Uno de cada 25 asistentes a la COP30 es un lobista de combustibles fósiles

 BELEM.- Uno de cada 25 asistentes a la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) es un lobista de combustibles fósiles, según ha denunciado este viernes la coalición de organizaciones Kick Big Polluters Out (KBPO o 'Echen a los Grandes Contaminadores). En total, suponen más de 1.600 en las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo en la ciudad brasileña.

De hecho, la coalición ha revelado que los grupos de presión de los combustibles fósiles superan en número a casi todas las delegaciones nacionales (la gran excepción es Brasil, país anfitrión, que cuenta con 3.805 representantes). 

Por ejemplo, hay casi 50 lobistas por cada delegado oficial de Filipinas --país afectado por tifones devastadores-- y casi 40 por cada representante de Jamaica --que aún se recupera del huracán Melisa.

Si bien el número total de lobistas es menor que en los dos años anteriores, su proporción es mayor dado que la Cumbre del Clima de Belém (Brasil) ha contado con menos asistentes. De hecho, la coalición denuncia que esta es la mayor concentración de grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles en una COP desde que KBPO comenzó a analizar a los asistentes a la conferencia internacional.

Las organización han puesto el foco en cómo varios países del Norte Global han incluido en sus delegaciones oficiales a representantes de la industria. Por ejemplo, han dicho que Francia ha aportado 22 delegados de combustibles fósiles, cinco de ellos de TotalEnergies, --entre ellos el propio director ejecutivo de la compañía, Patrick Pouyanné. Además, han destacado que Japón ha contado con 33 lobistas entre ellos Mitsubishi Heavy Industries y Osaka Gas.

Por su parte, han señalado que Noruega ha introducido a 17 en las conversaciones climáticas, entre ellos seis altos ejecutivos de su gigante nacional de petróleo y gas, Equinor. Al margen de ello, la coalición ha incidido en que los grupos de presión de los combustibles fósiles han recibido "dos tercios más de pases para la COP30 que todos los delegados de las diez naciones más vulnerables al clima combinados (1061)".

A su vez, han criticado que la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones cuenta con 60 representantes, entre ellos delegados de los gigantes del petróleo y el gas ExxonMobil, BP y TotalEnergies. Asimismo, han indicado que unos 599 lobistas han obtenido credenciales que permiten a las personas que "trabajan entre bastidores" acceder al funcionamiento interno de las negociaciones.

KBPO ha subrayado que la de Brasil es la primera Cumbre del Clima en la que se espera que todos los participantes no gubernamentales revelen públicamente quién financia su participación y confirmen que sus objetivos individuales coinciden con los de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

"Esta información se hace pública para que todo el mundo la vea, pero no se aplica a quienes portan credenciales gubernamentales. Esto es una omisión preocupante, dado que esta investigación muestra que 164 lobistas de combustibles fósiles están obteniendo acceso a través de credenciales gubernamentales", ha advertido.

Más allá de ello, ha destacado que estos datos --y el hecho de que el número de representantes de la industria de los combustibles fósiles en las negociaciones climáticas de la ONU se haya mantenido consistentemente alto-- refuerzan la "urgente" necesidad de proteger estas conversaciones internacionales y de establecer políticas claras sobre conflictos de interés y medidas de rendición de cuentas.

La activista de la organización ecologista ecuatoriana Acción Ecológica y de KBPO, Ivonne Yáñez, ha criticado que las empresas de combustibles fósiles siguen conduciendo al mundo al "abismo climático" y ha incidido en que "los gobiernos son sus cómplices".

"Durante 30 años, las cumbres sobre cambio climático han sido el escenario ideal para que las petroleras laven su imagen, hagan negocios y encuentren nuevas formas de eludir sus crímenes ambientales. Hoy, en lugar de transitar hacia sociedades post-petróleo, quieren extraer hasta la última gota de combustibles fósiles para seguir alimentando el sistema capitalista y las guerras genocidas", ha lamentado.

Por otro lado, el responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha admitido que la presencia del "lobby fósil" en las COP no es algo "nuevo", pero ha incidido en que no por ello deja de ser algo "muy preocupante, además de injusto". A su juicio, "es como si en una conferencia sobre el cáncer se invitase a participar a la industria del tabaco".

"Hay que cerrar las puertas a estas industrias de los combustibles fósiles y no se puede admitir que sigan condicionando las negociaciones", ha demandado.

