LUXEMBURGO.- El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este miércoles en contra de la Comisión Europea y anula la decisión del Ejecutivo comunitario de limitar el acceso a la información sobre las condiciones de los contratos de adquisición de vacunas con las grandes farmacéuticas.
El Tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que Bruselas no ha
dado acceso suficiente a los contratos de vacunas y considera que hay irregularidades en ciertos puntos en los que no se explica la falta de documentos, y acceso a los mismos, a los eurodiputados que los habían reclamado.
Bruselas argumentó que dotar de un amplio acceso a las cláusulas de los contratos hubiera perjudicado a los intereses comerciales de las empresas implicadas. Sin embargo, la justicia europea considera que la Comisión Europea no ha logrado demostrar tales perjuicios.
La sentencia, contra la que cabe recurso, llega en un momento clave
para determinar el futuro de la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen
El contencioso sobre la transparencia de la Comisión Europea pone en riesgo la reelección de la presidenta de la
Comisión en funciones, que se votará mañana, 18 de
julio, en el pleno de Estrasburgo.
La cuestión tiene que ver con
el acuerdo entre la Comisión y los fabricantes de vacunas covid-19 en
2021. El grupo de Los Verdes, uno de los que ha sufrido el cortejo de la
candidata alemana para su reelección estos días, llevó a los tribunales
la decisión de la alta instancia que dirige Von der Leyen de restringir
la información sobre estos contratos.
Algo que afecta al conocimiento
de, entre otros asuntos, el precio unitario de la vacuna, los anticipos,
la responsabilidad por los efectos secundarios y las indemnizaciones.
Una de las cuestiones básicas rechazadas por el Tribunal es que la
Comisión se negó a revelar los datos personales de los funcionarios que
negociaron la compra de las vacunas. Los Verdes han celebrado la
sentencia como una victoria contra “la influencia de los lobbies en la
política europea”.
Así se expresaba Tilly Metz, una de las eurodiputadas
(de Luxemburgo) que interpuso la demanda: “Esta sentencia es importante
ya que la Comisión Europea debería llevar a cabo más contratación
pública conjunta en áreas como la salud y la defensa. La nueva Comisión
Europea debe trabajar ahora para mejorar el acceso a los documentos de
interés público para cumplir con la sentencia de hoy”.
A pesar de que el fallo no le afecta directamente, Von der Leyen ha
sido señalada por la compra masiva de vacunas organizada en los tiempos
del coronavirus. En mayo, un mes antes de las elecciones europeas, la
Fiscalía de la UE anunció que la investigación por presuntas
irregularidades en la contratación con Pfizer —uno de los principales
suministradores— se suspendía hasta diciembre.
En este caso se
investigan las llamadas y mensajes intercambiados entre la presidenta de
la Comisión y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Von der
Leyen se ha negado a explicar sobre qué versaron las conversaciones y
mensajes con el ejecutivo farmacéutico.
La sentencia de hoy se ha
conocido a escasas 24 horas de que von der Leyen afronte por segunda vez
su elección como presidenta de la Comisión Europea. Se trata de una
votación secreta, de manera que no puede dar por hechos los apoyos en
bloque de S&D y de Renew, e incluso algunos electos del PPE ya han
anunciado que no le darán su apoyo.
Las buenas noticias para Von
der Leyen, no obstante, son que esa mayoría del extremo centro funcionó
ayer para reelegir a Roberta Metsola (Malta, PPE) como presidenta de la
cámara, con 562 votos a favor frente a los 61 que obtuvo Irene Montero
(The Left).
En esta ocasión no se aplicó el “cordón sanitario” sobre el
otro grupo al que ha querido seducir la actual presidenta.
Los Conservadores y Reformistas Europeos obtuvieron en las votaciones
del martes dos vicepresidencias parlamentarias, lo que indica que, al
menos con una parte del grupo, existe la sintonía suficiente como para
que la reelección de la actual presidenta no corra peligro.
Los
Verdes, que el martes votaron a favor del gran acuerdo continental, no
han hecho alusiones a la compra de vacunas en sus valoraciones sobre la
idoneidad de Von der Leyen para el cargo, pero el fallo de hoy puede
reforzar a quienes han señalado en el pasado que la ex ministra de
Defensa alemana ya debería haber asumido su responsabilidad política por
el caso Pfizer.
Requiere Von der Leyen para ello el respaldo de 361 de los 720 eurodiputados y la
sentencia podría descarriar su futuro en la política comunitaria.
Fue en 2021, pasada la peor parte del Covid, que varios eurodiputados
y particulares pidieron a la Comisión Europea información sobre los
contratos de vacunas firmados en las primeras etapas de la pandemia.
