La decisión, adoptada por el tribunal de la localidad de Trapani, responde así a la petición formulada el pasado 28 de marzo por la Fiscalía local, que además solicitaba la devolución del navío, incautado por las autoridades en 2017.
Cabe recordar que la ONG Iuventa presentó el año pasado una denuncia penal ante la Fiscalía de Trapani por los delitos de abandono y destrucción de propiedad privada por el estado en el que se encuentra la embarcación después de su incautación.
"Termina un juicio que nunca debería haber comenzado", ha hecho saber este viernes Iuventa en su cuenta de la red social X. "Después de cinco años de investigación y dos años de juicio preliminar, tanto la Fiscalía como el juez han admitido que las acusaciones eran infundadas, en lo que se confirma como una persecución política de las autoridades italianas con el único objetivo de enfrentar a la sociedad contra los migrantes", han indicado.
Un total de 21 miembros de ONG y armadores de barcos humanitarios estaban acusados de mantener contactos con los traficantes en los rescates realizados en el Mediterráneo central entre 2016 y 2017 en un caso basado, según Médicos sin Fronteras, en "conjeturas, escuchas telefónicas, declaraciones falsas y una interpretación deliberadamente distorsionada de los mecanismos de rescate para presentarlos como actos delictivos".
MSF recuerda que "el mismo fiscal que abrió la investigación" ha reconocido que "las pruebas demostraban que las ONG estaban trabajando con la única intención de salvar vidas" mientras que el juez ha alegado "una falta de fundamento en las acusaciones y borrado cualquier sospecha de colaboración con los traficantes".
"Estas acusaciones infundadas han intentado empañar durante años la labor de los equipos humanitarios de búsqueda y salvamento. Pretendían alejar a los buques del mar y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas y dar testimonio. Ahora, estas acusaciones se han derrumbado", ha manifestado el presidente internacional de MSF, Christos Christou.
"Nuestros pensamientos están con nuestros colegas de MSF y de otras organizaciones que han trabajado bajo el peso de las acusaciones por hacer legítimamente su trabajo: salvar a personas en peligro en el mar, con total transparencia y cumpliendo las leyes", ha añadido Christou.
El jefe humanitario recuerda que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados de la UE han puesto en marcha al menos 63 causas judiciales o administrativas contra ONG de búsqueda y salvamento hasta junio del año pasado y que las autoridades italianas detuvieron a embarcaciones de rescate humanitario en 21 ocasiones, lo que supuso 460 días en los que se les impidió asistir a personas en peligro en el mar.
De hecho, el buque de búsqueda y rescate de MSF, 'Geo Barents', acaba de reanudar sus operaciones tras "veinte días de detención injusta bajo la falaz acusación de poner en peligro la vida de personas, después de que una patrullera libia interrumpiera violentamente una operación de rescate en curso".
"En estos años, las autoridades italianas han invertido enormes recursos en crear barreras a la acción humanitaria y en políticas de muerte, mientras no hacían nada para detener los naufragios y abrir rutas legales y seguras para las personas que huyen a través del Mediterráneo", afirma otro de los implicados en el caso, el que fuera coordinador general de MSF, Tommaso Fabbri.
"Salvar vidas no es un delito, es una obligación moral y legal, un acto fundamental de humanidad que simplemente hay que hacer. Basta de criminalizar la solidaridad. Todos los esfuerzos deben dirigirse a evitar muertes y sufrimientos inaceptables y a garantizar el derecho al rescate, devolviendo la humanidad y el derecho a la vida en el mar Mediterráneo", ha zanjado Fabbri.
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