Las empresas españolas se gastan millones en hacer lobby en Bruselas

MADRID.- Es el encargado de vigilar el ‘fair play’ de las empresas, de controlar que no haya pactos contra la competencia y de velar por que la regulación de los mercados y los sectores cumpla con la defensa de los derechos de los consumidores y ciudadanos. Ha sancionado pactos de precios o de reparto del mercado en casi todos los sectores importantes de la economía: ahí están las multas de 100 millones a las constructoras del ‘cártel de la basura’, 32 millones a las petroleras, 88 millones a las empresas lácteas o 45 millones a los concesionarios del automóvil, por ejemplo. 

También las operadoras de telecomunicaciones o las empresas energéticas han recibido sanciones millonarias. Y, aunque los tribunales han recortado o anulado varias de esas multas posteriormente, José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha convertido en el azote de los ’extraños’ acuerdos que se alcanzan entre las compañías. Ahora, ha levantado la voz contra otro de los oscuros laberintos en los que se cuecen las leyes españolas: la influencia de los lobbies en los poderes públicos.

"Si de verdad queremos fortalecer el entramado institucional de nuestro país tenemos que plantearnos la regulación de la actividad de los lobbies, garantizando que ésta se desarrolla con plena transparencia", demandó Marín Quemada la semana pasada en una intervención pública en Santander. "Los reguladores tienen la obligación de escuchar y convivir con el sector, pero no deberían poder hacerlo a puerta cerrada y de forma confusa. Y así como la opinión pública tiene derecho a conocer estos contactos, que deben ser vistos como algo necesario y útil, también debe saber si los líderes de opinión trabajan a instancias de parte, y de qué parte", reclamó el presidente de Competencia.

Que hay reuniones de los lobbies o de personas relevantes con los ministros o los diputados todo el mundo lo sabe, pero no existe un registro público de las reuniones ni de los temas que se tratan. Fresca está en la memoria el escándalo por la visita del imputado Rodrigo Rato al ministro de Interior cuando las investigaciones sobre el origen de su patrimonio todavía no han concluido. Y no debe ser casualidad que haya quedado otra vez fuera del calendario legislativo la Ley de Colegios Profesionales.

El regulador está obligado a intercambiar información con el sector que va a regular y a conocer los diferentes intereses y puntos de vista. El problema no es ese, sino la falta de transparencia y de igualdad de acceso de todos los ciudadanos y grupos a los representantes públicos. La opacidad es lo que permite que una legítima defensa de los intereses pueda convertirse en un tráfico de influencias. Los lobbies españoles son de los menos transparentes de Europa, según un informe de Transparencia Internacional. España está a la cola, sólo por delante de Chipre, Italia y Hungría.

A falta de datos en nuestro país, sólo podemos conocer cuáles son los lobbies más activos por el registro conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento de la UE, donde aparecen 480 organizaciones españolas, que van desde equipos de fútbol a sindicatos, despachos de abogados y, por supuesto, empresas. Hay 71 empresas españolas que declaran haber realizado labor de lobby ante la Comisión y el Parlamento europeos y haberse gastado en esa actividad unos 14 millones de euros (las cifras son las declaradas por cada empresa sin que exista una verificación oficial de las mismas por parte de Bruselas). El gasto es muy dispar según las compañías.

Telefónica es una de las empresas que más dinero declara haber gastado en defender sus propios intereses, con dos millones de euros. El sector de la banca, inmerso en un proceso regulatorio a nivel europeo, fue de los más activos, con Santander y BBVA a la cabeza (más de 600.000 euros el primero y más de medio millón el segundo). También Caixabank gastó algo menos de 300.000 euros y el Popular, 100.000. Sabadell declara cero euros de gasto en lobby.

El sector energético depende igualmente de la regulación y el ejercicio de su influencia supuso para Cepsa un desembolso de 1.248.000 euros; entre 500.000 y 599.999 euros para Iberdrola; menos de 200.000 euros para Enagás y menos de 99.999 euros para Endesa. Gas Natural declara entre 25.000 y 49.999 euros de gasto.

Cooperativa Mondragón se registró también como lobby -única manera de poder mantener reuniones con miembros de la Comisión-, aunque declaró haber gastado menos de 10.000 euros en 2014. En la lista también figura Let’s Gowex, la empresa española de Internet que quebró tras reconocer su consejero delegado que había falseado las cuentas; menos de 10.000 euros para influir en Bruselas dijo haber gastado.

