crisis sobre la economía.
"El Gobierno tiene una tarea difícil por delante en un clima adverso por la escasísima complicidad del entorno económico", dijo Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa y presidente de Analistas Financieros Internacionales.
Con una previsión de contracción del PIB este año del 1,7 por ciento, junto con el compromiso de recortar el déficit público en 3,2 puntos hasta el 5,3 por ciento, el Gobierno debe restaurar la confianza en una economía fuertemente lastrada por una tasa de paro del 23 por ciento.
Ante este sombrío panorama, no son pocos quienes dudan de que España pueda cumplir los compromisos frente a sus socios europeos este año y emprender a continuación otro tortuoso camino para satisfacer la senda de consolidación fiscal en 2013. Desde un déficit del 8,5 por ciento del PIB en 2011, la cifra deberá bajar en dos años escasos hasta el 3,0 por ciento a finales del próximo año, un recorrido que implicaría un elevadísimo coste económico y social para el país.
El Ejecutivo argumenta que ya está pedaleando para lograr crecimiento a medio y largo plazo con algunas de las reformas estructurales que ha ofrecido a los socios europeos y los mercados, como la del mercado laboral, que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general el 29 de marzo, un día antes de dar luz verde a los presupuestos.
En pleno debate sobre si es verosímil reducir drásticamente el déficit fiscal sin dañar aún más los frágiles hilos que sustentan la economía, analistas creen que el Gobierno comprimirá sus cuentas este año cargando el esfuerzo del obligado ajuste en los gastos, aunque no descartan que una parte menor también se haga por la vía tributaria, básicamente a través del impuesto de sociedades y los impuestos especiales.
"Soy partidario de recortar gastos y, quizá, se podrían subir algunos impuestos menores como los del alcohol, el tabaco y algunos otros denominados verdes", dijo Santiago Sánchez Guíu, coordinador de Economía del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid.
Como primer paso de los presupuestos generales de 2012, el Gobierno ya rebajó recientemente el techo del gasto un 4,7 por ciento frente al de 2011.
Las Comunidades Autónomas, principales responsables de la desviación al alza del déficit público en 2011 en 2,5 puntos porcentuales desde el 6,0 por ciento previsto inicialmente, tendrán que hacer este año un titánico esfuerzo de ahorro, en torno a los 15.000 millones de euros.
"Las Comunidades Autónomas tienen que hacer un esfuerzo, más ahora que estamos en el punto de mira de los mercados", dijo Estefanía Ponte, economista de Cortal Consors.
Otros 20.000 millones los ha asumido el Estado central, para los que ya introdujo medidas por unos 15.000 millones mediante alzas de impuestos y recorte del gasto público. Los 5.000 millones restantes están relacionados con el objetivo de déficit impuesto finalmente por Bruselas, medio punto inferior al planteado sólo unos días antes por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Además, Ángel Laborda, director de coyuntura económica de Funcas, calcula 6.000 millones más por el pago del servicio de la deuda ligado al aumento del stock de la misma entre los años 2010 y 2011, pasando este último año a representar el 68,5 por ciento del PIB desde el 61,2 por ciento de 2010.
Finalmente, según Laborda, habría que sumar otros 15.000 millones de euros por el efecto que sobre los gastos e ingresos tendrán los estabilizadores automáticos, de cumplirse los pronósticos de contracción económica para este año.
Algunos analistas consultados esperan que algunas de las medidas que introduzcan las autonomías gobernadas por el PP - e incluso el propio Gobierno central - puedan recoger cierto cariz impopular al afectar a los servicios de sanidad y educación, donde ya se han aplicado significativos recortes.
Además, el Gobierno no tiene ya las limitaciones que en materia popular le imponían las elecciones autonómicas celebradas el domingo en Andalucía y Asturias.
Según expertos, en una línea parecida a la sostenida por el Ejecutivo, adelgazar el sobredimensionamiento de las administraciones públicas y sus múltiples solapamientos es otra de las fuentes para aligerar el gasto.
"Reducir el tamaño y las duplicidades del sector público es un conducto importante para reducir el gasto", apostilló Ponte.
De hecho, recientemente el Ejecutivo ya ha suprimido 24 empresas públicas, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler. Además, el Gobierno ya anunció que el gasto disponible este año para los ministerios se reducirá hasta cerca del 15 por ciento.
Otra vertiente eficaz para promover el ahorro público, según Sánchez Guíu, sería la fusión de poblaciones pequeñas y limítrofes, tal como se ha abordado recientemente en Galicia.
"Las soluciones se tienen que adoptar en términos de racionalización de la actividad pública. La mejora municipal debe ser una exigencia de cada una de las CCAA, así como estudiar mecanismos de racionalización", agregó Ontiveros.
Existe consenso entre analistas en que la situación de extrema debilidad económica desaconseja nuevas subidas de los principales impuestos después de que el Gobierno incrementara el IRPF y el IBI poco después de comenzar su mandato.
De hecho, el Gobierno ha descartado en repetidas ocasiones una subida del IVA, precisamente por el efecto negativo que podría tener sobre la actividad, o un nuevo incremento del IRPF.
No obstante, analistas no descartan un ajuste fiscal sobre las rentas más altas, y el propio Montoro dejó la puerta abierta a un incremento de los ingresos impositivos, aumentando la recaudación por el impuesto a sociedades mediante la supresión de bonificaciones o deducciones de las que se benefician ahora las empresas, así como con nuevas medidas contra el fraude tributario.
La previsión oficial de ingresos no financieros del Estado para 2012 se fijó recientemente en 119.233 millones de euros.
Desde la perspectiva estrictamente financiera, la tesorería estatal, que diseñó su calendario financiero de este año bajo la anterior previsión de un déficit público del 4,4 por ciento en 2012, deberá aumentar sus necesidades de financiación en 9.000 millones de euros de acuerdo con el nuevo objetivo de déficit.
No obstante, expertos dijeron que a la vista de la holgada evolución financiera del Tesoro Público, que ya ha colocado en el mercado cerca del 40 por ciento del teórico nuevo objetivo total del año en bonos y obligaciones, no tendrá problemas para captar el montante adicional.
El intenso debate que ha generado la teórica dicotomía entre consolidación fiscal y crecimiento, con dos posiciones bien distintas encabezadas por Europa y EEUU, respectivamente, no ha pasado inadvertida para los mercados financieros, una fuente de particular cautela, cuando no temor, para los gobiernos.
Mientras la Comisión Europea, bajo el influjo alemán, defiende con vigor el estricto cumplimento del calendario de consolidación fiscal, EEUU ve más adecuado escalonar los plazos de reducción del déficit para no dañar la frágil recuperación.
"España y Europa se equivocan con el recorte del gasto corriente en este entorno económico. Sería preferible plantear un recorte del gasto estructural y elaborar un programa de copago en sanidad, educación y recorte de las pensiones", en opinión de Juan Rubio Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Duke, en EEUU y director de la cátedra Fedea.
Según este analista, bajo estas condiciones, incluso aunque España presentara este año un déficit superior al pactado con Bruselas, los mercados premiarían al país si implementa un convincente y ambicioso plan de reformas estructurales.
"Los mercados no suelen premiar las promesas, sí los hechos", agregó Rubio Ramírez.