La
idea era entender las condiciones de los contratos de compra de más de 1.000 millones de dosis de vacunas por valor de 2.700 millones de euros. La que fue la primera compra conjunta a nivel comunitario benefició, principalmente, a la farmacéutica alemana Pfizer.
En este momento, la Comisión Europea solo dio acceso parcial a
ciertos contratos. El motivo que esgrimía tras este argumento era que
había sido redactado para proteger asuntos de confidencialidad.
Y fue
por ello que los eurodiputados elevaron el caso a la justicia europea,
que considera que el Ejecutivo comunitario no ha demostrado que "un mayor acceso a estas cláusulas fuera a perjudicar los intereses comerciales de estas empresas".
Bruselas no ha tardado en reaccionar a la sentencia del Tribunal
General de la UE. Asegura que estudiará la sentencia de este miércoles y
subraya que el dictamen reconoce el derecho de proteger los contratos en lo que se refiere a la ubicación de la producción, los derechos de propiedad intelectual, las disposiciones sobre anticipos o pagos y el acceso a los plazos de entrega.
"En esta fase, la Comisión se reserva sus opciones jurídicas", ha
indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. "En general, la
Comisión concede el mayor acceso posible del público a los documentos,
en consonancia con los principios de apertura y transparencia", apunta.
Sin embargo, "en estos casos, la Comisión tuvo que encontrar un
difícil equilibrio entre el derecho del público, incluidos los diputados
al Parlamento Europeo, a la información, y los requisitos legales
derivados de los propios contratos COVID-19, que podrían dar lugar a
reclamaciones por daños y perjuicios a costa del dinero de los
contribuyentes".
Indemnizaciones si las vacunas resultan defectuosas
El caso analizado se centra en los contratos de adquisición de
vacunas para los Estados miembros realizados por la Comisión Europea en
2020 y 2021 con varias farmacéuticas, que desbloquearon rápidamente unos
2.700 millones de euros para comprar más de mil millones de dosis de
profilácticos.
Varios eurodiputados ecologistas y particulares
solicitaron en 2021 acceder a esos contratos en virtud del Reglamento
sobre el acceso a documentos, para comprender sus términos y
condiciones, y para cerciorarse de que el interés público quedaba
protegido.
Pero la Comisión sólo concedió un acceso parcial a los
mismos con párrafos tachados, lo que llevó a los demandantes a llevar el
caso ante la justicia europea.
El Tribunal General les da parcialmente la razón y señala sobre las
clausulas por eventuales daños y perjuicios que “dichas empresas
deberían pagar si sus vacunas son defectuosas”.
“El productor es
responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, y
su responsabilidad no puede quedar limitada o excluida, en relación al
perjudicado, en virtud de cláusulas limitativas o exoneratorias de la
responsabilidad”, señala el TGUE.
Los jueces de Luxemburgo
agregan, no obstante, que ninguna disposición “prohíbe que un tercero
reembolse los daños y perjuicios que un productor haya pagado por ser
defectuoso su producto”.
La sentencia subraya también que esas
cláusulas de los contratos “habían sido respaldadas por los Estados
miembros y eran de dominio público”.
Pero añade que la Comisión no
demostró que haber dado un acceso más amplio a esas cláusulas hubiera
podido suponer “efectivamente un perjuicio para los intereses
comerciales de dichas empresas”.
Bruselas tampoco proporcionó
explicaciones suficientes para poder establecer de qué manera concreta
podría suponer un perjuicio para los intereses comerciales de las
farmacéuticas en lo relativo a posibles indemnizaciones aportar
“explicaciones suficientes” sobre las definiciones “conducta dolosa” y
“todos los esfuerzos razonables posibles” contenidas en algunos de los
contratos y en los términos de posibles donaciones y reventas.
El
TGUE también censura el comportamiento del Ejecutivo comunitario en lo
relativo a la protección de la intimidad de las personas argumentada por
la Comisión Europea para denegar parcialmente el acceso a las
declaraciones de inexistencia de conflicto de interés de los miembros
del equipo de negociación de los contratos.
“Únicamente
disponiendo de sus apellidos, nombres y su función profesional o
institucional habrían podido comprobar que los miembros en cuestión no
se encontraban en una situación de conflicto de intereses”, dice la Corte.
La sentencia añade que la Comisión Europea “no tuvo suficientemente
en cuenta todas las circunstancias pertinentes a fin de ponderar
correctamente los intereses concurrentes, relativos a la inexistencia de
conflicto de intereses y al riesgo de violación de la intimidad de los
interesados”.
Von der Leyen también fue criticada en la gestión de
la compra de vacunas por negociar personalmente algunos contratos con
el consejero delegado de Pfizer Albert Bourla a través de llamadas y de
SMS y borrar luego esos documentos, actitud que criticó el Defensor del
Pueblo Europeo y que llevó al diario The New York Times a presentar
también otra denuncia ante la Justicia europea.