Indra, embarcada actualmente en un plan de reestructuración y que aparece en el sumario de la 'operación Púnica', declaró en el registro de Bruselas haber dedicado entre 100.000 y 199.999 euros a ejercer labores de lobby ante las autoridades europeas.

En España no hay registro de lobbies ni las reuniones son públicas; en Cataluña está previsto que a partir del 1 de octubre se ponga en funcionamiento el registro de grupos de interés y en la Comunidad de Madrid, el registro de lobbies es uno de los compromisos de Cifuentes con Ciudadanos.

El gasto en presión política en EEUU cae tras 11 años al alza

WASHINGTON.- Empresas, sindicatos y otras organizaciones redujeron el año pasado sus gastos en grupos de presión por primera vez en una década, en medio de estancamientos políticos en la capital estadounidenses, aunque aun así invirtieron miles de millones de dólares en sus esfuerzos, según cifras publicadas el jueves.

Los empleados de estos grupos de presión han confirmado esa impresión, indicando que en 2011 hubo menos demanda de ayuda para influir en legislación.

Es probable que parte de la inversión, señalan, se haya desviado a influencia sobre acciones reguladoras, una actividad que según los partidarios de la transparencia podría estar sujeta a menos obligaciones de informes formales.

Hasta ahora, empresas, sindicatos y otros grupos han informado de gastos de 3.270 millones de dólares en 2011, según el Centro de Política Receptiva. Este centro bipartisano registra los gastos en esta partida que aparecen en informes presentados ante el Congreso de EEUU, y pide que se haga pública más información.

En 2010, en cambio, los gastos ascendieron a 3.510 millones de dólares

El centro indica que su cifra total para 2011 podría subir cuando se vayan revisando los informes entregados el pasado viernes, pero que no espera que la suma supere la de 2010.

Las cifras reflejan un descenso en la actividad del Congreso, que está en un periodo tranquilo tras haber aprobado importantes leyes en 2009 y 2010, apuntó el centro. Además, algunos informes de gastos en grupos de presión incluyen inversión en anuncios relacionados con elecciones, y en 2010 no se celebraron elecciones nacionales.

"El estancamiento político del 112º Congreso ha desacelerado el flujo de dinero a los mercenarios de K Street", dijo Sheila Krumholz, directora ejecutiva del centro. K Street Northwest es donde se encuentran muchas de las firmas de presión de la capital estadounidense.

La Cámara de comercio de EEUU, que tiene una gran variedad de corporaciones entre sus miembros, volvió a ser la mayor fuerza de presión con 44,2 millones de dólares dedicados a esa tarea en 2011. Pero eso es menos que los 100,2 millones de 2010, un año de elecciones de mitad de legislatura en el que la cámara gastó mucho en organización y propaganda.

No todas las corporaciones gastaron menos. Google gastó más que el doble que el año anterior, con 11,4 millones de dólares en 2010, señaló el organismo. También la Asociación Nacional de Inmobiliarias y la energética ConocoPhilips informaron de gastos récords en presión sobre Washington.

El registro de personas dedicadas a ejercer esta presión también se redujo por cuarto año consecutivo. En 2011 había 12.592 indicados según documentos federales, frente al máximo de 14.856 de 2007, indicó el centro.

La Comisión y el Parlamento Europeo ponen en marcha el registro de grupos de presión

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) han puesto hoy en marcha un registro común para los "lobbies" o grupos de presión, una iniciativa con la que se pretende mejorar la transparencia de las instituciones comunitarias.

El nuevo registro sustituye al que había creado la Comisión en 2008, en el que figuran ya más de 4.000 organizaciones que se irán transfiriendo progresivamente al "Registro de Transparencia Común" durante el próximo año.

Además de los grupos de interés tradicionales, el registro incluirá también despachos de abogados, ONG, grupos de reflexión, iglesias y cualquier organización o profesional autónomo que "aspire a influir sobre la toma de decisiones de la UE", según ha explicado en rueda de prensa el comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic.

Las organizaciones y personas ya inscritas en el registro deberán facilitar información más detallada, como el número de empleados que ejercen labores de sensibilización y defensa de intereses o las principales propuestas legislativas que hayan apoyado, así como el importe de la financiación de la UE recibida.

