BRUSELAS.- La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han criticado este miércoles el retraso del Gobierno español en algunas reformas, como la de las políticas activas de empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, así como en la ley
de liberalización de los servicios profesionales o la puesta en marcha
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En su primer informe de vigilancia tras el fin del rescate bancario el pasado mes de enero, Bruselas y el BCE elogian los progresos de España en la corrección de sus desequilibrios económicos, lo que ha permitido volver al crecimiento y a empezar a crear empleo. Pero avisan de que "los todavía elevados niveles de deuda pública y privada y de deuda externa continúan planteando riesgos para el crecimiento sostenido y la estabilidad financiera".
"España tendrá que continuar en la senda del ajuste
económico durante bastante tiempo para liberarse de las cargas de los
desequilibrios existentes y reducir el paro desde los actuales niveles
alarmantes", apuntan las dos instituciones de la UE. De hecho,
consideran que España cumplirá sin problemas este año el objetivo de
déficit del 5,8% -el Gobierno espera bajar incluso hasta el 5,5%-, pero
avisan de que "alcanzar los objetivos de déficit del 2015 (4,2%) y el
2016 (2,8%) todavía exigirá considerables esfuerzos adicionales
discrecionales".
El informe, de una treintena de páginas, ha sido elaborado por los
inspectores que visitaron Madrid entre el 24 y el 28 de marzo y el 3 de
abril. Su conclusión es que los riesgos de que España no devuelva el
rescate de 41.300 millones de euros para la banca son "muy bajos en
estos momentos".
"Reabsorber el elevado número de parados exige aplicar plenamente,
vigilar de cerca y, cuando sea necesario, reforzar la agenda de
reformas estructurales", subrayan los inspectores. Así, Bruselas y el
BCE lamentan que "la modernización de los servicios de empleo público
continúa retrasándose".
"Además, todavía hay margen para mejorar el
vínculo entre la educación y las políticas de mercado laboral", prosigue
el informe.
"Las reformas en marcha de las políticas activas de empleo
todavía deben completarse y dar frutos. El paro de larga duración y los
desajustes en las cualificaciones complican el reto de reducir el paro
de forma sustancial a medio plazo", indica.
En cuanto a la tarifa plana de 100 euros de cotización para los
nuevos contratos indefinidos, la Comisión y el BCE han cuestionado su
eficacia porque creen que su resultado será convertir contratos
temporales en fijos, "mientras que su potencial para estimular una
creación adicional de empleo es más incierto". Y avisan de que, en
contra de lo que sostiene el Gobierno, esta medida "podría no ser
totalmente neutra presupuestariamente".
"La adopción de la ley de servicios profesionales y asociaciones
continúa retrasándose y podría acabar siendo menos ambiciosa de lo
previsto inicialmente", denuncian además los inspectores. Y la puesta en
marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal "está
ocurriendo más tarde de lo planificado y demasiado tarde" para evaluar
el programa de estabilidad de España para 2014.
Por lo que se refiere a la reforma fiscal, Bruselas y el BCE
insisten en que "bajar las contribuciones sociales y compensar el
impacto en los ingresos con una subida de los impuestos indirectos y las
tasas medioambientales y sobre la propiedad tendría efectos positivos
sobre el crecimiento". El informe sugiere que las rebajas en las
contribuciones deberían concentrarse en los trabajadores menos
cualificados con salarios más bajos. El Gobierno ya ha rechazado esta
propuesta.
Los inspectores piden además al Gobierno que refuerce la
vigilancia para evitar nuevos retrasos en el pago a proveedores más allá
de los 30 días que prevé la legislación, que controle que las
comunidades autónomas apliquen la reforma de la administración pública y
la ley de unidad de mercado o que cree un observatorio independiente
para evaluar la necesidad y los costes de futuros grandes proyectos de
infraestructuras.
El informe elogia la reforma de la ley de morosidad por facilitar
la reestructuración de la deuda de las empresas, aunque sugiere más
cambios para flexibilizar los procedimientos de insolvencia, por
ejemplo, en el procedimiento para nombrar a los administradores.
Finalmente, Bruselas cree que el nuevo sistema de tarifas de la luz
"puede tener como resultado una mayor variación de los precios, pero
también puede sentar las bases para una mayor competencia entre los
suministradores".
En cuanto a la situación del sector financiero español, los
inspectores constatan que "la situación de liquidez y la estructura de
financiación de los bancos se ha reforzado todavía más". Todo ello "se
está traduciendo gradualmente en algunas mejoras en las condiciones y
volúmenes de crédito al sector privado".
"En particular, las grandes empresas están emitiendo más deuda, la
contracción del balance de crédito privado de los bancos se está
desacelerando y los flujos de crédito nuevo han alcanzado un punto de
inflexión, especialmente en los pequeños créditos a empresas y en los
créditos para consumidores", apunta el informe. No obstante, admite que
la reducción de los tipos de interés para las pymes está siendo "muy
gradual" y que "estos créditos siguen siendo relativamente onerosos".
El sector bancario español volvió a la rentabilidad en 2013,
también gracias a factores extraordinarios, pero esta rentabilidad
"sigue bajo presión".
"El entorno económico es todavía difícil, la
actividad crediticia sigue siendo limitada y la morosidad no se ha
estabilizado. Es más, la ralentización en los mercados emergentes, en
particular en algunos países de América Latina, podría debilitar la
rentabilidad de algunos bancos", avisan la Comisión y el BCE.
Las ratios de solvencia de la banca han mejorado en particular
gracias a la reforma de los activos fiscales diferidos. No obstante, los
inspectores piden al Banco de España que siga vigilando y obligando a
reforzar si es necesario el capital de los bancos para prepararlos para
los test de estrés que realizará en los próximos meses el BCE.
Finalmente, los inspectores piden acelerar los planes de
privatización de los bancos que han recibido ayudas públicas "con vistas
a optimizar los retornos para los contribuyentes". También avisan de
que el banco malo que reúne los activos inmobiliarios de estos bancos
(la Sareb) se enfrenta a "retos significativos" por la situación
económica, aunque "la caída de los precios de la vivienda parece
aproximarse a su punto de inflexión y hay señales tempranas de que el
mercado inmobiliario se está estabilizando lentamente".
Bruselas y el BCE concluyen su informe con un llamamiento al
Gobierno español para que aumente el personal de las autoridades de
regulación y supervisión financiera, en particular la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, la dirección general de Seguros y Pensiones en
el Ministerio de Economía y el Instituto de Contabilidad y Auditoría.