Con su inscripción en el registro, las organizaciones se comprometen a cumplir un "muy exigente" código de conducta común que les obliga, por ejemplo, a identificarse siempre por su nombre y la entidad para la que trabajan y a no obtener información de forma deshonesta, afirmó Sefcovic.

Aunque la inscripción será de carácter voluntario para todos los grupos de presión, el comisario confió en que todos los actores que quieran participar en la toma de decisiones participen en el registro, porque de este modo "tendrán más posibilidades de obtener respeto y atención".

En este sentido, afirmó que el "'lobbing' transparente es más efectivo".

Además del registro, se establece que los miembros del Parlamento tendrán que informar oficialmente de los contactos que mantienen con "lobbies" cada vez que redacten una propuesta legislativa.

El nuevo sistema fue respaldado el pasado mes de mayo por la Eurocámara, y en él se incluyó la medida citada después de la serie de escándalos de corrupción revelada este año por "The Sunday Times", que demostró que varios eurodiputados habían aceptado sobornos de un falso grupo de presión a cambio de introducir enmiendas en la tramitación de una directiva.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Diana Wallis, afirmó en un comunicado que la puesta en marcha del registro común de representantes de grupos de interés "ayudará a infundir una cultura de transparencia más sólida en Bruselas".

Obama critica el fallo del Tribunal Supremo sobre los 'lobbies'

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó el sábado un insólito ataque contra el Tribunal Supremo, y dijo que el fallo de esta semana sobre donaciones de corporaciones a las campañas políticas "golpea a la democracia en sí misma".

Estas declaraciones llegan después de la sentencia del jueves que, por cinco votos a favor y cuatro en contra, elimina los límites financieros que existían desde hace mucho tiempo y permite a las empresas gastar libremente en campañas presidenciales y legislativas.

En el fallo, la mayoría conservadora del tribunal indicó que los límites violaban el derecho constitucional de las corporaciones a la libertad de expresión.

Se espera que esta decisión desencadene un gran flujo de dinero para la campaña de las elecciones legislativas de este año, en la que los demócratas de Obama afrontan una dura lucha para retener el control del Congreso, ante la insatisfacción de los votantes por una tasa de desempleo en cifras de dos dígitos, el elevado déficit, el estancamiento político en Washington y otros asuntos.

"Este fallo abre las puertas para obtener una cantidad ilimitada de dinero con intereses especiales en nuestra democracia", afirmó el presidente durante su discurso semanal por radio e Internet.

"Da a los grupos de presión con intereses especiales nuevas fuerzas para gastar millones de dólares en publicidad con la que persuadir a los funcionarios electos de votar según su visión, o para castigar a quienes no lo hacen. Este fallo ataca a la propia democracia", declaró.

Durante las elecciones de 2008, se gastaron casi 6.000 millones de dólares en todas las campañas de comicios federales, entre ellos más de 1.000 millones de comités corporativos de acción política, patronales, directivos y grupos de presión.

Los demócratas temen que gran parte del dinero de las empresas que se destine a las campañas políticas tras el veredicto vaya a manos de los republicanos, que tradicionalmente son aliados de las grandes corporaciones.

Los republicanos ya se habían mostrado optimistas sobre el fin de las mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre. El control republicano tanto de la Cámara como del Senado podría paralizar la capacidad de Obama de aprobar iniciativas políticas claves.

El presidente del Partido Republicano, Michael Steele, elogió el veredicto judicial y aseguró que la libertad de expresión fortalece la democracia.

El veredicto constituyó un duro revés a los esfuerzos para controlar la influencia corporativa e incluso podría permitir que compañías extranjeras participasen, dijo Obama.

"Hará más difícil aprobar leyes de sentido común para promover la independencia energética porque incluso se permitirá que entidades extranjeras interfieran en nuestras elecciones", dijo.

También obstaculizará los esfuerzos por aprobar reformas de regulación financiera y dará al sector sanitario "incluso más influencia con la que eludir reformas que protegerían a los pacientes", dijo, haciendo referencia a la oposición para aprobar una reforma del sistema de 2,5 billones de dólares.

Obama llegó al poder prometiendo reducir la influencia de los poderosos 'lobbies' a favor de bancos, aseguradoras y otros grupos con intereses especiales en Washington. Asegura haber prohibido los regalos de estos grupos a responsables gubernamentales y cerrado las puertas de paso entre unos y otros para que nadie de su Gobierno tome decisiones basándose en los intereses de antiguos o futuros empresarios.

El presidente afirmó que ha dado instrucciones al Gobierno para que comience a trabajar con el Congreso para desarrollar una respuesta fuerte y bipartidista al dictamen, "lo que será una prioridad para nosotros hasta que reparemos el daño que se ha hecho".

Jornadas en Nueva York sobre "La influencia de los españoles en EEUU"

NUEVA YORK.- Las fundaciones socialistas IDEAS y Ramón Rubial-Españoles en el Mundo celebran desde mañana en Nueva York unas jornadas con el título "La influencia de los españoles en EEUU", en las que espera contar con responsables políticos como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos --que las claususará--, pero también con periodistas y 'chefs' como Sergi Arola y Jaime Reixach.

Según el programa remitido por el PSOE, las jornadas se celebrarán mañana y el día 23 y constará de cuatro apartados: "Economía, sostenibilidad y desarrollo en la agenda global", "La influencia de los medios de comunicación españoles en EEUU", "Derechos Sociales en el Estado español" y "La cultura española en EEUU".

En el programa figuran como participantes la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez y el de Asuntos Exteriores, Angel Lossada; el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente; el director de TVE, Javier Pons; el cardiólogo Valentín Fuster, el escritor Antonio Muñoz Molina y el director del Instituto Cervantes en Nueva York, Eduardo Lago.

Las jornadas se celebrarán en el Instituto Cervantes y coincidirán con la semana ministerial de la 64ª Asamblea General de la ONU. La iniciativa se enmarca en el foro progresista de diálogo que la Fundación IDEAS mantiene con el Center for American Progress con el objetivo de intercambiar pensamientos entre España y EEUU.

Así, durante dos días se abordarán el modelo se sanidad público, el nuevo modelo energético, la modernización y bienestar, el modelo de economía sostenible y la reducción de las desigualdades a través del desarrollo y la cooperación.

Un millar de empresas tecnológicas crean el lobby catalán de las TIC

BARCELONA.- Un millar de empresas presentaron hoy en Barcelona un lobby para reclamar el impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ante las administraciones y los agentes sociales, a través de la Federación de Asociaciones Empresariales TIC de Catalunya (Faeticc).

Faeticc está formada por seis asociaciones catalanas --Aenteg, Aseitec, CatEi, CatPL, Gentic y TICOsona-- y tiene como misión defender y representar sus intereses, con el objetivo de aumentar la competitividad del sector e impulsar el incremento de la cifra de negocio de las empresas a través de la generación de mercado, la internacionalización, la realización de proyectos conjuntos y la generación de economías de escala y de servicios para las pymes TIC.

La nueva federación considera que las empresas TIC de Catalunya pueden y deben jugar un papel destacado en la recuperación de la actividad económica, por lo que es "clave" invertir en este sector para dinamizar el conjunto de la economía.

El presidente de la Faeticc los próximos dos años será Jordi Marín (presidente de CatEi) y dará paso a Jaume Planas (ASEITEC) los dos siguientes, hasta completar el mandato de cuatro años.

El lobby de software quiere influir más en la seguridad de EEUU

SAN FRANCISCO.- La industria de software estadounidense está presionando en un momento en el que funcionarios del gobierno están desarrollando una política para proteger la infraestructura de comunicaciones nacional de posibles ataques, según dijo un grupo de comercio.

La Alianza del Negocio de Software (BSA, por sus siglas en inglés) que representa a compañías como Microsoft y Dell, dijo esta semana a responsables de la Casa Blanca que el gobierno debería compartir con la industria más información sobre amenazas y ataques.

Enviaron esta semana una serie de recomendaciones a Melissa Hathaway, máxima responsable para el ciberespacio en la Casa Blanca, según explicó el grupo. Ella había pedido opiniones de la industria en un encuentro previo.

El sector privado posee cerca del 85 por ciento de la infraestructura crítica en Estados Unidos, según BSA.

El jueves, el senador John Rockefeller, miembro de la comisión de comercio del Senado, mantuvo un encuentro sobre vulnerabilidades relacionadas con la ciberseguridad, que describió como uno de los retos principales a los que se enfrenta la nación.

"Los ciberataques tienen el potencial de afectar a todo, cada parte de nuestra seguridad y nuestros enemigos lo saben -desde las redes de suministro eléctrico internacional hasta los negocios de Wall Street a un pequeño negocio online", dijo el senador en sus notas introductorias.